Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Bárbara
Ester
El
debate en torno a la reelección presidencial en América Latina ha cobrado
fuerza en los últimos años. Desde distintos ámbitos académicos se han explorado
alternativas argumentativas en torno a este debate álgido en los sistemas
políticos latinoamericanos. Para el politólogo argentino, Mario Serrafero [1],
la relación lineal entre gestión autoritaria/autoritarismo y la continuidad del
presidente a través de la reelección inmediata, no es directa sino que depende
de diversos factores tales como el contexto democrático, la forma institucional
en la cual encaja y el estilo de liderazgo del gobernante.
La
continuidad o no de un presidente ha adoptado distintas variantes
constitucionales a lo largo del tiempo, pudiendo distinguirse cinco
modalidades, expuestas en la siguiente tabla:
Distintos
argumentos se han esgrimido en favor y en contra de las diversas variantes:
Prohibición
absoluta
La
prohibición absoluta tiene como objetivo evitar la personalización del régimen
político, que podría devenir en abuso de poder. Los motivos para fundamentar
dicha elección serían la limitación del poder presidencial para favorecer la
alternancia de los liderazgos. Países de la región que adhieren a este sistema
son: México, Colombia, Paraguay, Honduras y Guatemala. En este sentido, la
prohibición absoluta no garantiza una mayor calidad de democracia, ni una mayor
democratización de la sociedad. La rotación de personas en el Ejecutivo no
supone una mayor diversidad en cuanto a la participación ni una mayor
pluralidad de ideas en el gobierno, que son la base sustancial del debate sobre
la democracia.
Reelección
no inmediata
Se
trata de un híbrido en tanto que admite la reelección pero no de forma
inmediata, es decir, la persona puede volver a ser presidente una vez
transcurrido un mandato intermedio. Tal sistema tendría la ventaja de permitir
el retorno a la Presidencia de aquél que ha demostrado una exitosa gestión,
pero al mismo tiempo evitaría algunos de los problemas relacionados con la
reelección, tales como la ventaja de quien se desempeña en funciones o el abuso
de poder. Este argumento parte de la suposición de que el abuso de poder lo
hacen personas individuales y no estructuras (partidos, grupos de presión
política, corporaciones, etc.) representadas en diferentes instancias de los
poderes públicos y con gran capacidad de definición o de imposición de agenda
política. Son los casos de: Costa Rica, Chile, Perú, El Salvador, Panamá y
Uruguay.
Reelección
inmediata
Esta
opción supone una serie de ventajas para quien se encuentra en funciones, como
el mayor reconocimiento o visibilidad pública de quien ejerce la Presidencia,
el acceso a los recursos y las fuentes de financiamiento provenientes del
gobierno y, en ocasiones, la manipulación de las variables económicas con miras
a obtener el favor del electorado. También se señala la permanente presencia en
los medios de comunicación, sin embargo, hay casos en los cuales esta
exposición no es tan significativa e incluso opositores cuentan con un mayor
despliegue mediático en su favor, ya que en el continente la mayor parte de la
concentración mediática es privada y no pública, por lo cual la presencia en
ciertos multimedios tiene más que ver con la afinidad ideológica que con el
cargo institucional. Este último ítem está íntimamente relacionado con las
ventajas que puede suponer mantener relaciones públicas desde la Presidencia
con los sectores públicos y privados –tanto del país como del extranjero–. En
este sentido opera tanto para mandatarios en el poder como para opositores, ya
que a menudo la injerencia extranjera se vuelve decisiva para la
gobernabilidad. Bajo este sistema se rigen: Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil
y República Dominicana.
Reelección
sin límites
La
reelección indefinida suele ser un tema que despierta controversias, pues para
muchos genera una situación estructural a favor del presidente que pondría en
riesgo el espíritu de alternancia en el Poder Ejecutivo, característica formal
de una democracia.
