Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Manuel Morales Olivera
Segunda Parte
Tres
tendencias internas dieron la batalla. Una planteaba una nacionalización
“clásica” como las anteriormente realizadas en Bolivia. Otra tendencia, de concepción neoliberal,
planteaba que lo único que había que hacer era subir los ingresos estatales,
que había que evitar “que el mundo se nos venga encima”. Y finalmente estaba la tercera fracción
hegemónica, que planteaba la nacionalización tal y como finalmente se
aprobó.
La
lucha interna no fue agresiva ni mucho menos.
Las dos primeras fracciones nunca llegaron a plantear abiertamente sus
posiciones, sólo lograban poner en debate algún tema, pero Evo resultaba
siempre apoyando las posiciones que ya habían sido trabajadas internamente
desde hacía años atrás.
Un
ejemplo de estas diferentes posiciones internas es la forma en la que se
definió el famoso “82 – 18”.
Cuando
se había ya definido que el Decreto establecería la firma de nuevos contratos
con las petroleras en un plazo de 180 días, se analizó el tema de cuánta sería
la participación del Estado durante ese período. Se pidió criterio técnico a un miembro del
equipo de trabajo reducido y la respuesta fue algo así: “Yo creo que las
empresas no van a aceptar más del 60% para el Estado”. Evidentemente molesto por la respuesta
recibida pero con un ánimo hasta travieso, Evo dijo: “¿Por qué no 82 para el
Estado y 18 para las petroleras?”.
Era sin
duda alguna un golpe simbólico de gran coraje.
Recordemos que en la época neoliberal las empresas pagaban 18% de regalías
y se apropiaban del 82% para ellas. Era
textualmente, dar la vuelta la tortilla.
El
Presidente pidió informe si los grandes campos podían seguir operando con 82%
para el Estado. A los pocos días se
recibió el informe y para asombro y molestia de casi todos, resultó ser lo
mismo: “Creemos que las empresas no van a aceptar más del 60% para el
Estado”. Evo se indignó y la persona que
dio el informe aquel día y su recién conformado equipo técnico, dejaron de participar
en el proceso.
¿Por
qué esta decisión tan drástica? ¿Era porque el informe no decía lo que el
Presidente quería escuchar? Nada de
eso. Era simple y sencillamente porque
la respuesta estaba mal en esencia. No
se había preguntado “cuánto podían aceptar las empresas”, se había preguntado
“cuánto podían resistir económicamente los campos”. Es que resulta que en sus cabezas, en su
forma de pensar dominaban las empresas.
Lo importante para ellos era cuánto aceptarían o no las empresas; para
ellos no cabía pensar en cuanto quería o decidía tomar para sí, el Estado.
Evo
pidió entonces informe a los dos grupos de apoyo internacional con los que
estábamos en contacto, se pidió pues criterio al “Apoyo A” y al “Apoyo B”, como
en aquel momento se los designaba.
Prácticamente, al día siguiente se convocó a la que resultó ser la
última reunión.
Aquel
día se le informó al Presidente: “Sábalo y San Alberto ¡Aguantan!!”. Evo preguntó entonces: “¿Qué opinan?”. Mi posición era conocida por todos y ya que
nadie más se manifestaba, dije: “Estoy de acuerdo”. “¿Alguien se opone?” insistió Evo. El silencio fue la respuesta de los
asistentes a la reducida reunión. “¡Aprobado!!”, dijo Evo y cerró el tema.
Algunos miembros del equipo tuvieron miedo a
tomar la decisión, de ahí que ni la apoyaran ni se opusieran a ella. Cosas de la vida, ni los radicales que
querían expropiaciones ni los “neoliberales” que sólo querían subir impuestos,
se pronunciaron. Coraje, firmeza y claridad
estratégica, eso necesita un líder y Evo dio la talla. De esta manera quedó definido el famoso “82 –
18”.
Así,
paso a paso se definieron los textos finales de todos los artículos del
Decreto. Con palabras sencillas y
directas, pero al mismo tiempo, con un sólido blindaje jurídico, la versión
número 21 del Decreto fue finalmente aprobada.
En lo
concreto, 7 objetivos se definieron y lograron a través del Decreto de
Nacionalización.
- “Nacionalizar
los recursos naturales hidrocarburíferos” y recuperar “el control total y
absoluto” del sector. (Artículo 1 del
Decreto).
