Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Edmundo Juan Nogales Arancibia
Conflicto
de personas con discapacidad
Cuando la movilización de las personas con
discapacidad llegó a uno de sus mayores puntos de conflicto, salieron
economistas y opinólogos en distintos medios para abogar en apoyo a la demanda
del bono de 500 bs. mensuales reclamados por los movilizados; algunos inclusive
fueron a explicar cómo se podía financiar aquel bono, cito esta nota de Página
Siete del 1 de mayo, que a su vez la tomaron de ANF:
“Los analistas económicos Alberto Bonadona y Gonzalo Chávez expusieron
el viernes, en el mismo lugar donde los discapacitados realizaban su protesta,
en las cercanías de la plaza Murillo, algunas ideas para poder financiar el
pago del bono de 500 bolivianos al mes que exigen los discapacitados.
Chávez propuso que el 0,65% de lo que el Gobierno planteó que invertirá
en el plan 2020-2025, que alcanza a 60.000 millones de dólares, sea destinado
al pago de este bono, porcentaje que sería suficiente para financiarlo.
Bonadona sugirió reducir el presupuesto de defensa o poner las reservas
internacionales en un fondo de financiamiento para cubrir el pago de esta
renta. Provistos de un megáfono y escribiendo en una pizarra, ambos economistas
hicieron las propuestas ante la mirada de los dirigentes de los discapacitados,
además de personas que apoyan la medida y periodistas.”
Los puntos de vista ideológicos tarde o temprano
salieron a flote, porque mientras se hablaba de las personas con discapacidad estos
analistas vieron la posibilidad para apoyar a quienes se enfrentaban al Gobierno,
aún cuando rechazaran ser partidarios del rol del Estado en la economía; con
anterioridad, cuando el oficialismo propuso algún tipo de bonos, fueron
denunciados por estos mismos analistas como “asistencialistas” e
“irresponsables”, sumando la denominación de “prebendal”, etc.
Papeles
de Panamá
Al salir a la luz pública el caso de los papeles de
Panamá, que develó uno de los paraísos fiscales que existen en el mundo, nuevamente
salieron muchos economistas a expresar su opinión, entre ellos vuelvo a tomar
el caso de Bonadona que en Página Siete, el 15 de mayo expresó:
“El hecho en sí mismo que una empresa figure en los Panama Papers no
significa delito alguno, menos en Panamá. Los bancos especializados en
preservar cuentas anónimas, o los despachos jurídicos que intermedian las
operaciones financieras para realizar los trámites que crean "empresas de
papel”, son negocios reconocidos como legales en la jurisdicción de ese
país.
La apertura de cuentas bancarias protegidas para no revelar el nombre
de sus propietarios, o la creación de las referidas empresas, es un negocio
legítimo.”
Resulta incongruente que el analista citado un día le
diga a las personas con discapacidad que el Estado les puede dar bonos, y que
no cuestione la defraudación a las arcas estatales que representan los paraísos
fiscales y los negocios offshore;
como Bonadona muchos salieron a defender esa posición, al fin y al cabo, tienen
posición política e ideológica, reflejo de que la unidad frente a un enemigo
común articula a muchos sujetos.
Conflicto
de los obreros
Cuando se trata de la clase trabajadora los
defensores del capital jamás coincidirán en defender sus derechos, el reciente
conflicto con la Central Obrera Boliviana (COB) ha mostrado esto, si bien
muchos actores de la derecha salieron a defender los pedidos de las personas
con discapacidad, posición que entra en contradicción cuando vemos su criterio
económico y político respecto a los papeles de Panamá, respecto a los
trabajadores lo único que harán será tildarlos de “sometidos” o de “dirigentes
vendidos” al gobierno; respecto a los trabajadores de Enatex a lo mucho dirán
que el Estado jamás debió haber adquirido esa empresa y según ellos allí está
el error fundamental, porque consideran que el Estado no debería intervenir en
la economía, y por tanto, debía haberse cerrado hace mucho tiempo, porque no se
tenía mercado, porque al haber perdido el ATPDEA se estaba en quiebra segura.
Eso expresaron la gran lista de analistas que
tocaron los temas, y seamos sinceros, si uno revisa la cantidad de veces que se
han referido en columnas de opinión a esta problemática, encontraremos un alto
porcentaje de análisis que exponen ese criterio.
Concepciones
empresariales
Pero, ¿por qué no abogó la derecha por el pedido de
reincorporación laboral de los trabajadores de Enatex?
Por una sencilla razón, porque para el criterio
político y económico que tienen, los trabajadores no somos más que mero costo
laboral, que, al haberse mejorado la protección de los derechos, en esta última
década, se ha provocado el alza de los costos de producción y por tanto ésta ya
no resulta rentable en Bolivia.
Ese es el punto de vista de los empresarios, y ese
ha sido el enfoque dominante este tiempo, por ello sus analistas, que creen en
el liberalismo y neoliberalismo, y son la mayoría de los que tienen un espacio
en medios escritos y audiovisuales, aunque digan que son apolíticos y que ni de
izquierda ni derecha, no pueden ocultar su visión económica. Así, apenas
comenzó el conflicto rápidamente se convirtió en tendencia en la opinión pública
un eventual masivo cierre de empresas, por ejemplo, la Agencia Nacional de
noticias Fides sacó la siguiente noticia
el 30 de mayo: “FUNDEMPRESA: entre 2011 y 2015 se cerraron en promedio
siete empresas por día”.
Actualmente, cuando el conflicto está pasando, la
línea de opinión se convierte en intentar mostrar que el mismo ha sido armado
por el Gobierno y la COB en el intento de que esta última “recupere”
legitimidad. A quienes piensan así es necesario decirles que la legitimidad de
la COB se fundamenta, primero, en la lucha por los derechos de los trabajadores
y por la lucha de la construcción de una sociedad más justa, y esa lucha tiene
su contrario en los empresarios, por eso apenas salió uno de los decretos que
materializa uno de los acuerdos alcanzados con la COB, el DS 2822, que prohíbe la
aplicación de las causales del cierre de ENATEX a empresas privadas, en ese
instante los defensores de los empresarios salieron a decir que es inconstitucional
y no les faltaron medios para presentar el recurso o los recursos de
inconstitucionalidad.
Los analistas de derecha que cuestionan al Gobierno
en ningún caso defendieron a los trabajadores, antes del conflicto los acusaban
de estar “subsumidos” al gobierno y ahora vuelven a hacer lo mismo.
*Abogado,
integrante de la escuela nacional de formación política.
y Twitter: @escuelanfp
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