Paradójicamente,
uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, Alexander
Hamilton, fue un tenaz defensor de la reelección, básicamente porque permitía a
la ciudadanía extender el mandato presidencial cuando se aprobara su gestión y
así seguir aprovechando los méritos y virtudes del mandatario. Según su argumentación,
la prohibición conllevaría una serie de desventajas, ya que no habría un
sistema de premio y castigo, es decir un incentivo a una óptima gestión.
Además, indicaba que excluir del juego político a liderazgos notables podría
poner en riesgo la preservación del propio sistema. Por último, Hamilton
sostuvo que la alternancia obligatoria puede acarrear el peligro de una
inestabilidad en el rumbo político del país, ya que de forma recurrente se
observa como los mandatarios cambian las políticas y decisiones implementadas
por sus predecesores.
En
el ámbito académico encontramos pocos defensores de la reelección indefinida.
Se trata de un debate tabú y por ello largamente postergado. Una de las voces
en favor de la misma es la de Ernesto Laclau, quien considera que
frecuentemente la derecha latinoamericana utiliza discursos antipersonalistas y
antipopulistas como forma de deslegitimar a los gobiernos progresistas,
vinculándolos a una presunta tendencia autoritaria. De esta manera desvían la
atención asociando al populismo los males que en verdad corresponden al
neoliberalismo. En nuestro continente los regímenes autoritarios, es decir la
oleada de dictaduras, constituyeron la condición necesaria para aplicar planes
económicos neoliberales. En la misma línea argumentativa sostiene que todo
régimen político democrático oscila entre el institucionalismo puro -que sería
la parlamentarización del poder- y el populismo puro -que sería la
concentración del poder en manos de un líder-. Sin embargo, la parlamentarización
no es en sí mismo un equivalente de mayor pluralidad, dado que un poder
parlamentario puede basarse en formas clientelísticas de la elección de
diputados o senadores. Una mayor parlamentarización del poder no es sinónimo de
mayor calidad democrática, en muchos casos puede significar lo opuesto: el
ahogo de las demandas democráticas a través de capas intermedias que, de manera
corporativa, administran las instituciones[2].
UN
ANÁLISIS DE LA DEMOCRACIA HEGEMÓNICA
I
– La democracia representativa
La
democracia es un término polisémico que, retomado de la antigüedad, ha variado
hasta convertirse en sinónimo de un sistema de gobierno que puede ser definido
como el conjunto de formas y mecanismos tendientes a promover la representación
popular mediante el sufragio libre, igual y universal. La democracia
representativa, tal como es sostenida por el liberalismo, lejos de impulsar la
participación popular en la sociedad política y en la sociedad civil, tiende a
reducirla al mero acto electoral.
Este
hecho, lejos de constituir una mala implementación o un efecto colateral, se
cristaliza como el único resultado posible en sociedades capitalistas donde a
la igualdad formal (jurídica-política) se contrapone una desigualdad sustancial
(económico-social). Esta contradicción intrínseca es un impedimento para lograr
una ciudadanía plena y una soberanía popular efectiva[3]. Para zanjar dicha
incompatibilidad han sido invertidos los medios y los fines, acentuando la
arista formal o metodológica por sobre la piedra angular del concepto: la
soberanía popular.
El
paradigma de la democracia representativa tiene otra característica
fundamental: la representación debe ser mediada por un sistema de partidos
políticos, no existiendo limitaciones para la perpetuación del ejercicio del
gobierno por parte de un mismo partido pero sí en el caso de un individuo en
representación de ese partido.
II
–La rotación de cargos
El
Ejecutivo es el único de los tres poderes que ve restringida su continuidad.
Los límites temporales a los funcionarios no aplican ni a legisladores ni a
jueces –éstos últimos incluso se reservan la exclusividad de contar con cargos
vitalicios sin participar de comicios, mientras que los legisladores pueden ser
reelegidos indefinidamente-. Es decir que dentro del sistema presidencialista
las restricciones sólo operan para quienes encabezan el Ejecutivo, mientras que
el resto de los cargos pueden enquistarse como una élite estatal. La ciudadanía
que vota a los mismos legisladores una y otra vez -permitiendo que estos permanezcan
durante décadas en el poder- sin cuestionarse esta lógica continuista, muestra
reparos a la hora de transpolar la misma lógica al Ejecutivo.
