Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Días
atrás, el Consejo de la Magistratura publicó escalofriantes estadísticas de la
labor de las y los administradores de justicia en el país: en el quinquenio
2012–2016, prácticamente una de cada dos audiencias programadas fue suspendida
por ausencia de una de las partes u otro motivo administrativo. He ahí la
primera causa de la retardación de justicia en el país.
Los
datos a los que accedió este diario muestran que entre 2012 y 2016 en todos los
juzgados del país se convocó 309.300 audiencias, de las cuales 151.800 (49%)
fueron suspendidas. En el 44% de los casos la cancelación se debió a la
ausencia de alguna de las partes en conflicto; en el 16%, por la inasistencia
del representante de la Fiscalía; en el 14% fueron los jueces quienes no se
presentaron; en el 11% se debió a alguna falla del notificador; y en el
restante 15%, por alguna otra causa no detallada.
Es
bien sabido que uno de los males de la justicia boliviana es la retardación
causada por las chicanas de los abogados que representan a las partes en
cualquier litigio. El principal efecto de estas prácticas es impedir el avance
del proceso, a menudo con la intención de provocar que la otra parte,
frustrada, abandone la causa.
Una
de las integrantes del Consejo de la Magistratura explica que, a su entender,
existen dos actores principales detrás de este problema: por una parte, los
litigantes y sus abogados, quienes buscan retardar el proceso ora por
ignorancia, ora por sobrepasar los plazos procesales hasta extinguir la causa.
Por otra parte están los administradores de justicia, cuyas ausencias se
explican por la alta carga laboral y la falta de preparación de los
trabajadores de los juzgados para agilizar los procesos.
Es
precisamente por este tipo de indicadores que, según se supo días atrás, la
organización internacional World Justice Project (WJP) ubicó a Bolivia entre
los 10 países con peor justicia en el mundo. Tal vez sea posible discutir los
métodos e indicadores del WJP, pero no cabe duda de que la justicia boliviana
inspira todo menos satisfacción.
Datos
como los que aquí se comentan adquieren particular relevancia en tiempos como
los que corren, a pocos días de la segunda elección judicial, cuando la
población deberá elegir a las máximas autoridades de las cuatro instituciones
del Órgano Judicial, quienes a su vez deberán hacerse cargo de la
desprestigiada justicia boliviana.
Aunque,
desafortunadamente, la exposición de datos sobre la formación profesional, antecedentes
laborales o la experiencia docente de las y los candidatos no sirve para
conocer sus actitudes, sí es posible hacer votos por que cada uno de ellos
tenga presente que la sociedad tiene claras las causas de la situación actual
de la Justicia, lo que les obliga a comprometerse para resolverlas tan pronto
como sea posible. No hacerlo significará que en cuatro años estarán terminando
su mandato tan desprestigiados como quienes fueron electos en 2011.
Publicado en la
Editorial de La Razón (21 de noviembre de 2017)
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