Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Fernando
del Carpio Z.
La
enajenación de empresas públicas pudo darse porque durante 20 años (1985-2005)
y siete gobiernos se estableció una estructura de poder vinculada a intereses
políticos, empresariales y familiares.
En
todo ese período se superaron las barreras partidarias y políticas.
“Había nexos no sólo personales y
corporativos, sino ideológicos, el siguiente gobierno continuaba haciendo lo
que hacía el anterior”, afirmó el diputado Javier Zavaleta (MAS-IPSP),
presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y
Capitalización 1985-2005.
Esta
instancia del Legislativo está a punto de concluir con la investigación que se
efectuó durante más de tres años.
El
informe consta de 11 capítulos, la semana que inicia se ingresará a las
conclusiones y luego de su aprobación se remitirá a la Asamblea Legislativa
Plurinacional para su consideración.
Tres
redes
En
las dos décadas se enajenaron 157 empresas públicas, de las que cinco
consideradas estratégicas fueron capitalizadas: Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel),
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles
(ENFE) y LAB (Lloyd Aéreo Boliviano).
De
las 78 privatizadas, dos eran estratégicas: la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol) y Vinto. En tanto que 74 fueron cerradas.
Para
cumplir esa tarea se estructuraron tres redes, una liderada por el expresidente
Gonzalo Sánchez de Lozada, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR) y accionista de la Compañía Minera del Sur (Comsur); otra por Samuel
Doria Medina, quien fue ministro de Planeamiento y Coordinación, del Movimiento
de la Izquierda Revolucionaria (MIR), accionista de la Sociedad Boliviana de
Cemento (Soboce), y la tercera por Raúl Garáfulic Gutiérrez, de Acción
Democrática Nacionalista (ADN), embajador de Bolivia en España, accionista
mayoritario de medios de comunicación (La Razón y ATB) y socio de la AFP
Previsión.
De
los tres políticos y empresarios sólo Doria Medina, actual jefe de Unidad
Nacional (UN), se encuentra en el país; Goni, de 87 años, luego de dimitir huyó
del país el 17 de octubre de 2003, vive en Estados Unidos y el Gobierno de ese
país no da curso a su extradición por la masacre de octubre. Mientras que
Garáfulic falleció en noviembre de 2003 en un accidente aéreo.
55
involucrados
La
investigación, mediante la aplicación de un software, estableció que 55
personas están involucradas.
Zavaleta
aclaró que las mencionadas “no son parte de un delito, pero como se demuestra
es la red que manejó el proceso de enajenación que no necesariamente fue
delictivo”.
En
todo caso en las conclusiones se establecerá cuánto es el daño económico al
Estado y las irregularidades cometidas, quiénes son los responsables.
El
diputado explicó que algunos cumplieron con la ley de capitalización o
privatización, pero otros violaron dichas leyes. “En la lista están los que se
vincularon, pero no necesariamente cometieron un delito. En la lista de
procesados estarán muchos de aquí y otros que no figuran, se conocerá en las
conclusiones con delito e irregularidad concreta”, aseguró.
Información
privilegiada
El
informe de la comisión mixta refiere que dos factores influyeron decisivamente
en quienes se adjudicaban las empresas privatizadas o capitalizadas: el acceso
a información privilegiada que tenían estas personas porque eran adjudicatarios
y autoridades encargadas de la adjudicación.
El
acceso a información clasificada les daba ventaja sobre otros competidores que
querían hacerse de las empresas y había conflicto de intereses que pasaron por
alto, pasaban a ser socios o empleados de las empresas adjudicadas. Además se
adjudicaban a precio de ‘gallina muerta’.
“Hemos detectado irregularidades en las redes
de poder, en los procedimientos que utilizaban, violaban sus leyes y decretos,
y en las conclusiones se determinará qué irregularidades pueden ser tipificadas
en el Código Penal, cuáles prescribieron y cuáles no para presentar denuncias o
proposiciones acusatorias para que la Asamblea Legislativa autorice a iniciar
esos procesos”, subrayó.
