Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Luis Alfonso Mena S.
Desde
hace algo más de dos semanas, la mano violenta y tenebrosa de la extrema
derecha, en sus múltiples formas y procedencias, se pasea por el sur occidente
colombiano, hasta que en la noche del viernes 20 de octubre llegó de nuevo al
Valle del Cauca y, en Cali, intentó arrebatarle la vida a Omar Romero Díaz, uno
de los líderes obreros de la región.
La
rápida reacción del equipo de escoltas del dirigente de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, evitó que la mano larga del terror cumpliera su cometido,
pero el nuevo atentado no puede quedar en la impunidad, como ha ocurrido con
miles de hechos similares en la historia de Colombia y el Estado tiene el deber
de responder.
El
atentado contra Romero Díaz, abogado y dirigente del Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción, Sutimac, en
Yumbo, es una campanada de alerta, pues recientemente ya se había conocido un
comunicado de uno de los grupos paramilitares que pululan en el país
profiriendo amenazas contra orientadores de la Unión Patriótica, movimiento del
que Romero es integrante, así como lo es del Partido Comunista Colombiano.
De
tiempo en tiempo se sabe de listados de bandas criminales, como se le denomina
ahora a la mayoría de los grupos paramilitares, que por la vía de la amenaza
intentan desestimular las luchas sociales y las propuestas alternativas, de
manera especial luego de la dejación de armas por parte de las Farc-EP y de su
conversión en partido político legal.
Ola
inusitada de crímenes
La
coyuntura en la región suroccidental del país es especialmente preocupante por
la serie de crímenes ocurridos desde el jueves 5 de octubre, cuando un comando
de la Policía asesinó a siete cultivadores en la región de Alto Mira, Tumaco,
hecho de gravedad suma que con pleno cinismo el Gobierno de Juan Manuel Santos
sigue negando.
Luego,
el domingo 8 de octubre, se produjo el asesinato de la periodista indígena
Efigenia Vásquez Astudillo, en acciones atribuidas a la Policía por la
comunidad que reivindica el derecho a la tierra en Coconuco, departamento del
Cauca.
El
domingo 15 de octubre, de acuerdo con el testimonio dado a Pazífico Noticias
por René Hertz, líder del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
‘Aldemar Galán’ de Policarpa, Nariño, ocurrió otra masacre en la que fueron
asesinados seis excombatientes de las Farc. Los hechos se presentaron en
jurisdicción de Isupí, San José de Tapaje, municipio de El Charco, a manos de
una banda criminal.
Poco
después, el martes 17 de octubre, fue perpetrado en Tumaco el homicidio aleve
de José Jair Cortés, reconocido y carismático líder de Alto Mira, quien al lado
del consejo comunitario del que hacía parte se había pronunciado exigiendo
castigo contra los responsables de la masacre cometida por la Policía doce días
atrás.
El
miércoles 18 de octubre se conoció la terrible noticia de los homicidios de
Alirio y Geovanny Zabala, padre e hijo, de la comunidad awá asentada en la zona
rural de Tumaco y activistas de la misma. De acuerdo con el testimonio
entregado a Pazífico Noticias por Javier Cortés, líder del Pueblo Indígena Awá,
hacía un año que Alirio Zabala había sido víctima de otro atentado, en el que
fueron asesinados dos de sus hijos.
Varios
crímenes más han sido cometidos en las personas de activistas sociales en Villa
Rica, Corinto, Miranda y otros municipios del Cauca, el más reciente de los
cuales es el de Berenice Tovar, en Guachené. Y este sábado 21 de octubre se
informó sobre el asesinato del excombatiente Henry Meneses Ruiz, en Miranda,
Cauca.
En el
resto del país la situación no es menos preocupante y lo demuestran los
crímenes cometidos contra Patricia Cataño, líder de la Comuna 13 de Medellín;
Liliana Astrid Ramírez, docente y dirigente sindical del Tolima, y Eliécer
Carvajal, activista social en el departamento del Putumayo.
