Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Delfín Arias Vargas
El
28 de diciembre de 1977, cuatro mujeres mineras: Luzmila de Pimentel, Nelly de
Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores, esposas de dirigentes sindicales
mineros de entonces, y sus 14 hijos tomaron las oficinas del segundo piso del
Arzobispado de La Paz y se declararon en huelga de hambre.
Un
día después, los niños fueron rescatados y los sacerdotes católicos Luis
Espinal y Xavier Albó, el obispo metodista Pastor Montero y la dirigente del
Comité de Amas de Casa de Siglo XX, Domitila Chungara, tomaron su lugar, reseña
el periodista Jorge Jové.
La
huelga de hambre marcó el principio del fin de una de las más sangrientas y
oprobiosas dictaduras militares que asolaron Bolivia durante el siglo pasado,
la encabezada por Hugo Banzer (1971 y 1978).
El
dictador de marras y sus secuaces sembraron luto y dolor entre la familia
boliviana, apadrinaron la corrupción, violaron los derechos humanos,
encarcelaron, confinaron, exiliaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de
bolivianas y bolivianos bajo la genocida política de seguridad nacional y el
Plan Cóndor.
En
ese sentido, las cuatro mujeres mineras que iniciaron la huelga de hambre
exigían la amnistía general e irrestricta para decenas de presos políticos y la
convocatoria a elecciones generales, libres y democráticas.
En
pocos días, el ayuno se tornó masivo. Más de 1.500 personas se echaron cada día
a morir un poco en todo el país. Los huelguistas hicieron suya la demanda
minera de restituir la democracia que la dictadura mantenía secuestrada.
La
presión popular logró que el 17 de enero de 1978, Banzer acceda a las demandas
populares. Las cartas ya estaban echadas y la dictadura se desmoronaba.
Este
hito histórico permitió las primeras elecciones generales en 18 años desde el
golpe militar de René Barrientos del 4 de noviembre de 1964. La democracia
asomaba por la voluntad soberana del pueblo. No obstante, la dictadura se
resistía a morir y la democracia no terminaba por nacer.
Entre
el 17 de enero de 1978 y el 10 de octubre de 1982 (cuando se inició el actual
periodo democrático) la cruzada popular obtuvo tres victorias electorales: el 9
de julio de 1978, el 1 de julio de 1979 y el 29 de junio de 1980,
respectivamente.
Sin
embargo, esos triunfos electorales en las urnas fueron respondidos con los
golpes militares del 21 de julio de 1978, de Juan Pereda; del 1 de noviembre de
1979, de Alberto Natusch; y del 17 de julio de 1980,de Luis García Meza.
El
pueblo pagó por su libertad con la vida de cientos de sus hijos más humildes,
del campo y de las ciudades. Un precio muy alto permitió recuperar la
democracia.
Ahí
están las masacres de San Juan en Catavi y Siglo XX (24 de junio de 1967), en
Epizana y Tolata (29 de enero de 1974), de Todos Santos (1 de noviembre de
1979), en la COB (17 de julio de 1980) y en la calle Harrington (15 de enero de
1981).
La
historia del movimiento popular está llena de episodios de lucha heroica por la
vigencia de sus derechos y tuvo en la huelga de hambre un instrumento épico que
permitió hace más de 35 años arrancar a la dictadura la democracia.
Esa
oligarquía cómplice de la dictadura, hoy jura que defiende la democracia,
instala mediáticas huelgas de hambre, marchas y sabotajes, y acusa de
‘dictadura’ a un gobierno electo con 3.173.304 votos (61,36%).
El
pretexto es el nuevo Código del Sistema Penal elaborado en el marco de una
política legislativa orientada a dignificar la justicia para que los más
necesitados accedan a ella, no sean víctimas de chicanerías y de otras mañas
judiciales.
Es
la misma oligarquía que en democracia masacró mineros en Amayapampa y Capacirca
(19 de diciembre de 1996), campesinos en Porvenir-Pando (11 de septiembre de
2008), y hace casi 10 años selló su derrota política, militar y electoral. Es
la oligarquía que intentó dividir Bolivia.
Ahora
bien, más allá de su oportunismo político, los voceros oligárquicos y de la
derecha transnacional no tienen moral para dar lecciones de democracia a un
pueblo que arrancó a la dictadura la libertad que hoy les permite mentir sin
ruborizarse para atentar contra Bolivia.
Junto
a políticos oportunistas y pseudo dirigentes sindicales y campesinos que creen
que llegó el momento de ajustar cuentas con Evo, uno de los principales actores
de la conspiración en marcha es el expresidente Tuto Quiroga, representante de
la derecha transnacional, cavernaria y fascista.
Alumno
aventajado del fallecido dictador Hugo Banzer, de quien fue su vicepresidente y
tras su muerte presidente de Bolivia; es el heredero político del
totalitarismo, opuesto al liberalismo y a la democracia, y enemigo del
progresismo.
Otro
conspirador es el privatizador de empresas públicas a precio de gallina muerta,
Samuel Doria Medina, quien cree que sus millones —a buen recaudo fuera del
país— le dan derecho a ser presidente de Bolivia a cualquier costo.
El
multimillonario se inventó un corralito bancario (enero de 2011), acusó a Evo
del supuesto embarazo a la hija de una exministra (agosto 2012), embaucó al
pueblo con la presunta caída del satélite Túpac Katari (octubre 2015) e hizo
morir a Filemón Escobar —opositor a Evo— mucho antes de que falleciera
(septiembre 2016), entre otras mitomanías.
Un
tercer político desestabilizador es el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas,
quien en 2008 fue acusado de ser parte del frustrado golpe de Estado contra el
gobierno de Evo y de la conjura antinacional que intentó dividir Bolivia.
La
otra cara visible es Carlos Mesa, vicepresidente del genocida Gonzalo Sánchez
de Lozada. Su gobierno se alineó con las transnacionales y él prefirió
renunciar a la Presidencia antes que cumplir la Agenda de Octubre y
nacionalizar los hidrocarburos.
Tras
su dimisión Mesa cayó en un ostracismo político del que lo rescató Evo al
designarlo portavoz de la demanda marítima ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, cargo que hoy instrumentaliza para apuntalar su
candidatura a la Presidencia.
Entonces,
el discurso opositor y la mediática huelga de hambre a favor de la democracia y
en contra del ‘dictador Morales’, es una falacia impostada que cae en el pozo
de la ignominia, de la felonía y de la diatriba, de la manipulación y de la
mentira.
Afirmar
que la derecha pro imperialista defiende la democracia es un insulto a la
inteligencia del pueblo, porque quienes hoy se presentan como abanderados nunca
lucharon por la libertad contra la dictadura, ya que muchos formaron parte de
ella.
En
ese contexto, que el pueblo no caiga en los cantos de sirena de lobos con piel
de oveja, quienes a casi 15 años de la caída de Sánchez de Lozada, Sánchez
Berzaín y otros genocidas, pretenden levantar cabeza, destruir la revolución
democrática y cultural, y volver a someter a Bolivia a los designios del
imperialismo.
Comunicador social y
periodista. Fue profesor universitario.
y Twitter: @escuelanfp
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