¿Qué hacer con nuestro sistema carcelario?

Por: Rafael Puente

Después de la tragedia de Palmasola, todo el mundo se pregunta qué hacer con nuestras penitenciarías, y surgen propuestas (como la del indulto masivo) que no dejan de ser laudables, pero que no van al fondo de la cuestión. 

La tragedia vivida en la cárcel de Santa Cruz debería impulsarnos a tomar decisiones estructurales (o por lo menos a no hacernos ilusiones respecto de medidas paliativas), y lo ocurrido demuestra que tampoco es suficiente tener un director nacional de Penitenciarías con vocación, dedicación y conocimiento de la problemática, como es el caso de Ramiro Llanos. ¿Cuáles son pues los problemas fundamentales de nuestro sistema penitenciario?

Primero, la concepción misma de la justicia ordinaria, vale decir la que hemos heredado de la Colonia y de los modelos occidentales, que parte de la convicción evidentemente ordinaria de que la solución a todos los problemas es encerrar a la gente (en cárceles a los que delinquen, en manicomios a los que pierden la razón, en campamentos de refugiados a los fugitivos, en espacios cerrados a los apestados, en hogares a los niños y niñas abandonadas), y está demostrado que ésa no es la solución a los problemas, sino que los agrava. 

En nuestra Constitución se abría una esperanza con la afirmación de que la justicia indígena comunitaria tiene el mismo rango que la ordinaria y, por tanto, que podríamos ir aprendiendo de aquella para ir cambiando ésta. Sin embargo la llamada Ley de Deslinde nos cierra esa esperanza al declarar que la justicia indígena es nomás de segunda categoría y que la fundamental sigue siendo la ordinaria. Éste es pues el tema estratégico que a largo plazo deberíamos resolver.

Segundo, el sistema judicial esencialmente lento, burocrático e inhumano, que hace posible que una persona pase años e incluso decenios en la cárcel hasta que se compruebe que no había razones para ello, sin que nadie responda de semejante crimen. 

Esta sistemática y famosa retardación de justicia es la que repleta las cárceles, cuya población en un 85% está ahí sin condena, como quien dice “por si acaso”. Se suponía que íbamos a cambiar el sistema judicial, para eso hemos elegido con voto popular a sus nuevas autoridades, pero parece que todo sigue igual. Y esto sí que podríamos resolverlo a corto plazo, probablemente lo que falta es voluntad política y también presupuesto judicial, o sea, otra vez voluntad política.

Tercero, y como agravante del problema anterior, la Ley 1008, que ha más que duplicado la población carcelaria, un problema cuya solución probablemente sea más difícil que la anterior, ya que supondría desafiar la hipocresía mundial respecto de las drogas y su consumo. En todo caso, nuestra soberanía debería llegar a la modificación de la 1008 y, por tanto, a la disminución fundamental del número de personas internas en las penitenciarías.

Cuarto, la Policía Nacional, que no es la causante única de las desgracias de nuestro sistema penitenciario, pero sí constituye una de sus causas principales. Y esto tiene dos componentes: por una lado la necesidad de transformación estructural de la institución del orden (todo el mundo sabe que son funcionarios policiales los que dejan pasar armas, drogas e información al interior de los penales), y, por otro, la dignificación de la Policía, pues mientras los policías que cuidan las cárceles vivan en condiciones peores que las de los internos, no hay esperanza de que cambie su comportamiento.

Quinto, la falta de voluntad política para destinar al sistema penitenciario el presupuesto necesario, antes que destinar el dinero que tenemos para el rally Dakar, o a la compra de más aviones gubernamentales, a la construcción de canchas de pasto sintético o engomadas. 

El Vivir Bien ¿no privilegia precisamente el bienestar de las personas, de todas las personas, y en particular de las que por alguna razón están condenadas a sufrir más?

Y los niños que viven en las cárceles? De eso hablaremos otro día…

El autor es miembro del Colectivo Urbano Para el Cambio

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