Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Juan Luis Hernández
El
golpe derrocó al gobierno del General Juan José Torres, un militar de tendencia
nacionalista que intentó un difícil equilibrio entre las aspiraciones de la
clase obrera y los sectores populares por un lado y las presiones de la
burguesía y el imperialismo por el otro. El movimiento obrero, organizado en la
entonces poderosa Central Obrera Boliviana (COB), y los partidos de izquierda,
habían impulsado la construcción de la Asamblea Popular, un organismo que se
definía así mismo como un Frente Antiimperialista dirigido por el movimiento
obrero. La Asamblea comenzó a funcionar el 22 de junio, reconociendo como
plataforma programática -junto con las Bases Constitutivas y el Reglamento de
Debates- la Tesis Política de la COB de mayo de 1970. La Tesis se pronunciaba
por la independencia política de la clase obrera y el socialismo, incluyendo
una amplia Plataforma de Lucha que abarcaba las principales reivindicaciones
sociales, democráticas y antiimperialistas.
Durante
el gobierno de Banzer se produjeron cambios cualitativos en la economía y la
sociedad boliviana. Inició su gobierno bajo la consigna “orden, paz y trabajo”,
y conformó su gabinete a partir de una alianza con dos partidos políticos
tradicionales: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange
Socialista Boliviana (FSB). Con ellos los militares firmaron un pacto llamado
Frente Popular Nacionalista, para formalizar el acuerdo. El MNR era el antiguo
movimiento nacionalista que había estado al frente del gobierno surgido de la
insurrección triunfante del 11 de abril de 1952, mientras la Falange era un
partido fundado en la posguerra del Chaco, originado en un grupo fascista, tradicionalista
y ultramontano inspirado en la falange española, tenaz opositor del MNR cuando
éste estaba en el gobierno. De esta manera, guiado por su líder histórico,
Víctor Paz Estenssoro, el MNR iniciaba el tramo descendente de la parábola que,
partiendo del nacionalismo de los ’50, el desarrollismo de los ’60, el apoyo a
la derecha proimperialista en los ’70, desembocaría finalmente en el
neoliberalismo pos 1985.
En
octubre de 1972 se dispuso una devaluación del 67 %, concediéndose
bajísimos aumentos salariales del 10 o del 20 %. A fines de 1973 se
suprimieron los subsidios a productos de consumo popular, produciéndose
incrementos sustanciales en los precios de los alimentos. Los campesinos,
principales afectados por las medidas gubernamentales, comenzaron a movilizarse
en el valle alto de Cochabamba, bloqueando la ruta a Sucre. Tras infructuosas
negociaciones con el ministro de Asuntos Campesinos, el 19 de enero comenzó la
llamada “masacre del valle”. En el pueblo de Tocata y en la localidad de
Epizana, aviones de caza, tanques y carros blindados dispararon contra una
concentración de 20.000 campesinos dejando montones de cadáveres. Esta acción
brutal fue el comienzo del fin del Pacto Militar Campesino, laboriosamente
labrado años antes por el dictador Barrientos con las dirigencias campesinas
allegadas, y que había sido renovado por esos mismos dirigentes al asumir
Banzer.
La
estrategia económica del gobierno estaba centrada en dos objetivos: atraer la
inversión externa, eliminando todas las restricciones legales a la misma, y
concentrar todos los esfuerzos económicos en Santa Cruz. Con respecto a lo
primero, el gobierno de Banzer dictó la ley de inversiones extranjeras en
setiembre de 1971, que liberó el movimiento de utilidades y eliminó todo tipo
de aranceles a la introducción de capitales. En relación a lo segundo, puede
afirmarse que es bajo la dictadura de Banzer que Santa Cruz comienza a
convertirse en el motor del capitalismo en Bolivia. Incidió decisivamente a
ello la cuantificación definitiva de las reservas de gas existentes en el
subsuelo de Tarija, confirmándose la existencia del segundo reservorio de gas
de Sudamérica. Esto, sumado a la creciente explotación petrolera, abierta
nuevamente a la inversión extranjera, terminó por inclinar la balanza hacia el
Oriente boliviano, especialmente a partir de la crisis mundial de 1973-74, que
elevó sustancialmente los precios del petróleo. Además, el gobierno canalizó
préstamos y subsidios hacia Santa Cruz, destinados a estimular cultivos de
exportación, como algodón, café, azúcar y a la madera, rubros que crecieron en
las exportaciones del país, a lo cual debe agregarse también el arroz y la
explotación ganadera, ofreciendo de esta manera un sostén económico a la
oligarquía cruceña.
En la segunda mitad de 1977 comenzaron a
sentirse las presiones provocadas por los cambios en la política de Estados
Unidos bajo la administración del presidente James Carter. El gobierno cree
oportuno intentar una salida institucional, para lo cual prepara un candidato
oficial, el General Juan Pereda Asbún, detrás de cuya candidatura se formó la
Unión Nacionalista del Pueblo (UNP). Se dictó una amnistía muy limitada, que no
incluía a muchísimos dirigentes políticos y sindicales, como Juan Lechín, Marcelo
Quiroga Santa Cruz, Hernán Siles Suazo y centenares de dirigentes y militantes
de base.
En
respuesta a esto, el 28 de diciembre de 1977 las esposas de cuatro mineros
exiliados iniciaron una huelga de hambre en las oficinas del Arzobispado
reclamando: amnistía general e irrestricta, trabajo para todos los despedidos y
el retiro de las tropas de las minas. El 31 de diciembre un segundo grupo de
huelguistas se constituyó en la sede del diario católico Presencia. Cuando el movimiento
terminó, el 18 de enero, había más de 1000 huelguistas y muchos más en reserva
para suplantarlos cuando llegasen al límite de las fuerzas físicas. El gobierno
debió acceder a todas las demandas, menos el retiro de las tropas de las minas,
decretándose la amnistía total el 20 de enero de 1978.Síguenos en Facebook: Escuela Nacional de Formacion Politica
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