Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Alicia
Condori
Entre
la delincuencia y la cárcel nos enfrentamos a una realidad desequilibrada.
Empecemos desde el punto de vista de quien pierde la libertad, desde el enfoque
jurídico, cuando alguien se enfrenta a un proceso penal, en el último momento,
busca llegar a un acuerdo con la víctima para no ingresar a la cárcel, esto
sucede cuando sea trata de un delito que no atente contra la vida, la libertad
sexual o sea un caso de violencia contra un niño, niña, adolescente o una
mujer.
En
la audiencia de medidas cautelares, si no se logra presentar documentos que
demuestren que el acusado tiene familia, domicilio, trabajo, y con ello
desvirtuar los riesgos de fuga, peligro de obstaculización o no ser un peligro
para la sociedad, el juez determina su detención preventiva en un recinto
penitenciario.
Luego
de determinada la detención es trasladado de celdas judiciales al recinto
penitenciario, lo primero que debe verse hasta que se defina su situación
jurídica es tener un lugar para dormir, en el caso de la cárcel de San Pedro en
la ciudad de La Paz, está dividida en “Posta” para las personas que cuentan con
recursos económicos para pagar por una celda y “Población” para las personas de
escasos recursos.
No
existe división de lugar que ocupan por los delitos que son procesados, sino
por su situación económica.
Luego
de conseguir un lugar en esa división, los procesados asimilan que deben
enfrentar un proceso penal en esas condiciones y que tienen que compartir
celdas con otras personas, algunos de ellos reincidentes, quienes les hablan de
una forma tan natural sobre el hecho de cometer delitos que hasta les parece un
modo de vida, otros inocentes e injustamente detenidos o condenados, a veces
por falta de documentos o recursos económicos, otros acusados por un primer
delito esperando cumplir su sanción dentro de la cárcel o acogerse a medidas
sustitutivas para no estar en prisión y también por casos de delitos de
bagatela, pensiones familiares y diferentes situaciones. Lo más preocupante es
que en estos recintos penitenciarios también conviven con mujeres y niños.
El
consumo de alcohol, drogas, violencia y violaciones son problemas que existen
en nuestras cárceles, por no existir programas de clasificación según el tipo
de delito ni perfil de los detenidos y por la ausencia de programas para que se
encuentren trabajando en favor de la sociedad mientras se resuelve su proceso o
condena.
Si
bien en la Ley de Ejecución Penal se detallan programas de reinserción social,
en la realidad no se ejecutan porque no existen los recursos necesarios,
infraestructura ni profesionales comprometidos. El hacinamiento en los recintos
penitenciarios crece, los datos oficiales son de 16.613 detenidos hasta marzo
de este año, entre ellos 5.028 cumplen sentencias y 11.585 con detención
preventiva.
Desde
la otra cara de esta realidad social, liberar a un delincuente peligroso por
vicios operativos en el proceso judicial que se le sigue, es una gran
irresponsabilidad, pues significa reinsertar a un individuo en su actividad
delictiva cotidiana, donde puede dañar a la sociedad y cada nueva víctima, caerá
sobre la responsabilidad del sistema que autorizó su liberación, ya que el juez
antes de hacerlo debe valorar y poner una balanza entre la posibilidad de
reinserción o la detención por antecedentes que demuestren el peligro para la
sociedad, los cuales pueden ser verificados a través del Registro de
Antecedentes Penales (REJAP), i4P y
Antecedentes Policiales, que determinen si es un peligro y existan
garantías no solo para la victima sino también para la sociedad.
Podemos
ver las 2 caras, por un lado nos enfrentamos ante el hacinamiento, la
retardación de justicia y la reinserción social de personas que en un
porcentaje se reintegran a su familia y una fuente laboral y por otro lado el
fallo de los operadores de justicia que por el plazo cumplido, falta de
pruebas, individualización del imputado o impulso procesal de la víctima, se
los deja en libertad sin analizar sus antecedentes, sin ir muy lejos el caso de
Arias una joven estudiante que tenía una vida por delante un futuro prometedor,
fue víctima de robo, violación y asesinato a manos de un individuo con
antecedentes de violación, que no portaba licencia para conducir y a pesar de
eso era taxista, quien lamentablemente terminó cometiendo este delito causando
un daño irreparable a la familia y a la sociedad.
Se
está planteando una nueva ley de
Ejecución Penal pero el objetivo no solo debería ser reducir el hacinamiento y
si se identifica este como el objetivo central también deben asegurarse
mecanismos para evitar que cometan más delitos mientras se resuelve el proceso,
uno de estos mecanismos tienen que ser las manillas electrónicas,
sistematización de datos, prohibiciones de acercarse a la víctima, frecuentar
determinados lugares, en sí, garantías para la víctima, su entorno y la
sociedad mientras dure el proceso, todo esto con la finalidad de evitar
represalias ante quienes los denuncien o que reincidan cometiendo otros delitos
y que se sancione a los operadores de justicia que no garanticen la seguridad
de nuestra sociedad.
También
se debe trabajar con programas de reinserción social a nivel nacional en
coordinación con las entidades públicas para generar políticas de reinserción
dirigidas a hombres, mujeres y adolescentes mediante talleres, debates,
trabajo, estudio y brindarles verdaderas oportunidades para que reincidan en la
comisión de delitos.
Veamos
las dos realidades para brindar a la sociedad garantías y protegerlos frente a
los delitos, al mismo tiempo trabajemos con los detenidos preventivos y
personas que cumplan una sentencia, con programas de reinserción social para
que tengan una segunda oportunidad, entendiendo que lo que sucede en la
sociedad nos afecta a todos.
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