-
Recuperar la propiedad de toda la producción de hidrocarburos. (Artículo 2 del Decreto).
-
Someter a las empresas petroleras a las nuevas condiciones de “control total y
absoluto” por parte del Estado.
(Artículos 3, parágrafos I y II del Decreto).
- Dejar
sin efecto los anteriores Contratos de Riesgo Compartido. (Artículos 3,
parágrafo III del Decreto).
-
Imponer de hecho, nuevas condiciones económicas. (Artículos 4 del Decreto).
- Dejar
sin efecto toda la estructura jurídica neoliberal en el sector. (Artículo 5 del
Decreto).
-
Recuperar YPFB y dar condiciones para que se convierta en una corporación. (Artículos
6, 7 y 8 del Decreto).
Lograr
todo esto en el Decreto no fue poca cosa, pero con estas medidas se hacía algo
más, se realizaba un cambio profundo, un cambio esencial en el sector de
hidrocarburos.
En
general los países utilizan dos formas de explotar los recursos naturales, una
es el Régimen de Concesión y la otra es el Régimen de Prestación de Servicios.
En el
Régimen de Concesión el Estado otorga una “concesión” a una empresa para que
explote los recursos naturales y a cambio la empresa paga “regalías” al
Estado. En este Régimen, la empresa que
recibe la “concesión” es propietaria de los recursos naturales que
explota, es propietaria de la producción
que obtiene. Este era el Régimen vigente
en el sector de hidrocarburos antes de la nacionalización debido a la Ley de
Sánchez de Lozada y los Contratos de Riesgo Compartido. En otras palabras las empresas petroleras
eran propietarias de la riqueza del país, del patrimonio de todo el pueblo.
En el
otro régimen, en el de Prestación de Servicios, se da todo lo contrario. En lugar de otorgar una “concesión” a una
empresa, se firman Contratos de Prestación de Servicios con esa empresa en los que se establece que toda la producción
que esa empresa obtenga será entregada en propiedad al Estado y la empresa
recibe simplemente un pago por sus servicios.
En el
primer caso las empresas que reciben la “concesión” tienen el sartén por el
mango, como sucede hoy en día en el sector minero, por ejemplo. La empresa define su inversión, su nivel de
producción, la comercializa y se enriquece.
En el
otro régimen es el Estado el que tiene el sartén por el mango ya que la empresa
sólo cumple el rol de prestar servicios.
Es el caso de un albañil o empresa contratada para construir una casa;
el que define cuántos cuartos y cuántos pisos tendrá la casa, y quién vivirá en
ella, es el dueño y no así el contratista.
En el Régimen de Prestación de Servicios, el Estado es el dueño y la
empresa es el albañil.
Y esto
es lo que estableció el Decreto de Nacionalización, estableció en el sector de
hidrocarburos el Régimen de Prestación de Servicios bajo “control total y
absoluto” del Estado y dejó atrás el Régimen de Concesión vigente hasta ese
momento. Este es el cambio esencial que
efectivizó el Decreto.
Poder
decidir cuánto se produce, cómo se produce, a quién se vende, a qué precio se
vende y qué se hace con la riqueza obtenida, todo eso se logró con el Decreto
de Nacionalización. Antes, todo ese
poder de decisión estaba en manos de las empresas petroleras; eran ellas las
que definían y se enriquecían con nuestros hidrocarburos.
Diez
años después, analistas y expertos diversos, no asumen o no quieren comprender
“la pequeña” y vital diferencia entre uno u otro régimen, entre tener el sartén
por el mango o ser el pescado en el sartén.
Antes
de la nacionalización se dio incluso la situación de que las empresas
petroleras se dieron el lujo de amenazar al país con dejarnos sin gasolina y
diésel; éramos el pescado en el sartén. Con el Decreto de Nacionalización, nosotros las amenazamos con “sacarlas
a patadas” si no se sometían a nuestro “control total y absoluto”.
El
pueblo no había luchado por cobrar más impuestos a las petroleras, el pueblo
luchó por tomar el control total y absoluto, por recuperar lo que era nuestro,
por recuperar la dignidad y el futuro. Y
cumplir ese mandato, era el desafió fundamental a la hora de definir el Decreto
de Nacionalización.
¡Misión
cumplida!!!
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