Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Delfín Arias Vargas
La rebelión
popular que estalló el 9 de septiembre y alcanzó su punto máximo el 17 de octubre de
2003, con la expulsión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,
encarnó una inflexión histórica en la forma de hacer política y construir
nuevos paradigmas luego de 178 años de la declaración de la independencia y 18
años desde la implementación del modelo económico neoliberal que enajenó la
riqueza de la patria.
La
factura que pagó el pueblo para preservar su democracia y recuperar la riqueza
de la patria fue muy alta: al menos 67 muertos por heridas de bala y más de
medio millar de heridos —muchos de ellos engrosarían en los días y semanas
subsiguientes la lista de fallecidos— que hoy mismo cargan con las secuelas de
la dura represión militar ordenada por la oligarquía pro imperialista que
entonces gobernaba Bolivia.
¡Arde
Bolivia! Así publicaba el periodista Ángel Guerra Cabrera en el periódico
mexicano La Jornada, mientras Bolivia se encontraba paralizada en contra de la
venta del gas a Estados Unidos por puertos chilenos, negociado que era
impulsado a sangre y fuego en el marco de la tristemente célebre ‘democracia
pactada’, es decir, el reparto del Estado.
Merced
a una sistemática política de latrocinio, a expensas de la privatización de las
empresas públicas, del desempleo de decenas de miles de trabajadores, de la
entrega obsequiosa de los recursos de la nación a las transnacionales, Goni
había amasado una inmensa fortuna que, según varias fuentes, bordeaba los 250
millones de dólares.
Además,
desde hace mucho tiempo la reforma agraria había pasado a mejor vida, ya que el
87% de la tierra productiva estaba en manos de terratenientes, es decir, en
manos del 7% de los propietarios; mientras que el 90% de los habitantes de las
zonas rurales vivía en medio de una espantosa pobreza.
No
obstante, Cochabamba fue escenario de la primera batalla del pueblo contra los
agentes internos del imperialismo: la Guerra del Agua. En septiembre de 1999,
el ex dictador Hugo Banzer —electo presidente por el Congreso— privatizó el
servicio de distribución de agua potable en Cochabamba, y la empresa Aguas del
Tunari incrementó las tarifas entre un 30 y 350%.
Después
de tres meses de lucha, más de 150 heridos y la muerte de Víctor Hugo Daza, un
manifestante de 17 años asesinado por la Policía, Banzer dio marcha atrás. El
pueblo había ganado la primera batalla contra el neoliberalismo.
El 9 de
febrero de 2003, Goni dispuso el congelamiento de salarios y gravó los mismos
con un impuesto del 12,5%. Argumentó que evitaba un incremento del precio de
los hidrocarburos que golpearía a los bolivianos más pobres.
El 12
de febrero se amotinó el Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía y se
desató un enfrentamiento entre militares y policías con un saldo de 9 policías,
4 militares y 3 civiles muertos. El 13 de febrero la violencia continuó y dejó
un saldo de otros 11 muertos y más de medio centenar de heridos, algunos de
extrema gravedad.
Febrero
fue una señal inequívoca del rechazo popular a las políticas antinacionales que
desde 1985 implementó el neoliberalismo servil a los intereses del
imperialismo, con su democracia pactada y la alternancia en el poder del MNR,
ADN, MIR, UCS, CONDEPA y otros funcionales de ‘izquierda’.
En ese
contexto emerge la rebelión popular de octubre de 2003 con la cual el pueblo
expulsó del poder a políticos y oligarcas corruptos, racistas y vende patrias,
que tras gobernar Bolivia como cómplices de las dictaduras militares, se
apoderaron de la democracia que el pueblo había recuperado el 10 de octubre de
1982.
La
chispa que encendió el conflicto social se prendió el 8 de septiembre de 2003.
El gobierno rechazó la liberación del dirigente campesino Edwin Huampo y
reprimió a los campesinos en Warisata. Esto enardeció los ánimos de los rurales
y radicalizó a otros sectores que empezaron a pedir la renuncia Sánchez de
Lozada.
El 20
de septiembre, un operativo policial y militar encabezado por Carlos Sánchez
Berzaín para “rescatar” a turistas extranjeros retenidos en Sorata dejó un
saldo de 6 muertos con heridas de bala entre los campesinos.
El 23
de septiembre de inició el bloqueo de caminos y el 9 de octubre los dirigentes
de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto iniciaron un paro indefinido en
rechazo a la exportación del gas por puertos chilenos, por una nueva Ley de
Hidrocarburos, la industrialización del gas, una asamblea constituyente y la
renuncia Sánchez de Lozada.
Entre
el 9 y 13 de octubre de 2003, la respuesta del gobierno fue una dura represión
que dejó en las calles de El Alto y en Chasquipampa de La Paz al menos 67
muertos por impactos de bala y más de medio millar de heridos, y la población,
sin distinción de clases sociales, le dijo ¡basta! a Sánchez de Lozada y a los
genocidas que lo acompañan.
El 17
de octubre el genocida no tuvo otra salida que renunciar a la Presidencia que
había manchado con la sangre de un pueblo que se rebeló contra la enajenación
de la riqueza de la patria. Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y otros
criminales huyeron a Estados Unidos y otros países para no rendir cuentas a la
justicia.
Esa
misma noche asumió el mando de la nación Carlos Mesa, quien no cumpliría la
agenda de octubre y el 9 de junio de 2005 renunciaría a la Presidencia.
En ese
contexto, el emergente protagonismo político fue asumido por los marginados por
una exigua minoría oligárquica y opulenta que gobernó Bolivia en función de los
intereses de la globalización imperialista.
Ahora
bien, sin la rebelión popular de octubre no habría sido posible la elección del
primer Presidente indígena, la nueva Ley de Hidrocarburos, la nueva
Constitución, la nacionalización y la industrialización de los hidrocarburos,
los bonos sociales, la vertebración caminera y aeroportuaria, la construcción
de infraestructura educativa y sanitaria como nunca antes en nuestra historia.
En fin,
no hubiera sido posible un proceso de cambio de grandes logros, aunque no
exento de hechos de corrupción que están siendo investigados para que los
culpables sean sancionados con la máxima pena que dictan las leyes.
Y por
si fuera poco, por cuarto año consecutivo Bolivia liderará este 2017 el
crecimiento económico de la región y los indicadores económicos y sociales
prevén que hasta el 2025, el país —que hasta el 2005 era “el más pobre de
Suramérica”— erradicará la extrema pobreza y consolidará la industrialización
de sus recursos naturales. ¡Honor y gloria a los héroes de octubre!
Comunicador
social y periodista. Fue docente universitario.
y Twitter: @escuelanfp
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