Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Yhoban Camilo Hernández Cifuentes
La
masacre de nueve campesinos en Alto Mira y Frontera, corregimiento de Llorente
en Tumaco (Nariño), ocurrida el jueves 5 de octubre al parecer a manos de la
Fuerza Pública, representa al menos tres problemas graves para el proceso de
paz en Colombia. Primero, es una afrenta al acuerdo de La Habana,
particularmente al punto cuatro sobre cultivos de uso ilícito que hace énfasis
en la sustitución voluntaria. Segundo, cuestiona la manera como la Fuerza
Pública interviene las manifestaciones sociales vulnerando los derechos humanos
de las personas y el derecho mismo a la protesta. Y tercero, pone en duda la
posibilidad de que el posconflicto transite por el camino de la democracia y la
eliminación de la violencia, más si se consideran otros hechos que vienen
ocurriendo en distintas zonas del país.
Antes de
abordar estos asuntos, hay que advertir que aún no existe plena claridad sobre
lo sucedido en el territorio colectivo Alto Mira y Frontera, habitado por cerca
de 4.000 familias que, en su mayoría, derivan su sustento del cultivo de coca.
En un
escueto comunicado publicado el mismo 5 de octubre desde Bogotá por el
Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía afirmaron que el ataque a la
población civil fue realizado “al parecer” por alias ‘Guacho’ quien lidera una
disidencia de las FARC. Y aseveraron que los disidentes están obligando a la
comunidad a protestar contra la erradicación. Según la versión oficial, el
grupo disidente lanzó “al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de
la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego
atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los
manifestantes y a las autoridades”, causándoles la muerte a 4 civiles y heridas
a otros 14.
Pero otra
es la versión de la Coordinadora Nacional de Cultivadores Coca, Marihuana y
Amapola (Coccam) elaborada con base en información de la comunidad que estuvo
presente en lo sucedido. En un informe preliminar, esa organización relató que
desde el 29 de septiembre los campesinos estaban protestando contra la Policía
que había desplegado al menos mil efectivos para adelantar acciones de
erradicación forzada, por lo que cerca de mil personas realizaron un cerco
humanitario para proteger los cultivos de los que derivan su sustento. Pero el
5 de octubre, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, la policía “sin mediar
palabra abre fuego de forma indiscriminada contra la población”.
Lo que
argumentó la Coccam, contra el comunicado que emitió el Ministerio de Defensa,
es que “no existen rastros del impacto de los explosivos en la zona y por
demás, si la acción iba en contra de la policía, hasta el momento no existe
reporte de ningún integrante de la fuerza pública herido o muerto”.
De otro
lado, el mismo 5 de octubre desde San Andrés de Tumaco el Consejo Comunitario
del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, denunció que su comunidad ha emitido
varias alertas por los riesgos que corren sus integrantes ante la presencia de
grupos armados que se disputan el territorio y reclutan a los jóvenes,
ocasionando “desplazamiento, confinamiento de cientos de familias y terror en
diferentes veredas”. Y agregó que “durante las últimas semanas se han venido
presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al
consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la
intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa”.
Frente a
este ambiente de confusión un grupo de representantes y expertos de la sociedad
civil, integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, rechazó
los hechos ocurridos y exigió “la intervención de la Defensoría del Pueblo, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
la Misión II de la ONU, con el propósito de verificar la situación en la zona y
acompañar a las comunidades afectadas.” Además respaldó la creación de una
Misión de Verificación de la sociedad civil para colaborar en la investigación.
Precisamente
este domingo 8 de octubre la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el
que denuncia la responsabilidad de la Policía en los hechos. Según el documento
del Ministerio Público, “los manifestantes aseguran que fueron atacados con
arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos. Señalaron que en el
momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales
(disidencias de las Farc) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de
cilindros bomba o los denominados ‘tatucos’, contrario a lo informado por las
autoridades”. Por ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría
adelantar una investigación especial
De otro
lado, el grupo de expertos advirtió que “es un deber del Estado garantizar el
esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, impidiendo
maniobras para desviar, obstruir o manipular la evidencia en los primeros actos
urgentes de indagación, asegurando la adecuada cadena de custodia, la práctica
de pruebas técnicas y el retiro de la escena del crimen de los miembros de la
Fuerza Pública presuntamente implicados”.
Hasta
ahora, defensores de derechos humanos hablan de nueve víctimas mortales y más
de 50 heridos en los acontecimientos de Alto Mira y Frontera. Pero el Gobierno
aseguró el pasado viernes 6 de octubre que se trató de ocho personas muertas.
Erradicación forzada hace inviable la
sustitución
Para
César Jerez, vocero nacional de la Coccam, “el asesinato de los compañeros en
Tumaco es terrible y lo que evidencia es el garrafal incumplimiento del
gobierno al acuerdo de sustitución”. Pero además, anota, este asunto es
producto de la presión que ha venido ejerciendo el Gobierno estadounidense, en
cabeza del presidente Donald Trump, sobre el proceso.
“El
gobierno de los Estados Unidos está presionando para que se haga énfasis
únicamente en las medidas de fuerza e incluso para que se retorne a las
fumigaciones aéreas con glifosato. Y aquí también hay intereses de gente que se
ha enriquecido con los contratos del Plan Colombia en la supuesta lucha contra
las drogas en materia de fumigación y erradicación. Esa presión hace que el
gobierno colombiano improvise, que actúe con negligencia, y que opte por la
violencia como una supuesta salida al problema de los cultivos de uso ilícito”,
manifestó Jerez.
