Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Delfín Arias Vargas
Por
quinto año (2009) en total y cuarto año de manera consecutiva (2014, 2015, 2016
y 2017) la economía boliviana registraba a septiembre de 2017 una tasa de
crecimiento del 3,82%, mientras el FMI proyectó un cierre de gestión con una
tasa del 4,2%, la más alta de Sudamérica, en el marco de un proceso político de
profundización de la democracia con diferentes actos electorales y la creación
de espacios de participación popular.
Este
logro económico no fue un milagro o producto de la casualidad, sino la
consecuencia directa del manejo responsable de las arcas del Estado, aunque
este éxito económico se constituye en una mala noticia para los defensores del
viejo Estado republicano.
Que
la economía boliviana experimentara en 2017 un crecimiento sustentable fruto de
la creciente inversión pública y privada, lo que dinamizó la productividad,
protegió el empleo y abrió el camino de la industrialización de los recursos
naturales, sacó roncha entre los detractores del modelo económico
sociocomunitario productivo.
Bolivia
asumió que para que el desarrollo se convierta en un proceso sustentable y
sostenido en el tiempo es necesario que dicha expansión se produzca en un
contexto de equidad social, la redistribución del excedente económico entre los
segmentos poblacionales más vulnerables.
Es
por ello que los detractores del proceso de cambio no hallaron otra opción que
politizar las protestas sociales, escandalizar y amplificar hasta el límite los
casos de corrupción que, como nunca ocurrió durante el neoliberalismo, fueron
denunciados desde el propio gobierno, al que sin el menor empacho los
opositores tildan de ‘corrupto’.
Esa
oposición entrampada en sus contradicciones y limitaciones, fruto de la crónica
ambición personal de sus portavoces: todos presidenciables y por lo mismo
fervientes militantes de la ‘alternancia’ en el ejercicio del poder que desde
hace 12 años les niega el voto soberano del pueblo, terminó el 2017 sumida en una
profunda crisis de liderazgo político.
Por
la precariedad política de su discurso y sin un programa de gobierno que dé
certidumbre al pueblo, esa oposición no encuentra otra opción que fortalecer en
2018 el plan desestabilizador delineado por fundaciones y organizaciones no
gubernamentales vinculadas al imperialismo y que sistemáticamente ejecuta desde
hace casi 12 años.
Ese
plan se nutre de campañas de desprestigio contra el gobierno, ministros y
dirigentes sociales; alienta la violencia, politiza y financia la protesta
social, difunde medias verdades y mentiras completas y, a través de los medios
de desinformación, socializa la falacia impostada.
El
objetivo es impedir que en 2019 Evo repita en las urnas sus contundentes
triunfos electorales del 18 de diciembre de 2005 con el 53,7% de los votos; del
6 de diciembre de 2009 con el 64,2% de los sufragios, y del 12 de octubre de
2014 con el 61,3% de apoyo popular.
Ahora
bien, es un secreto a voces que las corrientes opositoras a los gobiernos
progresistas de América Latina cuentan con el generoso respaldo y
financiamiento de fundaciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas al
imperialismo.
Según
Silvina María Romero, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (Celag) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Venezuela, oenegés como Usaid, NED, NDI e IRI, entre otras, cumplen
la labor casi mesiánica de expandir su ‘democracia’ por el resto del mundo. En
América Latina supone el financiamiento para desestabilizar a gobiernos
progresistas.
Detrás
del plan de desestabilización también operan el secretario general de la OEA,
Luis Almagro, la Fundación Internacionalismo Democrático del expresidente
colombiano Álvaro Uribe, y la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales (FAES) del expresidente español José María Aznar.
En
abril de 2017, el presidente Evo Morales advirtió que Estados Unidos ataca a
Venezuela para desequilibrar la región. El jefe del Comando Sur, almirante Kurt
Tidd, desveló entonces que “la creciente crisis humanitaria en Venezuela —fruto
de las guerra económica contra el gobierno venezolano— podría acabar exigiendo
una respuesta a nivel regional”. En palabras sin eufemismos: anticipó una
intervención armada.
En
el caso boliviano, larga es la historia de la injerencia de Estados Unidos:
desde su apoyo a golpes militares en el siglo pasado y a gobiernos títeres
desde la recuperación de la democracia en 1982; hasta acciones ilegales de
respaldo a los enemigos del proceso de cambio.
El
ejemplo más reciente de esa injerencia es la del exencargado de Negocios de la
Embajada de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan, articulador de la
conspiración oligárquica en contra de una nueva postulación de Evo a la
Presidencia en las elecciones generales de 2019.
Antes
de terminar su misión en La Paz, Brennan mantuvo reuniones reservadas con
políticos opositores como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y
Rubén Costas, entre otros; y con periodistas y políticos opositores que fungen
como analistas y mantienen estrechos vínculos con la Embajada estadounidense.
No
obstante que los involucrados se apresuraron en decir que fueron reuniones
protocolares ‘de despedida’, el tema que dominó en ellas fue la candidatura
presidencial de Evo y la estrategia para impedir una nueva victoria electoral
del líder indígena en los comicios de 2019.
En
esas reuniones quedó en claro que para Estados Unidos el candidato ideal para
unificar a la oposición neoliberal y “derrotar en las urnas a Evo Morales” es
Carlos Mesa, cuyo paso por la presidencia de Bolivia fue un rotundo fracaso por
su traición a la Agenda de Octubre y su defensa de los intereses
transnacionales.
Fue
Evo quien rescató a Mesa del ostracismo político en el que había caído luego de
su renuncia a la Presidencia en 2005, tras designarlo vocero de la demanda
marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cargo que el ex
vicepresidente de Sánchez de Lozada instrumentaliza para su resurrección
política.
En
ese contexto, este 2018 será el escenario de la disputa política entre dos
proyectos de país con miras a las elecciones de 2019: entre una Bolivia digna y
soberana, versus una Bolivia sometida al imperio; una Bolivia que redistribuye
la riqueza, versus una Bolivia racista y excluyente que sobrevive con la
limosna internacional.
La
lucha política enfrentará a una Bolivia que industrializa sus recursos
naturales, construye caminos, escuelas y hospitales; versus una Bolivia que
privatiza la riqueza y socializa la pobreza; una Bolivia que lucha por la
autodeterminación de los pueblos, versus una Bolivia colonizada; entre una
Bolivia que construye su soberanía económica y política, versus una Bolivia
obediente de los designios del imperio. Una lucha entre la dignidad y la
sumisión.
Comunicador
social y periodista. Fue docente universitario.
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