Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Como si
se tratase del argumento de una película, días atrás se hizo público un
millonario desfalco al Banco Unión. Un funcionario de la institución financiera
estatal, aprovechando la falta de “control exhaustivo”, fue desviando recursos
de las operaciones de cajeros automáticos, hurtando a lo largo de un año, según
sus propias estimaciones, Bs 20 millones, por lo que el monto podría ser
incluso mayor.
Hasta
donde se sabe, el acusado del crimen, quien contó con la complicidad de otras
tres personas, trabajaba como jefe de operaciones de la sucursal del banco en
Batallas, y desde allí controlaba el software de los cajeros automáticos, lo
cual le permitía intervenir en las operaciones de retiros y depósitos y afectar
la cuenta que la institución usa para cargar dinero en las máquinas.
La
noticia la dio a conocer el propio banco, a fines de septiembre, cuando el
acusado fue detenido junto a sus cómplices, dos de los cuales fungieron como
“palos blancos” al poner a su nombre bienes muebles e inmuebles, y un tercero
como “socio” al comprar automóviles de lujo para poner en funcionamiento un
negocio de alquiler de coches.
Aún no
se ha explicado cómo fue posible que una sola persona logró mover este
millonario monto sin que alguna instancia se percate de la inusual situación.
El banco afectado se ha rehusado a brindar declaraciones supuestamente para no
afectar las investigaciones, y la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (Asfi) solo reportó, días después de conocerse el hecho, que se
había hurtado Bs 490.000 y no el total del monto que ahora se menciona.
Según
una fuente del Ministerio Público, el dinero sustraído podría ser mucho más de
lo denunciado, se habla de hasta Bs 37 millones. Por lo pronto, tres de los
acusados guardan prisión preventiva y el propietario de la empresa de alquiler
de coches obtuvo detención domiciliaria, además de que su oficina fue
precintada.
Previsiblemente
la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) recomendó a las entidades
financieras reforzar el control en los sistemas informáticos para evitar que
ocurran hechos similares. El Secretario Ejecutivo de Asoban señaló que “es
obligación de las entidades financieras optar por las medidas internas que
coadyuven a los controles internos más eficientes”.
El caso
es preocupante no solo porque muestra que, cuando se tiene los recursos
adecuados, es posible robar en la institución financiera estatal que suscita
este comentario, poniendo en peligro la estabilidad de éste y a toda su cartera
de clientes, sino sobre todo porque el Banco Unión es de propiedad pública y
administra las cuentas del Estado, lo cual significa que si hubo falta de
“control exhaustivo” en esta área del negocio, podría estar sucediendo algo
similar en otras. Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Economía y el propio
banco deben hacer cuanto haga falta para sancionar el delito y, sobre todo,
evitar que se repita.
Editorial
de La Razón de 05 de octubre de 2017
y Twitter: @escuelanfp
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