Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Al momento de asumir como el nuevo presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja declaró:"hemos recibido del Gobierno nacional el desafío de ampliar las inversiones para incrementar la frontera agrícola… los productores en su conjunto estamos dispuestos a asumir ese desafío”.
Inmediatamente después puso sobre la mesa cuatro condiciones: liberación de las exportaciones, acceso a semillas transgénicas, mejoramiento de la infraestructura productiva, y seguridad jurídica.
De estas cuatro condiciones, la liberación de las exportaciones es el punto neurálgico de desacuerdo entre empresarios y Estado, pues en el resto de los temas las posiciones son más cercanas y la oposición surge más bien desde las organizaciones sociales y otros sectores de la sociedad civil.
En lo que respecta a la liberación de exportaciones, el vicepresidente ya había señalado la postura gubernamental un par de meses antes: "Hay cupos de exportación porque es el mecanismo que tenemos como Estado para garantizar el abastecimiento, en primer lugar. No quisiéramos que haya cupos, quisiéramos dejar abiertas las exportaciones, pero hay un problema que tenemos, corremos el riesgo de desabastecer el mercado interno”.
Esta controversia comenzó en 2008, tras la aprobación del Decreto Supremo 29460 que dio inicio a la política estatal que condiciona las exportaciones de ciertos productos agrícolas a la satisfacción de la demanda interna, y que se operativiza mediante la emisión de cupos de exportación.
Las primeras reacciones del empresariado ante esta política fueron de confrontación directa, calificándola de "nefasta” y de una "traición a la patria”, aunque paulatinamente optaron por otras salidas: buscar su anulación mediante el "lobby”, etc. En todo caso pasó a convertirse en la principal demanda del sector. Para los empresarios, la persistencia de la medida ha significado la necesidad de negociar constantemente los cupos de exportación.
Hay que decir, sin embargo, que la experiencia ha demostrado que, en ausencia de esta medida, los empresarios priorizan el mercado externo y tienen muy pocos reparos respecto al impacto en el abastecimiento interno de alimentos.
En un nivel individual/cotidiano, la marcada inclinación de los empresarios hacia los mercados internacionales puede atribuirse a fríos cálculos de costo/beneficio, pero quizás sería más apropiado elevar el nivel de abstracción e interpretar esta inclinación, además, como una práctica inherente a los intereses del agronegocio.
¿Qué es el agronegocio?
El agronegocio no se reduce a los extensos surcos de monocultivos avanzando ferozmente sobre el bosque. Se trata más bien de un proyecto agrario de escala global que surge en los años 70 como consecuencia de dos grandes dinámicas: 1) la intensificación de la competencia en el comercio internacional de alimentos, que terminó reemplazando el régimen alimentario "mercantilista” que EEUU había promovido desde después de la Segunda Guerra Mundial, y 2) los cambios en la geografía de la producción agroindustrial, con el surgimiento de nuevos actores globales como Brasil y Argentina.
En esencia, el agronegocio instala una articulación compleja de capitales en torno a cadenas de valor relacionadas con la producción agrícola, que van desde la fabricación de insumos (maquinaria, agroquímicos, transgénicos, etc.) hasta los canales de comercialización y las corporaciones de supermercados.
En palabras de Harriet Friedmann, las corporaciones se convierten en "los mayores agentes globales intentando organizar condiciones estables de producción y consumo que les permitan planificar inversiones, obtener materias primas agrícolas, y asumir su comercialización”.
Como forma avanzada del capitalismo agrario, el agronegocio además ha buscado reenfocar el uso de la tierra en función de las ganancias corporativas, afectando de este modo el "derecho a la alimentación”, tal y como lo denunció el ex-relator especial de las Naciones Unidas para la causa, Olivier De Schutter. El caso emblemático en este sentido es el de los agrocombustibles, aunque sucede algo similar con los llamados cultivos flexibles, como la soya o la palma aceitera, que por su versatilidad pueden ser utilizados tanto para fines alimenticios como en la elaboración de productos no alimenticios.
En el plano local, el agronegocio toma formas específicas en función a las condiciones geográficas e históricas con las que interactúa; sin embargo, continúa orientando la agricultura hacia el beneficio de los intereses del capital transnacional.
Incoherencia entre discurso e interés
Volviendo al caso cruceño, es posible identificar un entramado de intereses fuertemente ligados al agronegocio global, los que orientan constantemente la producción agrícola hacia el mercado exterior.
Destacan cuatro corporaciones -ADM-SAO, Cargill, FINO y Gravetal- que controlan el 67% de la capacidad de molienda y el 77% de las exportaciones de soya.
El reclamo de los empresarios por "el derecho a la exportación” puede también ser interpretado como una reivindicación de estos intereses.
No obstante, el discurso construido desde el sector y sus operadores mediáticos invisibiliza estas relaciones y más bien pretende presentar a los empresarios como paladines de la "soberanía alimentaria”.
Resulta pues paradójico que el nuevo eslogan de Anapo, "producimos alimento para Bolivia” solo se sostenga en la medida en que el Estado mantenga la restricción de las exportaciones, política que el sector quiere, como prioridad fundamental, eliminar.
Y es que, si de prioridades de inversión se trata, las propias cifras del gremio dan cuenta de que el desarrollo de la soya ha sido su verdadera apuesta en los últimos veinte años y que la producción de otros cultivos estratégicos para el país, como por ejemplo el trigo, se realiza más por la necesidad de rotación en determinadas condiciones edafo-climáticas, que por un compromiso con la alimentación de los bolivianos.
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