Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Nila Heredia Miranda
Parte II
Detenidos
desaparecidos ¿cuenta pendiente?
La desaparición forzada, junto con la apropiación de niños, es la figura
represiva que caracteriza al Plan Cóndor. La “Desaparición Forzada”, hoy
tipificada como Delito de Lesa Humanidad, no caduca en el tiempo, fue utilizada
como parte del sistema de inmovilizar a toda la gente, familiares, amigos o
instituciones, a causa de la inseguridad en no saber dónde están, lo que
inmovilizó a todos.
Producto de la Operación Cóndor se calcula que sólo en la Argentina al
menos 30.000 personas fueron desaparecidas –la mayoría aún siguen desaparecidos–,
50.000 fueron asesinadas y 200.000 han
sido presas. También fueron desaparecidas entre 250 a 500 niños, la mayoría
nacieron en cautiverio, algunos han podido ser apresados con sus madres; de
ellos alrededor de 115 han sido encontrados y en general restituidos a sus
familias legitimas.
Todos los países, excepto Bolivia, han procedido a realizar investigaciones
referidas a las violaciones contra la integridad de las personas, particularmente
las ocurridas durante las dictaduras de las 70-80, épocas de mayor dinamismo
del Plan Cóndor. En cada país se han llevado a cabo juicios, y aún se siguen
realizando juicios, siendo la Argentina la que,
gracias a la decisión de las autoridades de gobierno, ha realizado la
mayor cantidad de juicios y hoy aún siguen en procesos al menos 400 personas
entre uniformados y civiles, formalizados por crímenes de lesa humanidad.
Chile, Uruguay, Paraguay, y mucho más tarde Brasil, han constituido Comisiones de la Verdad, y algunos se
encuentran actualmente desarrollando procesos judiciales contra violadores de
los DD.HH. Las reacciones de los imputados y colaboradores han sido diversas, incluyendo directrices de mantener el
silencio, amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos de testigos o personas
que se declararon culpables.
Sin embargo, el Plan Cóndor por si sólo tiene connotaciones no sólo
lesivas a las más elementales normas de respeto de las personas y consideración
a todo tipo de raciocinio, sino también tiene un valor político que tiende a
plantear a los estados el Nunca Más a
articulaciones de aparatos represivos que actuasen de manera impune intra o extra
territorialmente con la anuencia, incentivo y decisión de los propios Estados.
Juicio y castigo
Hace quince días hubo al menos dos juicios sobre hechos lesivos
producidos por el Plan Cóndor, ambos tienen un carácter también supranacional
gracias a la anuencia de los Estados involucrados en su momento y otros que
directamente hubiesen sido involucrados, como es el caso del Perú, donde
militantes refugiados fueron secuestrados, entregados a la represión y hasta
hoy desaparecidos.
Estos juicios han sido calificados como hechos de enorme connotación en
la historia jurídico internacional porque permite demostrar la existencia de
una alianza ilícita entre gobiernos cuyo objetivo fue la destrucción de
opositores políticos mediante el asesinato, la desaparición y apropiación de
niños, constituyéndose en delitos de Lesa Humanidad, donde confluyen en el
juicio acusaciones a gobernantes y autoridades militares o civiles de los
países donde se aplicó el Plan Cóndor.
Asimismo, de los dos juicios, el Estado argentino resolvió realizar este
proceso porque hay suficiente evidencia que desaparecieron en celdas argentinas,
clandestinas o no, un número de extranjeros que habiendo sido presos en suelo
argentino –o entregados por otro país– se encuentran desaparecidos.
Después de varios años de búsquedas y órdenes de captura, y cerca de
tres años de audiencias directas o a través de medios virtuales, procedieron a
tomar testimonios a alrededor de 400 personas, y recuperar pruebas. Producto de
este arduo trabajo, que incluyó la extradición
a la Argentina para ser enjuiciado del coronel Manuel Cordero del ejército uruguayo –que huyó del Uruguay a Brasil–, se llegó al
emblemático
veredicto que el pasado viernes 27 de mayo ha emitido el Tribunal Federal 1 de
Buenos Aires.
El Tribunal Federal 1 de Buenos Aires condenó a 15 de 17 militares,
argentinos y uruguayos, por casos de tortura, muerte y/o desapariciones
forzosas de 104 personas en el marco del Plan Cóndor, de éstos 11 son
bolivianos o entregados por la dictadura boliviana a la Policía Federal o
aparato represivo Argentino.
