Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Paraguay
Por: José Antonio
Vera
Sin enfrentamientos armados con el ejército, sin documentación que explique
a la ciudadanía sus fundamentos ideológicos y objetivos, sin que nadie
responsablemente pueda ofrecer datos concretos de sus fuentes de financiación,
hace década y media que la derecha política y empresarial paraguaya, a través
de los medios de comunicación afines, sostiene que el enemigo público número
uno es el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
Esa sigla comenzó a sonar hace años luego de que algunos militantes
periféricos del Movimiento Patria Libre -desbaratado tras el secuestro de su
líder Juan Arrom por los servicios secretos-, una vez caídos en manos de la policía,
se declaraban, voluntariamente o no, revolucionarios, incluso en exceso. Hay
mujeres y hombres presos desde entonces y en muy malas condiciones de
detención. Tras la nebulosa inicial, y al comenzar a producirse algunos
secuestros de hacendados y la muerte de algún policía o civil, todo el arsenal
derechista se ha volcado a colgarle al EPP la autoría, sin ninguna prolijidad
para presentar pruebas verificables hasta el día de hoy, lo cual abrió las
puertas a la hipótesis de que toda la historia de la tan mentada guerrilla
podría tratarse simplemente del accionar de una organización criminal montada
en el mundo del narcotráfico y el acaparamiento de tierras, con el objetivo de
recaudar dinero y desestabilizar políticamente al país, dando razón a la intervención
extranjera, es decir, de Estados Unidos.
Con la llegada a la presidencia del empresario Horacio Cartes, el jueves
15, de nuevo arrecia la campaña contra esa presunta organización, tras el
asesinato, apenas dos días después de la asunción de Cartes, de cuatro agentes
de seguridad privada y de un policía en una estancia de un ciudadano brasileño
en el nororiental departamento de San Pedro. Tres días antes había sido
acribillado el dirigente campesino Lorenzo Aquino.
La respuesta inmediata del nuevo ministro del Interior, Francisco de
Vargas, director del servicio antidrogas hasta unos días antes de ser
designado, fue la de pedir ayuda militar a Estados Unidos, lo cual ha generado
particular inquietud entre algunos sectores sociales, pues ya existe preocupación
por la creciente injerencia de esa potencia en los asuntos internos de
Paraguay, con el agravante de que su accionar cuenta con agentes
contrainsurgencia de Colombia y expertos israelitas en contraterrorismo,
contratados por Cartes hace unos meses.
En el balance de los años de su presunta vida no se registra en el haber
del EPP ninguna acción netamente revolucionaria, por el contrario ha sido
siempre un pretexto muy rentable para la represión de las organizaciones
campesinas y las 250 mil familias de labriegos convertidos en parias.
A juicio del ingeniero Miguel Lovera, ex presidente del Servicio Nacional
de Sanidad Vegetal y Calidad de Semillas, con rango de ministro durante el
gobierno de Fernando Lugo, y convertido en enemigo mayor de las corporaciones
trasnacionales del agronegocio, "aquí se está aplicando el mismo libreto
del Catatumbo colombiano, que están bajando al Tacuatí paraguayo":
criminalizar las luchas campesinas, la eliminación selectiva de dirigentes, la
intimidación de la población en general, despoblar áreas rurales para asegurar
más espacio a los latifundios, la militarización del territorio y, la guinda de
la torta, la intervención de agentes extranjeros contra el terrorismo y el
narcotráfico.
En Paraguay menos del 3 por ciento de la población ocupa el 85 por ciento
de las mejores tierras agrícolas en los 400 mil quilómetros cuadrados de la
geografía nacional, en la más desigual tenencia de toda Sudamérica, con
latifundios de un millón de hectáreas y con unos ocho millones de éstas
ocupadas ilegítimamente.
Desde que se anuncia la existencia del EPP, todos los males del país son
generados por esa terrible organización guerrillera. Nadie muestra pruebas de
su existencia, pero de inmediato se caratula como otra acción criminal de los
subversivos a cada secuestro de hacendado o ataque a algún policía o a alguna
comisaría en cualquier sitio del país, en particular en los departamentos del
noreste, territorio ocupado por la mafia del tráfico de drogas, seres humanos,
maquinaria, vehículos, tabaco, cigarrillos, madera en bruto. Abundan signos que
también permiten presumir ajustes de cuentas entre capos mafiosos.
El fiscal Jalil Rachid mantiene en prisión desde hace 14 meses a una docena
de campesinos a quienes acusa de responsabilidad en la masacre de Curuguaty, el
15 de junio del año pasado, usada como pretexto para dar el golpe de Estado
contra el gobierno progresista de Lugo a la semana siguiente. Once campesinos
-cifra oficial, pero mayor según los familiares- y cinco policías murieron ese
día en una emboscada en el paraje de Marina Cué, 1.800 hectáreas ocupadas
ilegalmente desde hace cuatro décadas por la familia Riquelme, una de las más
acaudaladas del país, vinculada a la cúpula del hoy gobernante Partido
Colorado. Rachid sostiene que es deber de los presos políticos demostrar su
inocencia. Lo mismo piensa el nuevo ministro de Defensa, destituido por Lugo,
Soto Estigarribia, para quien el país, gracias al Partido Colorado, está muy
bien, "con apenas un millón y pocos de pobres extremos".
En su opinión, Lugo fue derrocado "en un juicio político que hubo que
hacerlo rápido porque existía posibilidad de movilización de masas". Otro
que le sigue de cerca es el ex ministro del Interior, Nelson Alcides Mora,
partidario de "reflotar la Guerra Fría para frenar el comunismo".
Esos exabruptos están resurgiendo con fuerza con el retorno colorado al
gobierno, y van de la mano de una intensa utilización del EPP, sigla a la cual
la policía le atribuye 20 muertos, entre civiles y policías, desde que comenzó
su difusión, frente a más de 130 campesinos.
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