De
acuerdo con la capitalización, el 50% del paquete accionario pertenecía a los
bolivianos mayores de 18 años y el otro 50% a las empresas privadas
transnacionales adjudicatarias. Pese a esta división igualitaria, según el
informe, de los siete miembros del directorio, cuatro eran designados por la
empresa privada y los tres restantes por las AFP (administradoras de fondos de
pensiones).
Durante
el proceso de investigación se acumularon 80.000 hojas de información que
certifican el proceso de privatización.
El
legislador dijo que se escribieron libros parciales e insuficientes sobre
aspectos aislados de la privatización y capitalización, pero no se hizo un
estudio global de cómo actuaron siete gobiernos y no uno sino 14 partidos
políticos, y sobre documentos originales (leyes, decretos, resoluciones,
testimonios).
Esa
tarea la realizó la comisión, y los investigadores se informarán “de un proceso
que no debería repetirse en la historia de Bolivia”.
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Datos
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Los siete gobiernos objeto de la investigación son: 1.- Víctor Paz Estenssoro,
2.- Jaime Paz Zamora, 3.- Gonzalo Sánchez de Lozada, 4.- Hugo Banzer Suárez,
5.- Jorge Tuto Quiroga, 6.- Goni y 7.- Carlos Mesa Gisbert.
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Empresas privatizadas o capitalizadas: 1 gobierno Víctor Paz, 28 Jaime Paz, 42
Goni, 9 Banzer, 1 Tuto y 1 Mesa, en total 82 (no se contabilizan las 71
empresas cerradas).
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55
IMPLICADOS EN LA RED DE PODER DE LA ENAJENACIÓN
Víctor
Paz Estenssoro (MNR), presidente 1985-1989, con el Decreto 21060 enajenó las
empresas públicas, desmantelando Comibol.
Gonzalo
Sánchez de Lozada (MNR), presidente 1993-1997, 2002-2003, como accionista de
Comsur se adjudicó varias empresas de Comibol.
Alfonso
Revollo Thenier (MNR), ministro responsable de Capitalización.
Gabriel
Revollo Thenier, sin militancia política, hermano del ministro, representante
legal de la Shell.
Jorge
Crespo Velasco (MIR), ministro y embajador en EEUU, socio de Soboce.
Ramiro
Cabezas Masses (MNR), ministro, socio de Soboce.
Juan
Luis Cariaga Osorio (MNR), ministro de Finanzas.
Fernando
Carlos Romero Moreno (MNR), ministro, socio del Banco Hipotecario Nacional.
Andrés
Petricevic Raznatovic (MNR), propietario
de la constructora Petricevic, socio del consorcio Agua del Tunari,
adjudicataria de Semapa de Cochabamba.
Jaime
Villalobos Sanjinés (MNR), ministro.
Fernando
Illanes de la Riva, independiente, ministro vinculado al MNR y a Goni.
Antonio
Sánchez de Lozada (MNR), contralor general de la República, socio de Comsur,
hermano de Goni.
Óscar
Bonifaz Gutiérrez (PDC), presidente de Comibol, miembro de Comsur y Soboce.
Jaime
Paz Zamora (MIR), presidente 1989-1993, en su gestión se vendieron empresas
públicas que pertenecían a las corporaciones regionales de desarrollo.
Hugo
Banzer Suárez (ADN), presidente 1997-2000, en su gobierno se enajenaron empresas estratégicas del sector minero e
hidrocarburífero.
Luis
Ossio Sanjinés (PDC), vicepresidente 1989-1993.
Samuel
Doria Medina Auza (MIR), ministro y accionista mayoritario de Soboce, que se
adjudicó Fancesa y El Puente, de Tarija.
Ronald
MacLean Avaroa (ADN), ministro y presidente de Inti Raymi.
Carlos
Saavedra Bruno (MIR), ministro.
Luis
Fernando Saavedra Bruno, sin militancia política, primo del ministro, director
de la capitalizada petrolera Andina.
Jorge
Fernando Quiroga Ramírez (ADN), presidente 2001-2002, Tuto asumió la
presidencia luego del fallecimiento del Gral. Banzer.
Juan
Pablo Zegarra Arana (ADN), ministro que fue parte del directorio de tres
empresas capitalizadas.