La lista de bolivianos es compuesta por Fausto Choque Cabrera, Jaime
Rafael Lara Torres, Jorge Hernán Villavicencio Calderón –habría sido asesinado
en Salta después de haber sido capturado–, Reinaldo Lázaro Sáenz Bernal, Erasmo Suárez
Balladares, Johnny Vargas Orozco, Máximo
Rojas Caballero, Wálter Eduardo Oviedo Morales. A los que hay que agregar a los presos en Bolivia y entregados a la argentina
el 28 de agosto de 1976, Graciela Rutilo Artes y Efraín Fernando Villa Izola, ambos argentinos
de nacimiento. De cada uno de estos casos existe constancia de haber sido
vistos en Automotores Orletti por compañeros presos que recuperaron la libertad,
o como es el caso de Graciela Rutilo, cuya hija fue encontrada en manos de uno
de los que dirigía ese centro clandestino.
Otros
dos compañeros, Luis Faustino Stamponi Corinaldeci y Óscar Hugo Gonzales de la
Vega, forman parte del juicio, y en ambos casos
han sido sustentados mediante múltiples evidencias de la prisión,
tortura, etc. en celdas bolivianas, además de la entrega de ambos por la
represión boliviana a la argentina.
El
apresamiento de Luis Stamponi ampliamente difundido por cuanto la persecución
hacia él fue sañuda y por varios años. Era el dirigente principal del Ejército
de Liberación Nacional (ELN), de larga trayectoria revolucionaria y liderazgo.
Fue uno de los constructores de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), razón
que motivó la tenaz persecución contra su persona. Stamponi –de nombre de
guerra Gerardo– fue entregado junto con Óscar
Hugo Gonzales de la Vega el 15 de octubre de 1976 a la represión argentina en
la Quiaca. De la misma manera que su apresamiento su entrega a la Argentina fue
ampliamente publicitada por medios periodísticos, sin embargo no ha sido
posible conseguir evidencia o testimonio de alguno de los presos que
recuperaron la libertad.
Un
caso también especial es de la Sra. Mafalda Corinaldeci de Stamponi, madre de
Luis, apresada del hotel donde se había alojado en Buenos Aires al retornar de
La Paz donde fue a reclamar por su hijo. Ella también está desaparecida.
Los
Investigaciones y juicios en Bolivia: ¡Comisión de la Verdad!
Bolivia es lastimosamente el único país que por razones absolutamente
incomprensibles y reprochables no ha realizado hasta ahora un Juicio de Responsabilidades
contra las autoridades causantes de las violaciones a los derechos humanos, los
asesinatos o desapariciones durante las dictaduras.
La única experiencia desarrollada por el poder Legislativo en 1979
fue el Juicio de Responsabilidades
contra Hugo Banzer Suárez; truncado por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa
Cruz, muerto el día del golpe de Estado dirigido por Luis García Meza.
Increíblemente a ninguna de las presidencias de las dos cámaras del
Órgano Legislativo parece importar el pasado reciente, dejando en la impunidad
a los autores, tal vez en su afán de congelar y dejar en el olvido esta
dolorosa página de la historia boliviana. Esto es así porque a pesar del
esfuerzo puesto por todas las organizaciones constituidas por victimas o por
familiares de víctimas por presentar una sola Ley para la constitución de una
Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación Integral, esta ni siquiera ha sido
tomada en cuenta en las dos últimas gestiones legislativas.
El juicio contra García Meza, Arce Gómez y colaboradores ciertamente es
ejemplar, sin embargo, ninguno fue enjuiciado por los delitos de desaparición
forzada, asesinatos o tortura, sino por acciones contrarias al Estado en
materia económica, manejo administrativo, robo de bienes públicos y el
genocidio a un grupo de activistas.
*Ex presidenta de ASOFAMD y FEDEFAM,
militante del ELN/PRTB y compañera de Luis Stamponi Corinaldeci, es a la vez
querellante en el juicio el Plan Cóndor en Italia y testimoniante en la
Argentina.
Síguenos en Facebook: Escuela Nacional de Formacion Politica
Publicado en el semanario La Época
y Twitter: @escuelanfp
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios