Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Juan José Bedregal
Cuando la Autonomía Universitaria fue
implementada por primera vez en 1930, las expectativas tanto por parte de los
gestores de la medida, como por parte de los miembros del claustro universitario
apuntaban a que la autonomía permitiría a las universidades públicas impartir
la educación superior de forma que priorice y fortalezca la ciencia y la
investigación. Hoy en día, esta misma autonomía se ha convertido en el parapeto
más frecuente de las autoridades universitarias para escapar a todo control y
fiscalización.
No es de extrañar que en los últimos años la
administración de las universidades públicas haya llegado a extremos de
corrupción e ineficiencia que han resultado claramente en movimientos políticos
al interior de éstas. Si bien el fenómeno aún no es generalizado, se expresa
con diferentes matices por todo el sistema universitario boliviano.
Empecemos por el CEUB. El XII Congreso
Nacional de Universidades llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz el año 2014
se desarrolló en medio de cuestionamientos por la participación de la
Universidad Pública de El Alto (UPEA), la cual según algunas autoridades, “no
cumple con el principio básico de autonomía universitaria” debido a que en esa universidad
rige el voto universal; sumado a los reclamos de una elección de Federación
Universitaria Local en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) de
Tarija, de la cual nunca se acreditó al ganador en urnas; y finalmente las
conclusiones orientadas a favorecer al estamento docente (edad de jubilación,
derechos electorales para docentes extraordinarios, seguros universitarios) y a
la apropiación de los recursos del IDH para gastos corrientes (sueldos,
salarios, mantenimiento y gastos administrativos).
Pero los problemas no se quedan ahí: tan sólo
unos meses después del XII Congreso, la polémica retornaba a Santa Cruz cuando
las elecciones estudiantiles (FUL y Centros Internos) se llenaba de acusaciones
contra la Corte Electoral Universitaria, Rectorado y Secretaría General, por
haber intervenido las elecciones estudiantiles con prebendas y favorecido el
fraude electoral.
Éste conflicto fue rápidamente esterilizado
por los medios, pero volvió a surgir este año con mayor violencia en las
fallidas elecciones de Rectorado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
(UAGRM), donde las acusaciones contra la Corte Electoral fueron reiterativas, e
incluso se llegó a dar la intervención de predios universitarios por parte de
pandillas armadas contra los estudiantes que desenmascararon el fraude tomando
las oficinas del Órgano Electoral.
El año pasado el conflicto universitario se
posesionó de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba, cuando el
segundo paro estudiantil cobró relevancia nacional por la titularización de
docentes sin un mínimo examen de competencia. El conflicto enfrentó a los
sectores estudiantiles trotskistas a la cabeza de la Federación Universitaria
Local, contra las más rancias camarillas docente–estudiantiles a la cabeza de
un rector intransigente que nunca buscó el diálogo, al punto que se pretendió
la retoma violenta de los predios universitarios tras 3 meses de paro
estudiantil, en un enfrentamiento de estudiantes contra estudiantes.
El año pasado también se presenció un episodio
violento en la Universidad Mayor de San Andrés en las elecciones de la FUL en
medio de acusaciones de fraude contra uno de los frentes y el propio Comité
Electoral. Los conflictos sin embargo, no se restringen al estamento
estudiantil ni al ámbito electoral.
Las elecciones de autoridades también son
objeto de cuestionamientos. El ex Presidente del CEUB, Eduardo Cortez, renunció
a la instancia nacional el año pasado para postularse a rector de la
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, UAJMS y resultar electo en
circunstancias dudosas, hasta el punto que el Consejo Universitario validó las
elecciones pero al ser elevado el caso al Tribunal Constitucional, la
mencionada elección fue anulada.
Un rector que tuvo serios cuestionamientos y
en consecuencia fue investigado por las autoridades judiciales por
enriquecimiento ilícito fue Carlos Zambrano de la Universidad Autónoma del
Beni. Cuando Zambrano fue aprehendido, el CEUB en pleno convocó a marchar a los
asistentes a la Conferencia Nacional de Universidades, denunciando persecución
política y atropello a la Autonomía Universitaria por parte del gobierno
central y el poder judicial.
