Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Eduardo Paz Rada
Los partidos neoliberales, sus voceros
oficiales y oficiosos, los medios de comunicación controlados por las
oligarquías locales y los incautos opositores de distinto talante, atraídos por
el discurso de “todo vale contra el gobierno de Evo Morales”, pretenden
posicionar el fracaso de las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre
con un doble objetivo: mantener la influencia de los ricos y poderosos en los
estrados judiciales marcados por fuertes corrientes de corrupción y negligencia
e intentar formar un bloque político que sume distintas tendencias y posiciones
con miras a las elecciones generales de 2019.
Es indudable que el sistema judicial
boliviano arrastra décadas, e incluso siglos, de crisis y administración
deficiente afectando a miles de litigantes, especialmente los más pobres y
excluidos de la sociedad, que se convierten en víctimas de extorsión,
“chicanerias”, retardación de justicia, entre otros actos viciosos, de una red
que va desde la presentación de un memorial, hasta el dictamen de una
sentencia, pasando por las instancias policiales y de la fiscalía.
El mayor esfuerzo por realizar una
reforma del poder judicial se produjo con la aprobación de la nueva
Constitución Política del Estado en 2009, después de la realización de la Asamblea
Constituyente, incorporando, por una parte, la figura de las elecciones
directas de los más altos cargos de los órganos de la justicia boliviana
mediante el voto ciudadano previa selección de la Asamblea Legislativa y, por
otra parte, la realización de reformas a los procedimientos y trámites en los
tribunales.
Sin embargo los resultados no fueron los
esperados, especialmente por las prácticas recurrentes en este importante campo
de la vida pública.
El problema requiere un análisis
estructural y profundo acerca de las prácticas en el ámbito judicial y
sobretodo iniciativas y respuestas de la población, de las organizaciones
sociales, de las instituciones, de los medios de comunicación, de los colegios
profesionales, de las universidades, de las distintas instancias de gobierno y
de las regiones, generando una cultura basada en la vigencia plena de los
derechos y obligaciones establecidas en la nueva Constitución.
Esta cultura requiere de al menos tres
condiciones: la primera es la amplia información y comunicación de todos los
aspectos centrales de la administración de justicia, de los derechos y
obligaciones de los ciudadanos y pueblos, de los alcances de las leyes y
procedimientos, acompañados de debates públicos, seminarios, conferencias y
programas obligatorios de radio y televisión en horas de mayor audiencia; la
segunda es la transparencia en todos los actos públicos con posibilidades de
conocimiento y divulgación de casos y situaciones que generen procesos de
aprendizaje y acumulación social; y la tercera es la vigilancia social y
comunitaria en las ciudades y el campo.
Si bien la participación en las
elecciones de autoridades no va a solucionar de inmediato el problema
estructural de la justicia boliviana, sin embargo va a convertirse en manifestación
de la voluntad soberana de la población al respecto y va a generar aportes
positivos que se vayan acumulando para construir social y estatalmente un
sistema judicial acorde a los principios fundamentales de la administración de
justicia que están vinculados a otros aspectos, también fundamentales, como son
la igualdad, la no discriminación, la no exclusión, la libertad y la decisiva
participación social en los procesos y la dinámica de reformas y transformación
que aún requiere el país.
Sociólogo
boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América
Latina.
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