Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Yo
aborté, y estoy viva para pedir la despenalización del aborto. Era muy joven y
sencillamente no quería tener un hijo. Y si cambias el argumento por “soy muy
pobre” “fui violada” “ya tengo muchos hijos”, una de cada diez mujeres en
Bolivia ha tenido un aborto. Pero no todas sobrevivieron para ocultarlo. En el
país, según datos estimados por el Instituto Nacional de Estadística, cada año
se producen 40.000 abortos, y esta cifra es muy conservadora frente a las
investigaciones diversas que nos hablan de 80.000 interrupciones de embarazos
no deseados cada año, que provocan aproximadamente 480 muertes.
Por
esto, estoy harta de que al hablar del aborto todos tengan derecho a opinar:
los jueces, las iglesias, los diputados, mi vecino del frente... menos las
mujeres que se han sometido a un aborto. Seamos claros, si un embarazo no es
deseado, las mujeres buscarán interrumpirlo así sea pecado, esté penalizado o ponga
en peligro su vida.
En
1994, cuando en Bolivia se presenta el informe sobre el avance de las mujeres
rumbo a la Cuarta Conferencia Mundial de Beijín, se denuncia que “los problemas
asociados al aborto constituyen una de las principales causas de muerte de
mujeres, ocasionando 15% de la mortalidad materna”. Veinte años después, las
cifras no han variado; en el país cada día se producen más de 200 abortos
clandestinos, y si la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia estima 60
muertes por cada 10.000 abortos, estamos hablando de por lo menos una mujer
muerta cada día.
Pues
sí, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional se toma “el tiempo que
requiera” para realizar su análisis, cada día que demora su decisión, 200
mujeres se someten a intervenciones ilegales, insalubres y de alto riesgo,
desafiando la discusión de los magistrados.
Si
reconocemos como sociedad que las mujeres son ciudadanas libres, titulares de
derechos, deberíamos también reconocerles el control sobre sus cuerpos. Cuántos
hijos tener y su espaciamiento es un factor central en la autonomía de las
mujeres, y no debe ser el Estado y sus instituciones los que definan por ella.
Así, una mujer debe poder ejercer su libertad de conciencia para decidir tener
o no tener un aborto.
Por
otra parte, el acceso a un aborto seguro en Bolivia es un tema de injusticia
social. Interrumpir el embarazo en condiciones de higiene y seguridad está
condicionado por la capacidad económica de las mujeres.
Y
es que el aborto no es un problema penal, corresponde más bien al campo del
derecho a la salud. El número de mujeres que muere cada año por abortos
realizados en condiciones inseguras debería ser suficiente para su
despenalización y abordaje como medida sanitaria en los hospitales públicos.
Tal vez en esta discusión el único consenso es que todas y todos queremos
prevenir los abortos, y ello sólo es posible a través de una amplia educación
sexual y acceso a diversos métodos anticonceptivos.
La
autora es cientista social.
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