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Biocomercio en la región andina


Por: Walker San Miguel
Los países que conforman la Comunidad Andina poseen un gran potencial en biodiversidad y recursos genéticos. El biocomercio (actividad de recolección, producción, transformación y comercialización de biodiversidad nativa) mueve hoy más de $us 4,5 billones en el mundo. Las ventas de este tipo de productos desde Perú al exterior alcanzan los $us 400 millones anuales con datos a 2014; desde Bolivia, $us 345 millones; Colombia, $us 60 y Ecuador, $us 45 millones, según datos de 2013, que deben actualizarse al alza, pues año que pasa se incrementan las exportaciones de bioproductos desde estos países andinos, siendo sus principales destinos Norteamérica, Europa y Asia.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) viene impulsando desde hace varios años el biocomercio en países en vías de desarrollo, bajo los principios establecidos en el Protocolo de Nagoya (suscrito el 29 de octubre de 2010), por el cual se acuerdan las líneas generales relacionadas con la utilización y el intercambio de recursos genéticos. Y es que en el mundo cada vez más empresas quieren acceder por la vía legal a la explotación sostenible de recursos genéticos y desarrollar productos que luego son comercializados. A la par, centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico realizan estudios e investigaciones con ese mismo fin.
El Protocolo de Nagoya regula el acceso y participación en los beneficios de la explotación de recursos genéticos, estableciendo que el país donde se encuentra un determinado recurso genético debe otorgar el consentimiento previo y fundamentado para su legal explotación y producción. Nagoya se refiere también a la distribución de dichos beneficios de tal forma que de manera equitativa se beneficie el proveedor de dicho recurso, y propone crear un mecanismo multilateral que aborde el tema de la participación de los beneficios en un marco de sostenibilidad de la diversidad biológica.
Esta semana en Lima, la ciudad sede de la Secretaría General de la CAN, tiene lugar la realización de un taller referido a la implementación del Protocolo de Nagoya en la República del Perú, el único país de la Comunidad Andina que ha ratificado dicho instrumento jurídico internacional hasta el momento. El evento, organizado por la UNCTAD junto al Ministerio del Ambiente del Perú, y con el apoyo de la CAN y otras instituciones, abordará el actual contexto internacional y regional referido a los recursos genéticos y el estado actual de las normativas nacionales de acceso y participación de beneficios del biocomercio.
La CAN, como se sabe, tiene una particularidad en sentido de que sus decisiones son normas supranacionales que vinculan a los cuatro Estados miembros. Es más, el 2 de julio de 1996 en Caracas (Venezuela era en ese entonces miembro de la CAN) se aprobó la Decisión 391 o Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Una evidente muestra del rico historial normativo de la CAN es precisamente la citada Decisión 391, la cual reconoce a los países andinos como poseedores de “un importante patrimonio biológico y genético que debe preservarse y utilizarse de manera sostenible”.
Asimismo la Decisión 391 señala que es “necesario reconocer la contribución histórica de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales a la diversidad biológica, su conservación y desarrollo”. Esa importante norma incluye apartados sobre investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. Inaugura un programa de liberación de bienes y servicios relativos a recursos biológicos en la subregión y también determina un procedimiento de acceso a los recursos creando al efecto un Comité Andino sobre Recursos Genéticos (actualmente incorporado al Comité Andino de Propiedad Intelectual) conformado por autoridades competentes de los cuatro países miembros.

Con una base jurídica como la que posee la CAN, es de esperar que además de Perú los países que conforman el organismo ratifiquen el Protocolo de Nagoya y coordinen esfuerzos para desarrollar el biocomercio en condiciones de justa retribución a las naciones proveedoras de dichos recursos.

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