Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Mauricio Quiroz Terán
Septiembre está marcado por la demanda
impetrada por Bolivia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que
Chile negocie “de buena fe” un acceso soberano al mar. Hace dos
años, el alto tribunal se declaró competente —precisamente en este mes— para
conocer el fondo del litigio y es muy posible que en 2018, más o menos dentro
de 12 meses, se conozca el histórico dictamen. Las dos naciones llegarán al día
del fallo tras haber agotado sus alegatos sobre el fondo de la demanda: la
obligación de negociar un acceso soberano al mar.
Siendo esa la recta final del proceso que
comenzó en 2013, Chile comenzó a recorrerla el viernes cuando presentó su dúplica,
el último documento que corresponde a las alegaciones escritas. Al igual que
Bolivia, esa nación debe prepararse para defender su tesis en las audiencias
orales que eventualmente se desarrollarán en el primer semestre de 2018.
En el último documento del proceso
escrito, Chile admite haber negociado con Bolivia en 1950, cuando ofreció mar
soberano a merced de un trasvase del agua del Titicaca a las áridas tierras del
desierto de Atacama. También confirma las fallidas conversaciones de 1975 sobre
el canje territorial que se dieron tras el “abrazo de Charaña”, cuando los
dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer se juntaron para resolver la
centenaria demanda marítima. Ambos aspectos del documento se deslizaron en Santiago a través
de la agencia EFE y medios chilenos.
El legajo fue presentado por el canciller
chileno Heraldo Muñoz, el agente chileno Claudio Grossman
y los coagentes Alfonso Silva y María
Teresa Infante, tras una andanada de mensajes emitidos para negar la solvencia
jurídica de la demanda boliviana.
“Si el fallo se limitara a plantear la
conveniencia de una negociación bilateral, Chile no tendría motivo para
oponerse (…). Incluso sin relaciones diplomáticas, siempre estuvo Chile
dispuesto a negociar. Obviamente, hay que entender que negociar no es imponer
una posición predeterminada”, le dijo a Animal Político José Rodríguez
Elizondo, director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, quien además es parte de un equipo de
asesores externos de la Cancillería del vecino país.
Pero, el propio Muñoz, tanto en una
entrevista que concedió al diario La Tercera como en la columna de opinión que
publicó el jueves El País de España, se refiere a estas negociaciones. A cambio
asegura que Bolivia no pudo demostrar la existencia de una “obligación
jurídica” por parte de Chile para encarar estas negociaciones. El viernes puso la cereza cuando aseguró que esas charlas eran “esporádicas”.
Aun a pesar de que el Tratado de 1904 no
figura en la demanda, la autoridad diplomática se aferró una vez más a este
documento en un anticipo de lo que serán los argumentos de su defensa oral en
el Palacio de la Paz. “Demandaron un derecho de acceso soberano en términos de
cesión territorial y luego terminaron diciendo que estaban dispuestos a alguna
modalidad práctica o una zona especial. No puedo ir más allá (porque los
argumentos escritos se mantienen en reserva). Nuestro alegato se sustenta
sólidamente en hechos y en el derecho. La integridad territorial de Chile está
garantizada y el Tratado de 1904 que establece el régimen jurídico de la
relación entre Bolivia y Chile no está ni estará en cuestión”, declaró Heraldo
Muñoz.
En esa misma línea, el agente Grossman
señaló, en una columna publicada por el diario El Mercurio, que Chile reiteró
en la dúplica “sólidos argumentos jurídicos” como el tratado suscrito en 1904
por ambas naciones, que incluye, entre otros puntos, “la inexistencia de una
obligación de negociar acceso soberano”.
Basada en la memoria y el contenido de
demanda boliviana, el fallo por el que la CIJ se declaró competente para tratar
este asunto (24 de septiembre de 2015), “recuerda que Bolivia no pide a la
Corte que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar ni que se
pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904” [párrafo 33].
Luego el tribunal concluyó que el objeto de la disputa es “si Chile está
obligado a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al océano
Pacífico y (…) si Chile la ha incumplido” [párrafo 34].
“Solo están reiterando los argumentos de
negar la demanda boliviana desde la conocida posición chilena, que desde los
años 90 intenta desconocer sus propios actos; cuyos efectos no resultan tan
fácilmente descartables. En todo caso, este debate se atenderá en la Corte (…).
Bolivia sostendrá sus argumentos con el respaldo de evidencias y razonamientos
jurídicos sólidos”, respondió el agente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo
Rodríguez Veltzé, en un contacto con esta redacción.
“La verdad es que dificulto que alguien
crea, seriamente, que ése (la modificación del Tratado de 1904) no es el
objetivo, mediato o inmediato. Me basta leer la Constitución de Bolivia”, anotó
Rodríguez Elizondo al aludir el artículo 267 de la Carta Magna promulgada en
2009.
Ante este debate, la internacionalista
boliviana Karen Longaric aclaró que “ni Bolivia ni Chile pueden modificar sus
tesis ni sus petitorios”, siendo la negociación “de buena fe” para una salida
soberana al mar la que corresponde al país. “Bolivia debe ratificar en las
audiencias la tesis expresada en su demanda, en la memoria y en la réplica,
reiterando su petitorio, tal cual lo planteó inicialmente. Debe fortalecer sus
fundamentos con coherencia argumentativa y solidez jurídica. Debe orientar sus
alegatos orales a demostrar que Chile tiene obligación jurídica de negociar con
Bolivia, en virtud de los antecedentes expuestos en la demanda judicial”,
precisó la experta.
Cuando concluya septiembre de 2018,
Bolivia y Chile seguirán siendo vecinos. Es posible que para entonces este tema sea “cosa juzgada” y
que el Tratado de 1904 aparezca para ser
cumplido a partir de un sistema de libre tránsito efectivo y de provecho para ambas naciones. ¿Renegociarlo es posible? “No (aún). Para modificar un tratado de frontera se requiere la
voluntad de las partes que lo firmaron”, opina Rodríguez Elizondo.
“Lo
ideal es que antes de 10 años lleguemos a un acuerdo saludable. Somos
vecinos, tenemos muchas cosas e intereses en común que deberían aproximarnos”,
concluye Longaric.
José Rodríguez Elizondo: La solución
no es solo bilateral
La fórmula judicial para zanjar la
demanda marítima está a punto de recalar en puerto. El fallo de la CIJ, inapelable, vinculante y de
cumplimiento obligatorio, puede abrir las puertas de una negociación que, de cualquier forma, requerirá de
voluntad política.
José Rodríguez Elizondo, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile,
espera un periodo “sin agresividad,
(...) una tregua”, tras el fallo de
2018. “Esto permitiría establecer las bases de una relación de
provecho mutuo, autosustentable, con una base de gobernantes sabios y una
diplomacia de negociación realista. Esto es, una diplomacia capaz de asumir que
una cesión soberana de territorio marítimo chileno, para Bolivia, no es un tema
solo bilateral”, afirmó con miras a la posibilidad de incorporar a Perú, el
tercer involucrado en la Guerra del Pacífico
(1879-1883).
“Habría que redimensionar el problema y
la solución, eso permitiría abrir un espacio marítimo que satisfaga plenamente
a Bolivia. Lo ideal es que antes de diez años lleguemos a un acuerdo
saludable”, apunta luego Karen Longaric.
Mauricio Quiroz Terán es periodista y
editor de Animal Político
y Twitter: @escuelanfp
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