Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Días
atrás, un diputado oficialista denunció que la Administración Autónoma para
Obras Sanitarias de Potosí (Aapos) desvía a los ingenios mineros parte del
escaso caudal de agua que colecta. Meses de racionamiento de agua para el
consumo humano en la ciudad y un reciente incremento en las tarifas demuestran
que las prioridades están confundidas.
En
efecto, en la inspección del asambleísta, en la que se constató que de un
caudal de 190 litros por segundo (l/s) de agua solo 140 llegan a la ciudad,
infiriéndose que los otros 50 l/s son destinados a la industria minera; la
Aapos reconoció entonces que comercializa entre 15 y 20 litros por segundo de
agua a los ingenios a un precio superior, y no la cantidad estimada por el
legislador.
Antes
de la citada inspección, un investigador del tema en la Universidad Tomás Frías
descubrió que años atrás la empresa local de agua y saneamiento había facturado
solo a 23 de 63 ingenios a los que distribuía el agua, revelando malos manejos
en la empresa, que desde fines de 2015 registra una captación
significativamente menor a los 300 l/s que la ciudad capital potosina requiere.
Enterada
de la situación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua y
Saneamiento (AAPS) hizo su propia indagación cuyos resultados fueron difundidos
por su director ejecutivo, quien reconoció que hay “una extracción un tanto mayor
a la que está autorizada la empresa”. Pues entre el 2,5% y el 8% del suministro
que capta la compañía de agua no llega a la ciudad, donde desde 2016 hay
racionamiento en la parte alta, en la que están siete de los 13 distritos
urbanos.
La
situación, anunció la autoridad, merecerá una sanción, que será agravada por
“deficiente ampliación de la normativa para el acondicionamiento de las
tarifas”, que en mayo pasado fueron “recategorizadas” para todos los tipos de
usuario del servicio, representando incrementos de hasta dos y tres veces en
las facturas de los usuarios domésticos, justo cuando el racionamiento estaba
en su peor momento. La medida quedó sin efecto a fines de junio por
intervención de la AAPS.
Resta
saber si la imposición de multas a la empresa, que por lo visto no atraviesa su
mejor momento económico, redundará en mejor provisión del servicio en la
ciudad, habida cuenta, además, que la minería, al ser la principal actividad
económica del departamento, tampoco puede paralizar actividades por falta de
agua.
Hay,
pues, un problema mayúsculo en Potosí y por lo pronto no se ven señales de que
la población esté siendo considerada como prioritaria en la búsqueda de
soluciones. Toca a las autoridades, comenzando por el gobierno municipal
potosino y terminando en la AAPS, reordenar las prioridades y pensar primero en
las personas. Que la industria minera siga usando un recurso que debe llegar
primero a la población debería ser motivo para la misma indignación que otros
temas de la coyuntura provocan estos días.
Publicado
en la editorial del periódico La Razón
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