La proliferación de la corrupción al interior
de las universidades, así como la implantación de la normativa universitaria al
interior del claustro bajo el rótulo de “institucionalidad” como un
ordenamiento jurídico casi paralelo, dan lugar a un sistema universitario donde
tanto la información, como los procedimientos universitarios cambian con el
devenir político interno de cada universidad. El poder establecido en cada
caso, favorece a los suyos y a título de la “institucionalidad” impone sus
resultados con fuerza normativa.
Esta institucionalidad universitaria pone la
facultad normativa al servicio del poder de turno, de modo que quien ostenta el
poder controla también la información, la ejecución del presupuesto y también
los órganos electorales. La institucionalidad universitaria favorece solamente
a los que forman parte del establishment, del grupo dominante de turno, y
finalmente favorece a que las autoridades que concentran el poder político en
las universidades sean propensas al manejo discrecional y prebendal que culmina
en la corrupción interna.
Las pugnas políticas en este contexto, dejan
de favorecer la innovación, las propuestas académicas y peor aún la
administración universitaria eficiente. La receta institucional apunta a tomar
el comité electoral en primera instancia, con la característica estudiantil de
formar grandes alianzas de grupos más pequeños que luego se dividen en pugnas
de poder durante la gestión, y las características docentes de emplear las
palabras “autonomista” e “institucional” en toda fórmula que busque ganar.
Ante esta situación, la contracultura se ha
empezado a manifestar de diversas formas: la FUL trotskista en Cochabamba, la
candidatura de Cadima en Santa Cruz, y los episodios violentos ante elecciones
altamente cuestionables reflejan episodios donde los outsiders, aquellos que
han quedado fuera del círculo institucionalista, se manifiestan con fuerza cada
vez mayor. Estos movimientos no han culminado del todo: si bien tanto URUS en
San Simón como Cadima en la Gabriel, han perdido sus elecciones este año, la
perspectiva de estos movimientos no es la de desaparecer, sino más bien la de
una retirada estratégica, que les permita cobrar mayor fuerza en una próxima
elección.
Los síntomas de este proceso se están
manifestando todavía: la última elección de FUL en la UMSA ha reflejado que en
La Paz hay una preferencia por rostros nuevos, aunque los nuevos dirigentes
estén invariablemente aliados con sobrevivientes de la vieja dirigencia;
mientras que la gestión de Waldo Albarracín puede interpretarse igualmente como
un rostro ajeno a la política universitaria tradicional con un discurso de
transparencia y modernidad, pero cuyos colaboradores pertenecen también a las
viejas roscas docentes.
La UMSA cuenta también con sus propios
outsiders: el más destacado es Oscar Heredia y está sin embargo, vinculado también
a la política tradicional al haber sido viceministro de Gonzalo Sánchez de
Lozada en 2003 y Secretario Académico en la primera gestión rectoral de Teresa
Rescala. En su tercera postulación al rectorado, Heredia se perfila como uno de
los más fuertes opositores al ya establecido Albarracín.
Un panorama similar se observa en la UMSS
donde también se acerca una nueva elección de rectorado, la mayoría de los
candidatos ha optado por la guerra sucia como campaña, la mayoría usa las
clásicas recetas electorales del establishment: tomar el Comité Electoral,
reunir grupos de choque y buscar financiamiento de partidos políticos. El reloj
electoral también apunta a las elecciones estudiantiles de la UAGRM, donde
restará por ver si la plataforma cadimista logra renovar los centros
estudiantiles y establecer una trinchera desde la cual reagruparse rumbo a un
próximo rectorado donde Saúl Rosas ya no pueda participar como candidato.
Esta revisión no pretende ser exhaustiva, sino
más bien establecer una tendencia en el rumbo que seguirá el Sistema
Universitario que, a lo largo de su historia siempre ha mostrado ser el germen
de movimientos y tendencias políticas nacionales. Un viento de cambio recorre
las universidades públicas a lo largo de todo el país, y no hay duda que el
resultado del enfrentamiento entre los institucionalistas y los excluidos de
esta institucionalidad, dará luces acerca de próximos cambios políticos en la
sociedad boliviana. Sólo queda estar atentos a los acontecimientos que vengan.
El autor es integrante de la Coordinadora Universitaria
Nacional – Estudiante en la Universidad Mayor de San Andrés
y Twitter: @escuelanfp
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