Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Isaac
Gajardo Miranda
Hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a
repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 como estudiantes de colegio por el derecho a educación digna y gratuita siendo derrotados
institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que
antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento
estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo
ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años
después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la
promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la
institucionalización de la educación de mercado.
Fortalecimiento
a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad
fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en
2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su
programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda
presentaría una “reforma estructural” que llevaría a la educación de ser un
bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho
social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas,
pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la
educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los
primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos
desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario,
lamentamos el haber tenido la razón. La “reforma estructural” prometida comenzó
a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que
nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este
mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado “Reforma a la
Educación Superior”.
Quienes
tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del
Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no
estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de
la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la
propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las
universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la “reforma” y
éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende
hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma
reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual
ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del
proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que “el Crédito con
Aval del Estado (CAE) continuará de por vida” para “ayudar” a quienes realicen
sus estudios en “universidades privadas con arancel liberado”, reconociendo que
la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas
mil familias no desaparece, sino que se acentúa.
A las palabras
del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro
del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que
“el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito”,
asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir
las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando
una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta
“reforma”, Delpiano señala en una entrevista televisiva que “no se sabe cuánto
cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes” (CNN Chile), dejando en
evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las
promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.
El
problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado
Pero
revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré
hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste
establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir
como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se
suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica
neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de
“regulación y fijación de aranceles” establecido por los organismos reguladores
que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la
Calidad de la Educación Superior).
Si esto
ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la
cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los
denominados “beneficios estudiantiles” que la ley entiende como becas y
créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos
últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas
las instituciones acreditadas.
Ahora
el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a
tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se
sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus
aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de
endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto
hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de
Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas
instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto
de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol).
Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir
creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso,
pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el
traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas
por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que
lucran para “retirar excedentes”, es decir, apropiarse de recursos que deberían
invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.
Pero
esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las
universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del
oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no
avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su
negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la
Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de
gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer
lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de
financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica
González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director
Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador
de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del
país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos
vínculos con el gobierno.
El
panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un
sistema que es la antítesis del “fortalecimiento de la educación pública”,
petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle
Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de
gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea
el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar,
en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles
privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan
hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y
disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva
Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron
con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la
educación superior.
No
podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales
deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al
Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene
algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El
proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de
administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos
como mecanismo de financiamiento.
* Isaac
Gajardo Miranda, Bachiller en Humanidades, Licenciado en Historia y estudiante
de Magíster en Literatura Latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado. Coordinador
Ejecutivo de la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (Codeju).
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