Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
(Primera parte)
El gobierno está dando pasos firmes para desentenderse de su programa anticapitalista y antimercantilización de la naturaleza y pasar a abrazar con más fuerza el extractivismo. Justificar y defender esta transición radical no es una tarea fácil pero el gobierno ha comenzado a ocuparse de ello en los últimos añosi. Como era de esperar, antes que una explicación sistemática sobre por qué es mejor la mercantilización intensificada de los recursos naturales –y cómo ello conduce al Vivir Bien– predomina el hostigamiento a quienes cuestionan este viraje.
La defensa del extractivismo desde una opción confrontacional implica descalificar a los movimientos ambientalistas, como si con ello fueran a desaparecer los problemas de nuestro patrón de desarrollo primario exportador. Los ecologistas están acusados de estar dedicados a cuidar los intereses de los países ricos, es decir serían simples cómplices de los mayores culpables del calentamiento global. Además, estarían en contra de los intereses nacionales por obstaculizar el desarrollo económico y la puesta en marcha de programas de industrialización para la lucha contra la pobreza. Álvaro García Linera, en su ensayo “Medioambiente e igualdad social”, además de reiterar su cuestionamiento al eco-imperialismo, enjuicia el ecologismo elitista que ignora los problemas sociales, pero no lo hace para exigir justicia ambiental, medidas más firmes de los países dominantes para la lucha contra la degradación ecológica o para avanzar en el análisis sobre acumulación y desposesión sino su escrito es, fundamentalmente, un alegato en defensa del extractivismo con inclusión socialii.
La intención en este texto es retomar un punto fundamental que a menudo es ignorado: el extractivismo propugnado por el gobierno, ahora con licencia para contaminar, tiene limitaciones e inconsistencias severas en su formulación como programa de desarrollo, en mucho porque sigue siendo funcional al sistema económico global, al capitalismo destructor de la naturaleza y adicto al crecimiento ilimitado.
La intensificación del extractivismo
El abandono de las políticas (no del discurso) de protección ambiental y la intensificación del modelo extractivista ocurren en un periodo de tiempo breve y marcado por procesos políticos y económicos solapados. Para muchos, el conflicto por el TIPNIS de 2011 que enfrentó a los indígenas y al gobierno marca el punto de inflexión, el momento de retrocesos en las políticas ambientales y de adopción abierta de la economía extractivista. Algunos ejemplos de la intensificación extractiva son las nuevas y flexibles regulaciones para facilitar proyectos de exploración y explotación petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas o la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque. Para alcanzar el objetivo de generar riqueza mediante la industrialización se ha puesto en marcha la construcción de megaobras como la planta de fertilizantes de Bulo Bulo (862 millones de dólares, la inversión más alta en la historia de Bolivia), el proyecto siderúrgico El Mutún, el aeropuerto intercontinental o hub de Viru Viru o las hidroeléctricas El Bala y el Chepete.
El inesperado fin del superciclo de precios altos de materias primas (2011-2013) influyó decisivamente en la decisión gubernamental de compensar las pérdidas económicas por mayores volúmenes de producción. Los proyectos de industrialización también se ampliaron a la creación de una empresa estatal de producción de alimentos, una planta industrial de carbonato de litio, otra planta de propileno y polipropileno, una ciudadela de investigación nuclear y otrosiii. Dado que estos y otros proyectos necesitan más renta extractiva, el gobierno acabó por decantarse por una mayor dependencia del modelo primario-exportador. Así, el extractivismo acabó siendo un imperativo económico y político.
En medio de estas medidas económicas puede resultar curioso que el discurso ambientalista del gobierno perviva, especialmente frente a la audiencia global cuestionadora del pésimo papel de los ricos para detener el desastre ecológico y frente a las clases subordinadas. Pero tiene una razón de ser. Por un lado, es un instrumento retórico para conservar su imagen de gobierno indígena y legitimarse como una opción política adscrita al movimiento “Otro mundo es posible”. Por otro lado la intención es, por supuesto, persuadir e influir en la opinión pública para dar por sentado que los movimientos ambientalistas y antiextractivistas tienen nexos con el eco-imperialismo, al igual que las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las contradicciones del gobierno. Esta asociación ligera busca desacreditar a las voces disidentes, despejar el camino de obstáculos y resistencias para mantener en marcha las nuevas iniciativas económicas. Desde esta mirada, los ambientalistas son enemigos de los pobres.
Los activistas son retratados únicamente como idealistas de la ‘naturaleza sin humanos’, que soslayan la importancia del desarrollo económico. Por supuesto que existen movimientos ambientalistas que califican de enemigos de la naturaleza a ciertos grupos poblacionales, específicamente a los campesinos andinos a menudo estigmatizados como “tomatierras” o “depredadores”, pero la realidad es algo más compleja que la oposición binaria de naturaleza y humanos. Una prueba de ello son las múltiples experiencias de gestión integral de territorios y comunidades en áreas protegidas.
Para que el extractivismo tenga la categoría de política de Estado, el gobierno asevera que las prácticas extractivistas son imprescindibles para sostener los programas sociales, en especial las transferencias monetarias hacia los sectores pobres y vulnerables. Dado que los problemas económicos y sociales siguen azotando a la sociedad boliviana, desde el poder se insiste que oponerse a la mercantilización de los bosques, áreas protegidas o territorios indígenas sería una posición atentatoria contra los intereses nacionales y de las mayorías.
En perspectiva, el extractivismo sería una manera de alcanzar de forma escalonada tres grandes etapas de desarrollo: industrialización con excedentes económicos e inclusión social, crecimiento con reducción de impactos ambientales y, por último, una sociedad con “mayor capacidad técnico-productiva para el control de los procesos globales de producción”iv. En estos términos acaba siendo un patrón de desarrollo ideado por un movimiento político; en consecuencia, la interpretación literal o mecanicista –acción extractiva o de extraer– deja de tener relevancia analítica y lo que importa es su connotación como tendencia a intensificar la actividad extractiva, a modo de una condición originaria para instaurar un particular sistema económico y social de creación de riqueza.
Grosso modo, la jugada consiste en superar el extractivismo con más extractivismo, donde el Estado debe ser el protagonista central en calidad de estratega y promotor de procesos económicos y redistributivos. No hay una estimación específica del tiempo que tomaría este proceso. El año del bicentenario, 2025, está marcado en el calendario como hito para que todas las exportaciones tengan valor añadido y según algunas declaraciones públicas, el cambio del patrón de acumulación probablemente lleve unas dos décadasv.
Notas:
i Álvaro García Linera (2012): “Una vez más sobre el llamado “extractivismo”. En “Geopolítica de la Amazonía: Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista”. Vicepresidencia del Estado Plurinacional-Bolivia.
ii Álvaro García Linera (2017): “Medioambiente e igualdad social” https://goo.gl/drT3wH
iii Gobierno de Bolivia (2016: 3-6): “Plan de desarrollo económico y social 2016-2020: en el marco del desarrollo integral para vivir bien”. http://www.planificacion.gob.bo/pdes/25/05/2016
iv Ver el primer texto de esta lista de referencia, p 109
v Carlos Corz (2016) “García Linera dice que Bolivia ganó una década y perfila 20 años de extractivismo”. La Razón Digital. https://goo.gl/uYhl9U 18.08.2016
y Twitter: @escuelanfp
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