Lo que
concluye el líder campesino, es que la estrategia de erradicación forzada
terminará haciendo inviable el acuerdo de sustitución. Según él, “el Gobierno
está incumpliendo en sustitución y se está justificando con la erradicación
misma, lo que expresa cinismo de parte del Gobierno porque no se pueden compaginar
sustitución —que es de un carácter estructural— con medidas de fuerza y con
acciones violatorias de los derechos humanos”.
De hecho,
el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera advirtió en su
comunicado, que a pesar de las insistencias de esa comunidad afrodescendiente
para que se implemente el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito, éste ha tenido un “ritmo paquidérmico, mientras que la erradicación
forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio,
evidenciando una enorme contradicción con lo pactado en el acuerdo de paz entre
el gobierno nacional y las FARC-EP”. Lo grave es que esto “ha alimentado la
zozobra, incertidumbre y desconfianza entre muchos de los habitantes del
Consejo Comunitario”.
Fue este
escenario, insiste Jerez, el que llevó a esta grave equivocación del Gobierno y
a los excesos de fuerza cometidos en medio de la estrategia de erradicación.
Por eso, el vocero de la Coccam pide “una investigación exhaustiva y que los
funcionarios públicos responsables de estos asesinatos vayan a los estrados
judiciales”.
La
continuidad de la violencia pone en jaque la paz
Para
Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC),
“la masacre de los campesinos en Tumaco es lamentable en tiempos en que se
viene hablando de paz, de solución política negociada y de que la vía
civilista, y no los medios violentos, es la alternativa para dirimir los
conflictos que hay en la sociedad”.
Según
Herrera Duque algo muy crítico es que de manera gradual se ha venido
estigmatizando y criminalizando a los campesinos colombianos como responsables
del aumento de los cultivos de uso ilícito. Y, en ese sentido, es muy malo el
mensaje que manda la fuerza pública con actuaciones como la sucedida en Tumaco.
Al
respecto, el sociólogo e investigador social, Max Yuri Gil, insistió en que lo
más necesario en este momento es la implementación de una comisión que
esclarezca la verdad de lo que pasó, y advirtió que “sería muy grave si se
confirma que la fuerza pública es responsable de la masacre, pero más grave aún
sería el hecho de que se haya intentado ocultar su responsabilidad. De modo que
si se comprueba la responsabilidad institucional, hay que castigar esto con la
mayor severidad”.
Por eso
el sociólogo hizo una alerta sobre la manera cómo, en general, viene actuando
la fuerza pública contra el derecho a la protesta. Y conectó su reflexión con
la violenta represión que vivieron los ciudadanos catalanes en España, durante
el referéndum de independencia. Aunque son contextos diferentes, y en el caso
de Tumaco se trata de un escenario convulsionado, la pregunta es: ¿Cuáles son
los límites de actuación de la fuerza pública en una sociedad democrática?
“Yo creo que en ninguno de los dos casos, ni
en España ni en Colombia, hay cuestionamientos a la existencia de la Fuerza
Pública ni al rol que cumplen como garantes, en un Estado de derecho, de unas
mínimas pautas de convivencia. Pero eso de ninguna manera significa que tengan
cartas para hacer cualquier cosa”, explicó Max Yuri.
Para
concluir, Diego Herrera planteó que la masacre de Tumaco, es “un acontecimiento
que genera un ambiente de mucha hostilidad y reitera que en Colombia los
campesinos y campesinas son el sector más vulnerable frente a cualquier
alternativa de paz y frente a los riesgos que significan el actual acuerdo con
las FARC y el eventual acuerdo con el ELN. O sea, que las fuerzas oscuras y la
guerra sucia, se pueden enfocar hacia la población campesina, y justificarse en
este tipo de acciones del Estado sobre la base de la estigmatización”.
Con este
panorama la situación es preocupante si se tienen en cuenta otros hechos que
vienen sucediendo en el país como la avanzada de los grupos paramilitares, el
asesinato de miembros de las FARC en proceso de reincorporación, y las
agresiones y asesinatos sistemáticos de líderes y defensores de derechos
humanos; el hecho más reciente fue la muerte a manos de paramilitares del líder
indígena Ezquivel Manyoma del Pueblo Emberá Dobida del resguardo Dabeiba
Queracito, en el municipio Medio Baudó, departamento de Chocó, ocurrida este
fin de semana.
El papel de los grandes medios
Un asunto
sobre el que llamó la atención Max Yury, fue acerca del papel que han jugado
los grandes medios de comunicación en el cubrimiento de esta masacre, “porque
yo llamo la atención sobre el tratamiento diferencial que reciben las víctimas
de acuerdo al victimario. Si esto lo hubieran hecho la guerrilla del ELN o la
disidencia de las FARC, los medios le estarían dedicando las 24 horas del día
al tema, ya conoceríamos las identidades de las víctimas, sus historias
familiares, todo el impacto sobre sus proyectos de vida. Pero me llama mucho la
atención el silencio y los eufemismos que han construido sobre lo que pasó, que
son: en oscuros incidentes, en asuntos por establecer, víctimas de la
violencia… Yo la verdad creo que estamos ante una masacre cometida por las
autoridades institucionales y me parece que hay que exigir y no bajar la
demanda sobre lo que pasó”.
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