Carlos
Iturralde Ballivián (ADN), ministro vinculado empresarialmente con Goni.
Manfredo
Kempff Suárez (ADN), ministro vinculado familiarmente con la red de poder.
Julio
Kempff Suárez, sin militancia política, director de la capitalizada Ferrocarril
Oriental.
José
Luis Lupo Flores, independiente, ministro, hermano de Elvira Lupo de Velarde.
Elvira
Lupo de Valverde, independiente, directora de la Unidad Ejecutora del
Reordenamiento de las Empresas Públicas (UEREP).
Herbert
Muller Costas (ADN), ministro, director de la empresa capitalizada Guaracachi.
Raúl
Garáfulic Gutiérrez (ADN), embajador en España, se adjudicó Hilancruz, socio de
la AFP Previsión, compró el LAB, propietario de La Razón, ATB y otros medios de
comunicación.
Dieter
Garáfulic Lehn, sin militancia política, director de la capitalizada
Transredes.
Raúl
Garáfulic Lehn, sin militancia política, hijo de Raúl y hermano de Dieter.
Gonzalo
Chávez Álvarez (MNR), subsecretario y director de las capitalizadas Valle
Hermoso y Ferrocarril Oriental.
Flavio
Escobar Llanos (MIR), subsecretario y director de la empresa Valle Hermoso.
Susana
Doria Medina Auza (MIR), hermana de Samuel y socia de Soboce.
Hernán
Paredes Muñoz (MIR), ministro y director de una empresa subsidiaria de Soboce.
Giovanni
Pacheco Fiorilo (MIR), coordinador ministerial y socio de Soboce.
Armando
Gumucio Karstulovic, sin militancia política, socio de Soboce, director en las
capitalizadas Chaco y Ferrocarril Andina.
Víctor
Hugo Cárdenas Conde (MRTKL), vicepresidente 1993-1997 en alianza con el MNR.
Raúl
España Smith (MNR), ministro, fundó la Fundación para la Producción (Fundapro),
entidad privada beneficiaria de los recursos públicos del proyecto Focas.
Fernando
Candia Castillo (MNR), ministro y director de la capitalizada Transredes.
Ivo
Kuljis Fuchtner (UCS), ministro, propietario de varias empresas.
Tomislav
Kuljis Fuchtner, independiente, hermano de Ivo y director de varias empresas
capitalizadas.
Carlos
Kempff Bruno (ADN), ministro, pariente de ministros y directores de las
capitalizadas.
Edgar
Saravia Durnik (MNR), secretario nacional de Capitalización, articuló una red
familiar, dos de sus hermanos Carlos y Cynthia, trabajaron en las
superintendencias.
Carlos
Saravia Durnik (MNR), gerente de Entel hasta el momento de su enajenación y
superintendente de Telecomunicaciones.
Cynthia
Saravia Durnik (MNR), directora de la Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros.
Pablo
Gottret Valdez, sin militancia política, ministro, director de Entel y
superintendente de Pensiones, Valores y Seguros.
Guillermo
Aponte Reyes Ortiz (MNR), superintendente de Pensiones, ministro y síndico del
directorio de la empresa capitalizada Guaracachi.
Claude
Bessé Arze (MNR), presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y
superintendente general del Sirese.
Julio
León Prado, sin militancia política, propietario de Bisa y otras empresas,
socio de Comsur.
Ernesto
Asbún Gazawi, sin militancia política, propietario de la red Bolivisión,
director de la empresa capitalizada Corani y del LAB.
Fernando
Salazar Paredes, sin militancia partidaria, consultor en el proceso de
capitalización del LAB y de ENAV.
Carlos
Mesa Gisbert, vicepresidente 2002-2003 y presidente 2003-2005, accionista
mayoritario de PAT, que difundió y promovió la enajenación en esa red
televisiva.
Carlos
Alberto López Quiroga (MNR), viceministro y director de la capitalizada Entel.
Vincent
Gómez-García Palao (NFR), viceministro y director de la capitalizada
Guaracachi.
FUENTE:
Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización
1985-2005
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