III
–Institucionalismo, un recurso ideológico
En
lo referente al contrapeso y límites de poderes, el reciente fenómeno de la
judicialización de la política en América Latina da cuenta de cómo el
presidencialismo no es monolítico. Muy por el contrario, los casos de Brasil y
Argentina dan cuenta de cómo el Poder Judicial puede ser instrumento de
tácticas de guerra tales como el lawfare[4]. Por su parte, el caso de Perú
evidencia una “parlamentarización” de la política de hecho y sin mediar
reformas, donde el rol del Legislativo –en especial del bloque fujimorista de
Fuerza Popular– es más preponderante y puede hacer uso y abuso de ese poder
para desgastar al Ejecutivo. Sin embargo, el carácter democrático de dichos
procesos no es puesto en tela de juicio. Esta suerte de “ideología
parlamentarista” ha sido decisiva a la hora de atacar a gobiernos progresistas
bajo un aura institucional y democrática.
IV
–Derecho a la información vs. monopolios comunicacionales privados
Los
multimedios privados aglutinan el dominio mayoritario de la comunicación, en
una porción mucho más significativa que la acaparada por la comunicación
estatal. El Grupo Clarín, O Globo, Grupo Prisa, Newscorp y Caracol son claros
ejemplos de cómo el sector privado logra instalar, apoyar o debilitar a líderes
políticos frente a Estados impávidos – los cuales llevan las de perder ante
esta nueva fábrica de ideologías y consensos que manipulan la opinión pública.
¿No estaremos sobrevalorando el rol de la comunicación institucional e
infravalorando el alcance y la influencia de los multimedios privados?
Consideraciones
finales
En
pocas palabras, los argumentos a favor o en contra no se desprenden de datos
empíricos ni de un análisis minucioso de la historia latinoamericana. En la
actualidad, los argumentos contra la re-elección indefinida han sido instalados
para truncar proyectos políticos alternativos al poder hegemónico como en los
casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El
argumento nodal a favor de la re-elección es que constituye el principal
mecanismo del que dispone el electorado para premiar o castigar la gestión de
los políticos y, como forma efectiva, de manifestar la voluntad popular. La
actualidad latinoamericana refleja la fragilidad de la continuidad de proyectos
políticos progresistas sin este recurso mediante el artilugio de la
manipulación mediática y/o vía los otros dos poderes (Legislativo y Judicial)
para quedarse en el poder.
Los peligros en los que se incurre son:
I
El arribo de un sucesor transfuguista que traicione las expectativas del
electorado que lo designó como su representante.
II
Un sucesor menos carismático, que no cuente con una red de apoyos y adhesiones
o, simplemente, con menor fortaleza que el liderazgo inicial, como en Brasil o
Venezuela.
III
Un potencial sucesor con menor apoyo popular que, al no conseguir ganar las
elecciones, trunque la continuidad del proyecto político, tal y como ocurrió en
el caso argentino.
Para
finalizar, es relevante considerar que el carácter más o menos democrático de
un Estado no se encuentra definido únicamente por las características que adquiera
la sucesión presidencial. Las reglas democráticas deberían ser transversales a
los tres poderes y basadas en el análisis del sistema institucional, la cultura
política y tradición institucional, el sistema político, el sistema de partidos
y la competencia electoral, entre otros. El debate continúa abierto.
[1]
Serrafero, Mario, 2011, “Reelección presidencial indefinida en América Latina”,
Revista de Instituciones, Ideas y Mercados Nº 54, Mayo 2011 pp. 225-259
http://www.eseade.edu.ar/files/riim/RIIM_54/54_11_serrafero.pdf
[2]
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-145804-2010-05-17.html
[3]
Pereyra, Mario, 2012, “Sobre la democracia”,
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
[4]http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-americ...
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