Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Carlos Soria Galvarro
Una antigua costumbre de Ernesto Guevara de la Serna, incluso antes de ser el Che, era registrar por escrito sus andanzas en el mundo. De ese modo tenemos el llamado Diario de motocicleta sobre su primer viaje por América Latina; su diario Otra vez, de su segundo viaje iniciado en dirección a Bolivia en julio de 1953; y sus diarios de las campañas bélicas en las que participó: Cuba, Congo y Bolivia. Siendo apenas apuntes escuetos del acontecer cotidiano, no destinados a publicarse, los dos primeros le sirvieron, sin embargo, para montar relatos más detallados y reflexivos, conocidos como Pasajes de la guerra revolucionaria.
Su diario de Bolivia, ya se sabe, no pudo alcanzar ese final. La vida del Che acabó aquí, y mientras sus restos permanecían en una fosa común, su diario recorrió los caminos más azarosos e inverosímiles. A pocos meses de su muerte, cuando autoridades bolivianas negociaban un monto millonario para permitir su publicación por editoriales extranjeras, copias fotostáticas del documento llegaron a Cuba y permitieron una resonante publicación simultánea en varios países. A partir de entonces, julio de 1968, ha sido publicado y traducido innumerables veces y sigue atrayendo multitud de lectores.
Quedaron los manuscritos originales como trofeos en manos de las Fuerzas Armadas. Pero fueron robados a fines de 1983 y aparecieron en una casa de remates de Londres. La embajada boliviana entabló un juicio que no solamente logró detener la subasta, sino que recuperó el material considerado patrimonio histórico documental de Bolivia. Los papeles retornaron al país y fueron depositados por la Cancillería en una gaveta de seguridad del Banco Central de Bolivia, en septiembre de 1986. Obviamente ese no es el lugar más apropiado para custodiar y conservar semejante documento. Ha llegado la hora de tomar una decisión al respecto.
Luis Oporto Ordóñez, experto en archivística, docente de la carrera de Historia de la UMSA y miembro del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la Unesco-Mowlac, sostiene: “Consciente del valor que contienen los documentos oficiales del Estado, la legislación boliviana prescribe que éstos son de propiedad de las instituciones que los producen dentro del ejercicio de sus funciones y conforman por esa razón su calidad de memoria institucional, lo que obliga a custodiarlos y administrarlos dentro de los archivos institucionales. Sin embargo, pasado el tiempo, ellos pierden sus valores primarios (administrativo, fiscal y legal), es decir, dejan de ser esenciales para las instituciones que los han producido y para las personas que intervienen en los procesos sustanciados en los expedientes archivísticos. Pero, a pesar de perder sus valores primarios, adquieren un importante valor para la sociedad en general, transformándose en memoria colectiva y, por tanto, de interés general”.
El especialista consultado remarca “(...) el Art. 237 de la CPE establece, como obligación de la función pública, el de ‘inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin sustraerlos ni destruirlos’”. En cambio, la memoria histórica —dice Oporto— debe ser custodiada en los archivos históricos y está comprendida dentro del Art. 99 de la CPE, que determina que la riqueza histórica y documental es patrimonio cultural del pueblo boliviano, por lo que la declara “inalienable, inembargable e imprescriptible”.
¿Cuál es la “edad” de un documento público para ser considerado de valor histórico?, pregunta el archivista. Y responde, el DS 5758, del 7 de abril de 1961, instruye la “transferencia al Archivo Nacional de Bolivia la documentación oficial y nacional existente en reparticiones del Estado con más de 35 años de uso”. Más claro, agua.
Han pasado no 35, sino 50 años de los acontecimientos. Los manuscritos originales del Diario del Che en Bolivia deben terminar su penoso peregrinaje y llegar a la ciudad de Sucre, donde está instalado el principal archivo histórico de nuestro país.
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