Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
En los
últimos días, han sido constantes las noticias de nuevos feminicidios, que dan
la impresión de un incremento en la frecuencia con que las mujeres son
asesinadas en el país por cuestiones de género. Es difícil saber si es una
tendencia o no, pero sí es posible afirmar que algo está fallando en la
aplicación de la Ley 348, que en muchos aspectos no se cumple a cabalidad.
Tiempo
atrás se escuchó decir, desde un ala del feminismo opositora al actual
Gobierno, que la mencionada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia, lejos de cumplir su cometido, ha incrementado el número de
agresiones (si no de asesinatos) de mujeres. Es posible discutir esta aparente
correlación si se considera que lo que en realidad ha ocurrido es un incremento
en el número de denuncias que se presentan, no solo porque ahora el asesinato
de mujeres tiene su propio tipo en el Código Penal, sino también porque existe
una instancia especializada para atender los casos denunciados: la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).
Sin
embargo, es de sobra sabido que la amenaza punitiva, incluso si la pena es tan
drástica como la que se aplica a quienes cometen feminicidio (30 años de
prisión sin derecho a indulto), nunca ha servido realmente para disuadir a
quienes tienen la actitud o la tendencia criminal, por lo que combatir todas
las formas de violencia contra las mujeres pasa, en primer lugar, por evitarlas
y no solo por castigarlas.
Al
respecto, días atrás, la Coordinadora de la Mujer recomendó trabajar el tema
desde el ámbito de la educación y los medios de comunicación. “El principal
obstáculo para avanzar tiene que ver con estos niveles simbólicos”, señaló la
directora de esa organización, agregando que la reflexión y la práctica deben
ser parte del trabajo cotidiano de las y los maestros. Desde el ámbito
mediático, recordó que no basta con hacer cobertura noticiosa de la temática, y
mucho menos cuando en otras secciones se muestra imágenes estereotipadas de las
mujeres.
No es
casual que todo el Título segundo de la Ley 348 esté dedicado a las políticas
públicas de prevención de las violencias contra las mujeres. Sin embargo, es
donde menos avances ha tenido la implementación de la norma; en parte porque
para efectos políticos las tareas de largo plazo parecen poco rentables; y en
parte porque muchos de los agentes involucrados en la tarea, públicos y
privados, carecen de verdadero interés y compromiso.
Hay,
pues, mucho trabajo por hacer para verdaderamente garantizar a las mujeres una
vida libre de violencia. Mientras las soluciones sigan siendo punitivas (es
decir, violentas) y no educativas, es difícil que la estructura patriarcal,
verdadero origen de los males que aquí se lamentan, se vea sacudida e
interpelada. Sin formación en valores como la igualdad, viejas y nuevas generaciones
seguirán creyendo que la violencia es natural e inevitable.
Publicado
en la Editorial del periódico La Razón
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