En lo
que va corrido del año han sido asesinados 120 líderes populares por
paramilitares y agentes de la extrema derecha en todo el país, al tiempo que el
número de excombatientes y familiares de éstos también víctimas de homicidios
se acerca al medio centenar.
¿Se
repite la historia?
Groso
modo, el anterior es el crítico panorama que en materia de derechos humanos se
visualiza en el suroccidente colombiano, radiografía que refleja la puesta en
marcha de las mismas estrategias desarrolladas por diferentes actores de la
extrema derecha paramilitar y estatal en los años ochenta y noventa del Siglo
XX, cuando se produjo el exterminio, a sangre y fuego, de la Unión Patriótica,
movimiento político surgido de un acuerdo de paz frustrado entre el Estado y
las Farc, en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur.
Las
estrategias y las acciones se empiezan a repetir: ahora el Establecimiento y su
clase dirigente usan la matriz según la cual quienes actúan en muchos de esos
casos son “disidencias” de las Farc, argumento falaz con el que se pretende
encubrir el operar de grupos violentos de la extrema derecha e incluso de
actores solapados del Estado, bajo la cubierta de múltiples siglas y parapetos,
como ocurrió 30 años atrás contra la UP.
Lo más
grave del momento, es que, a diferencia de los años ochenta, en este 2017 está
en plena vigencia un Acuerdo de Paz firmado, pero cuya implementación registra
una seguidilla inaudita de incumplimientos fatales por parte del gobierno de
Juan Manuel Santos, en puntos claves como el agrario y el de sustitución de
cultivos, lo mismo que en el de la protección y las medidas de seguridad para
los excombatientes y, en general, para los líderes sociales y populares que se
la han jugado por la paz en campos y ciudades.
Paro
Nacional Indefinido
Lo
único que puede detener que se repita la historia de la UP en los ochenta es la
movilización de la sociedad y visiones estratégicas con miras a 2018, que
permitan un poder que dé continuidad a lo firmado en el Acuerdo Final.
Y por
ello es tan importante el paro nacional que se plantea a partir de este lunes
23 de octubre, para exigir la implementación por parte del Gobierno Nacional
del Acuerdo de Paz y de los centenares de acuerdos sectoriales y regionales
pactados con múltiples comunidades, entre ellas las de Tumaco, el Chocó y
Buenaventura.
De
igual manera, la movilización, que será pacífica, pero firme, en veredas,
calles, avenidas y carreteras del país, reclamará garantías para el ejercicio
de la protesta social y de la acción política de las comunidades rurales y
urbanas y de las fuerzas alternativas a lo largo y ancho de todo el territorio
colombiano.
El Paro
Nacional Indefinido, PNI, ha sido convocado, entre otras organizaciones, por la
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro; la Coordinación
Nacional de Pueblos Indígenas, Conpi; la Coordinación Nacional de
Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes, Conafro; la Coordinación
Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam; el
Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y la Asociación Nacional de
Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.
Entre
los incumplimientos más sensibles en el plano social del Gobierno de Santos
figura el de los acuerdos pactados en agosto de 2013, hace cuatro años, durante
las grandes jornadas del Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular, del que
surgió una mesa de negociación que se propondría ser reactivada.
Así,
pues, el Valle del Cauca, que recibirá en Cali el próximo miércoles 25 de
octubre delegaciones de organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes
y populares de todo el departamento, en un acto programado para las 4:00 p.m.
en la Plaza de San Francisco, debe estar alerta frente a la extensión de la
mano del terror de la extrema derecha a la región.
Lo
ocurrido a Omar Romero Díaz es una voz de alerta, en primer lugar, para el
movimiento sindical del departamento, que ha visto a este dirigente obrero
siempre solidario acompañando sus luchas, y, en segundo lugar, para todo el
movimiento popular vallecaucano, que debe salir decidido a repudiar en las
calles los actos de terror de los enemigos de la paz, la reconciliación y la
justicia social.
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