Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Alfredo Rada Vélez
El
levantamiento de la subvención a los carburantes de diciembre de 2010,
bautizado por el pueblo como “gasolinazo”, fue un error estratégico que
distanció a la Central Obrera Boliviana del proceso de cambio. Sobrevino después
un período (2011 – 2013) en el que la ultraizquierda en el seno de los
sindicatos desató una lógica de confrontación contra el gobierno, cuyo máximo
momento de tensión se alcanzó en mayo de 2013, cuando la dirigencia cobista
convocó a una huelga general indefinida que fracasó rotundamente. Entonces la
matriz sindical estaba dirigida por el joven minero Juan Carlos Trujillo.
Tomó más
de dos años labrar el reencuentro de la COB con el gobierno de Evo Morales. Se
logró gracias a decisiones gubernamentales revolucionarias como la
nacionalización del yacimiento de plata de Mallku Khota (julio de 2012), la
nacionalización de los servicios aeroportuarios (febrero de 2013), la nacionalización
de la mina Colquiri (junio de 2013) y la aprobación del doble aguinaldo para
los trabajadores (noviembre de 2013). Esto impulsó un debate ideológico al
interior de los movimientos sindicales organizados en la COB, que en un
ampliado nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz a fines de 2013
aprobaron el pacto de unidad con el gobierno para la profundización del proceso
de cambio.
El
reencuentro fortaleció tanto a la COB como a la Coordinadora Nacional por el
Cambio, una plataforma de movimientos sociales indígenas, obreros y populares,
convertida en una de las expresiones orgánicas del Bloque Social Revolucionario
que es base de sustentación del proceso político en Bolivia. Conalcam congrega
a más de treinta organizaciones nacionales de distintos sectores que van desde mineros
asalariados y cooperativistas, trabajadores petroleros y fabriles, obreros de
la construcción, campesinos y juntas vecinales, maestros y salubristas,
transportistas y gremiales, hasta microempresarios y juntas de padres de familia de las escuelas.
Definida
por el mismo Evo como un gabinete de los movimientos sociales, la Conalcam
logró, en una de sus más recientes actuaciones, defender el voto popular para
la elección de las máximas autoridades judiciales, durante la “Cumbre de la
Justicia” efectuada hace poco en Sucre.
Toda esta
interesante acumulación política fue cruzada por la decisión gubernamental de
reconvertir la Empresa Nacional Textil (Enatex) en otra unidad productiva menor,
lo que significó el despido de 900 trabajadores con el consiguiente pago de sus
beneficios sociales. Enatex había sido creada el año 2012 para preservar la
última gran industria textil boliviana y mantener todas las fuentes de empleo,
pero sin cargar al Estado la millonaria y fraudulenta deuda del empresario
Markos Iberkleid. Desde entonces se invirtieron en Enatex recursos económicos
que permitieron primero alquilar y luego comprar maquinarias e infraestructura
productiva, que constituyen hoy activos de mayor valor a sus pasivos. Pero la
contracción de mercados para los textiles bolivianos afectó gravemente a
Enatex, al punto de ya no ser sostenible económicamente en la escala y con los
costos que tenía. Por esta razón la decisión tomada por el gobierno era duramente
inevitable, más allá del juicio de valor que tengamos al respecto. Un gobierno
popular puede fracasar en alguno de sus emprendimientos productivos, pero hay
que decir al pueblo por qué fallamos pues no nos asiste el derecho de llamar al
fracaso un avance revolucionario.
Fue
inevitable también la reacción de los trabajadores y de sus direcciones
sindicales, con lo que entramos a un conflicto que abrió fisuras en el bloque histórico
transformador. No se llegó al punto de fractura porque, conforme pasaban los
días y se acentuaba el desgaste, se neutralizaban las tendencias rupturistas de
uno y otro lado. En el caso de la COB tuvo efecto político atemperador el
posicionamiento ideológico definido en su XVI congreso nacional de principios
de año. En la ciudad de Tupiza, sede de ese evento sindical, las organizaciones sociales en ejercicio de su autonomía
aprobaron la tesis política de la unidad de la COB con el Gobierno para la
profundización en un sentido socialista del proceso de cambio. Ni el máximo
ejecutivo cobista, el minero Guido Mitma, puede torcer a capricho la voluntad
soberana de un congreso; menos lo podrá hacer un puñado de sindicalistas de
ultraizquierda que, al caracterizar de “burgués neoliberal” al gobierno de Evo
Morales lo convierten en el enemigo principal, con lo que el ultrismo termina coincidiendo
con la derecha.
Es que tratándose
de procesos políticos que ocurren dentro del campo democrático, no hay
posibilidades de forjar alternativas revolucionarias de poder en lucha contra
aquéllos gobiernos que con respaldo indígena y popular emprenden reformas
políticas, económicas y sociales.
La COB y las Confederaciones y Federaciones que la
conforman deben aplicar la tesis política del XVI Congreso, buscando el
empoderamiento de los obreros dentro del proceso de cambio, no en ruptura con
él. Se ha dicho ya que el enfrentamiento entre fuerzas del campo popular, del que son parte el gobierno de Evo pero también la COB, fortalece a la derecha restauradora del neoliberalismo. La ultraizquierda no ve este peligro y por ello es que termina
alfombrando el retorno de los derechistas, mismos que claman ahora por la
“independencia sindical”. Pero el riesgo sí lo ven los obreros de base, eso explica
que en todos los distritos mineros, en el propio sector fabril a nivel
nacional, a los obreros de la construcción, a los petroleros, metalurgistas y
obreros del sector eléctrico, ni por asomo se les ocurrió acatar las huelgas
convocadas por la dirección cobista.
Que hay logros y avances para los trabajadores en
el proceso de cambio es innegable, por ello caen por absurdas las afirmaciones
de dirigentes radicalizados que dicen “nada ha cambiado, todo es lo mismo”. Pero
también es cierto que aún perviven cosas del neoliberalismo, como las formas de
flexibilización laboral vigentes aún en el cooperativismo minero o en la
construcción, por lo que es muy importante aprobar rápidamente una nueva Ley
General del Trabajo acorde a la nueva Constitución Política del Estado, así
como abrogar el Estatuto del Funcionario Público sustituyéndolo por una Ley del
Servidor Público.
Por el
lado del gobierno hay que ser autocríticos para no cometer en el futuro los mismos
errores que llevaron a esta situación. Se debe continuar fortaleciendo a la
Coordinadora Nacional por el Cambio, de la que es parte sustancial la COB. Conalcam debe tener la jerarquía de un
gabinete de los movimientos sociales, que esté informado de los temas de
gobierno y que pueda incidir en las decisiones estratégicas en materia de
inversión y generación de empleo. Será la mejor respuesta a los privatizadores
que hoy afirman que el Estado es mal administrador, soslayando que la
estabilidad económica del país es posible por los procesos de nacionalización.
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