Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
(Parte II)
Por: Elisa Medrano Cruz
En criterio de Campero
es indispensable tener pruebas y un certificado médico forense que avale la
muerte del padre en el marco del proceso iniciado por Melean. Este exoficial
denunció ante el Ministerio Público, en 2015, a seis militares de la época como
los autores de la muerte del reverendo, por lo cual el fiscal Genaro Quenta
abrió una causa que está en investigación. “Ni nosotros ni el fiscal Quenta
tenemos certeza de la muerte, es decir, no hay un certificado médico forense
que avale y dé la legalidad”, insistió el jurista.
Y detalló que es
necesario llevar adelante un estudio pericial criminalístico, de laboratorio,
de hematología, química, biología, genética, residuos, disparo, toxicología,
estudios periciales médicos legales, de informática y auditoría “para
fundamentar una posible sentencia de asesinato como delito de lesa humanidad
(...) Con qué documentación sentenciaríamos a 30 años sin derecho a indulto a
una persona si no tenemos un certificado médico forense que legalice la muerte
de ésta”.
Argumentó que el
protocolo de autopsia practicado en 1980 no es válido porque no equivale a un
certificado médico forense. “Se hace una autopsia normal común y corriente,
pero tiene que estar legalizada a través de un médico forense”, aunque al mismo
tiempo reconoció que “es un documento legal”.
¿Y los dos médicos
forenses que intervinieron no avalan el mismo? se le preguntó a Campero;
respondiendo éste: “No, porque los médicos que ahí se ponen como forenses no
han sido reconocidos por el IDIF, ésa es la traba que se tiene, por qué no se
lo hizo con la legalidad correspondiente (...) Hemos solicitado al IDIF
inclusive (si) estas personas tenían la posibilidad de dar esa categoría, pero
no están registradas como corresponde”, afirmó Campero.
¿Cómo podían esos
profesionales estar registrados en el IDIF en 1980, si éste recién fue creado
en el marco de la Ley 1970, Nuevo Código de Procedimiento Penal, en 1999?
Campero insistió en que
se realice un examen antropológico forense porque esa será la prueba para
sancionar al principal responsable de la muerte de Espinal que, según el
coronel Melean, es Jaime N. G. Q. Por ello, según él, el protocolo de autopsia,
los exámenes de laboratorio y otros documentos practicados tras la muerte del
sacerdote jesuita “simplemente llegarían a ser indicios” en esta indagación
porque, además, las normas del país cambiaron a lo largo de 36 años. “Hoy
estamos con otras normas en las cuales nos dicen que todo tiene que ser
mediante prueba idónea obtenida mediante el IDIF”.
INVESTIGACIÓN. Dado
que el interés de su cliente es esclarecer la muerte del reverendo, Campero
dice no entender por qué de la oposición de los jesuitas. “Lamento que estos
señores estén contra una investigación que quiere dar con la verdad histórica”.
El padre Chirveches, de
la Compañía de Jesús, aseguró que no hay oposición a una investigación.
Reconoció que tras el asesinato del sacerdote Espinal, esta orden decidió no
impulsar una indagación, “no por cobardía, sino porque se decidió esperar un
juicio mayor”, posición que cambió. No obstante, explicó que la investigación
debe dar continuidad a la que fue iniciada hace años y no abrirse una nueva
causa, como la actual, porque en ésta no se quiere dilucidar la muerte del
clérigo. “Eso sí nos interesaría, por eso es que con este proceso en el que se
busca la exhumación no estamos de acuerdo, porque es una demanda paralela cuya
preocupación principal no es lo que pasó con él (Luis Espinal)”.
Y la pregunta que ronda
entre los jesuitas, entre los familiares de las víctimas de dictaduras y en
Remberto Cárdenas, quien trabajó con el sacerdote fallecido en el Semanario
Aquí, es: ¿qué está detrás del proceso que inició Roberto Melean?
“No sabemos por qué
después de 36 años es necesario remover estas cosas, y justamente es un proceso
que no tiene nada que ver con la vida y la memoria del padre Espinal, porque
todo llega a partir de un proceso ajeno a su vida, ajeno incluso a las causas
reales de su muerte, por eso nuestra extrañeza que ahora aparezcan estas
solicitudes”, respondió el padre Chirveches.
Para Montecinos, la
denuncia tiene el fin de liberar a los responsables de la dictadura, García
Meza, Arce Gómez y el propio Melean, porque la muerte de Espinal fue parte de
la preparación del golpe de julio de 1980. Llanos remarcó que si el militar
(Melean) quisiera coadyuvar con el esclarecimiento de estos hechos, comenzaría
por revelar dónde están los restos de Ticona.
El periodista Cárdenas
añadió que la denuncia del exoficial “parece destinada a liberar de
responsabilidad o que por lo menos se dude de que no habrían sido García Meza
ni Arce Gómez. Cuando habla un reo no se le cree nada y a Melean, que es un
reo, se le cree, ¿qué busca realmente?”.
Además manifestó que se
busca desinformar y favorecer a García Meza, porque cuando la denuncia fue
publicada, éste tramitaba su libertad. “En el ámbito judicial el detalle
importa, y eso no era para conmovernos a nosotros sino a quienes atendían el
asunto o por lo menos para que se diga (que) ellos no son los autores”.
Ante ello, el abogado de
García Meza insistió: “Por qué exonerarlo a García Meza si él no ha sido
sentenciado por esa muerte, de qué lo vamos a exonerar si él ni siquiera era
presidente, el 21 y 22 de marzo estaba Lidia Gueiler. De qué podemos exonerar a
personas que no tienen responsabilidad legal, ahora, si estamos hablando del
aspecto social escapa a nuestras manos que la sociedad sabrá juzgar”.
El golpe de Estado
encabezado por Luis García Meza, para entonces comandante de las Fuerzas
Armadas, y Luis Arce Gómez se produjo cuatro meses después del asesinato de
Luis Espinal, el 17 de julio de 1980, pero quienes demandan justicia lo
vinculan.
La investigación está en
curso y el fiscal Quenta determinó que la exhumación se la haga a fines de
enero. Una vez que se tengan los restos, el IDIF se encargaría de hacer las
pericias de antropología forense.
Consultada al respecto,
la antropóloga argentina Silvana Turner, miembro del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), especialista en ese tipo de casos, explicó que
dependiendo de las condiciones de los restos y de cuál es la presunta causa de
la muerte es posible encontrar indicios. “Si uno lo que está recuperando son
restos óseos tiene que haber una causa de muerte o por lo menos la hipótesis
sobre la causa de muerte y tiene que haber un rastro a nivel óseo, tiene que
haber afectado los restos que tenemos para evaluar”, dijo y añadió que “cada
caso debe ser analizado en particular de acuerdo con todos los antecedentes,
que yo en este momento desconozco”.
El EAAF, que encontró los restos de Ernesto Che
Guevara y lo identificó, así como de otros desaparecidos en el periodo
dictatorial, no fue requerido para las pericias con relación a Espinal. Empero,
los especialistas llegarán al país para buscar e identificar otros restos como
los de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal.
En su momento fueron requeridos, según información de Página 12, por las
limitaciones que tiene el IDIF.
y Twitter: @escuelanfp
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