Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Jérôme Duval
Cerca
de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, principalmente en los
países llamados “en desarrollo”. No obstante, en estos países, al menos 250.000
millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos
fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el
hambre hasta 2025. “Se ha calculado que entre el 85% y el 90% de esa riqueza
pertenece a menos de 10 millones de personas —apenas el 0,014% de la población
mundial—, y una tercera parte como mínimo pertenece a las 100.000 familias más
ricas del mundo, cada una de las cuales posee un patrimonio neto de 30 millones
de dólares como mínimo”, según el Estudio final sobre los flujos financieros
ilícitos de la ONU.
Son
entonces los más adinerados los que se aprovechan de la reducción de ingresos
fiscales por fraude, lo que perpetúa y empeora las desigualdades. Parece lógico
que los más ricos, que se aprovechan de los beneficios de sus empresas,
tendrían que contribuir con una redistribución a favor de los más pobres a
través del impuesto sobre los beneficios de estas empresas. Sin embargo, la
plusvalía generada por la explotación de la fuerza laboral se evapora en
territorios paradisíacos para la oligarquía que gobierna y legisla.
Se
trata de un robo organizado a gran escala –ilegítimo y no conforme a cualquier
idea de desarrollo humano– de una riqueza que pertenece a aquellos y aquellas
que la han creado con su trabajo, y que debería financiar los servicios
públicos. De hecho, el impuesto sobre los beneficios, así no redistribuido para
el bien común porque escapa al fisco, permite al capitalista optimizar la
plusvalía obtenida del trabajo intentando, ilegalmente o no, privatizar su
totalidad.
El
fraude obstaculiza el desarrollo
El
fraude y la evasión fiscal, que son practicados por las multinacionales
ayudadas por grandes sociedades de auditoría, sobre todo (los famosos big four:
Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y Price Waterhouse Coopers),
son una verdadera calamidad que entorpece el avance de un desarrollo real para
las poblaciones empobrecidas por estas políticas.
Esta
hemorragia de capitales impide la construcción de hospitales y el empleo de
médicos con salarios dignos; el equipamiento de escuelas a la altura del reto
acompañado de una contratación de profesores para reducir el número de alumnos
por clase; la implantación de redes de suministro de agua potable, etc. Para el
periodo 2008-2012, Global Financial Integrity estima que en 31 países en
desarrollo las salidas de fondos ilícitos fueron superiores a los gastos
públicos de salud, y que en 35 países en desarrollo fueron superiores a los
gastos públicos de enseñanza.
En su
informe Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013, la misma
organización constata que los países calificados de “en desarrollo” y las
economías emergentes perdieron 7,8 billones de dólares en los flujos
financieros ilícitos desde 2004 hasta 2013, con salidas ilícitas cada vez más
importantes, aumentando una media de un 6,5% al año, casi dos veces más rápido
que el PIB mundial.
Crecimiento
de las desigualdades
Tantas
necesidades evidentes y, sin embargo, indispensables para el avance de un
verdadero desarrollo se abandonan en favor de una clase oligárquica que no para
de enriquecerse. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
ha indicado que el 8% de la población mundial más rica recibe la mitad de la
totalidad de los ingresos, mientras que la otra mitad se reparte entre el 92%
restante. La riqueza concentrada en manos del 1% más rico ha ascendido al 48%
de la riqueza mundial en 2014 frente al 44% en 2010. Durante los últimos 20
años, las desigualdades de los ingresos han aumentado en los países en
desarrollo.
La
riqueza concentrada en manos del 1% más rico ha ascendido al 48% de la riqueza
mundial en 2014 frente al 44% en 2010
El
fraude fiscal merece un poco de seriedad, y sobre todo una justicia que
sancione a los culpables. En ello va el desarrollo de países empobrecidos por
el “sistema deuda”. En su informe, el experto independiente sobre la deuda de
la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la necesidad de combatir los flujos
financieros considerados ilícitos, que “contribuyen a la acumulación de una
deuda insostenible, porque la falta de ingresos públicos puede forzar a los
gobiernos a acudir a los préstamos exteriores”.
En vez
de endeudarse para hacer frente a esta hemorragia de capitales que constituye
el fraude fiscal, dichos flujos ilícitos privan a los Estados de recursos que
podrían financiar actividades indispensables para la eliminación de la pobreza
y para la consecución de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos.
Al
término de este informe, una resolución sobre la evasión fiscal y la necesidad
de devolver los activos malversados a los países calificados de “en desarrollo”
fue adoptada a nivel del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El 24 de
marzo de 2016, ningún Estado europeo votó a favor. Bélgica, Francia, Alemania,
Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Portugal, Albania, Eslovenia, Letonia,
Georgia, la República de Corea, la Ex-República yugoslava de Macedonia, México
y Panamá se abstuvieron.
Traducido
del francés por Sylia Amrarene y revisado por Fátima Martín.
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Jérôme Duval es miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas
(CADTM)
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y Twitter: @escuelanfp
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