Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Entrevista a Dionicio Nuñez
Una
mejor administración del mercado de la hoja de coca. Eso, según Dionicio Núñez, exviceministro de la Coca y
productor, es a lo que se debería orientar no solo la política estatal, sino la
de los cocaleros, comercializadores y consumidores de la hoja. Ello, asegura,
permitiría no solo sembrar 20.000 hectáreas (ha) —[22.000 ha, según la ley
sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional]—, sino aumentar esa
cantidad. Pero, además, afirma, se tendría que mejorar el control para que toda
la coca que se produce en las zonas legalmente reconocidas vaya al consumo
tradicional, incluso de la que se cosecha en los Yungas, pues también hay
desvío.
¿Cómo
se llegó a establecer cuánta coca debe sembrarse?
Los
cocaleros fuimos por primera vez a Naciones Unidas, a Viena, en 2006. Felipe
Cáceres en su condición de viceministro de Defensa Social, Félix Parra que era
el primer viceministro de la Coca y mi persona. Planteamos que era un error que
la hoja de coca esté prohibida por la legislación internacional. A partir de
entonces comenzó una campaña de despenalización del acullicu (masticado) de la
coca. En 2009 se realizó una Sesión de Alto Nivel en Viena, a la que fui con el
presidente Evo Morales. Allí se hizo una negociación con todos los países que
son parte del sistema de Naciones Unidas para que apoyen la iniciativa
boliviana de despenalizar, legalizar el consumo de la hoja en el territorio
boliviano. Entonces, nos dijeron que había dos vías: la primera, a través de una
enmienda a la Convención de 1961 y la segunda, la denuncia a la misma.
Se
intentó primero la enmienda, pero 10 países, encabezados por Estados Unidos, se
opusieron. Por ello se decidió denunciar la Convención de 1961 y la posterior
adhesión con la reserva de los puntos que estaban en contra del consumo de la
hoja. Se emprendió una campaña internacional y muchos países dijeron que
comprendían que en Bolivia y otros países de los Andes la coca era parte de su
tradición cultural, pero expresaron su temor de que bajo ese alegato se
alimente al narcotráfico.
De ahí
que surgió el planteamiento de que iba a haber una norma en Bolivia para que
solamente se produzca la cantidad de coca necesaria para el consumo. Así, se
hizo un estudio, primero con el apoyo de la Unión Europea, que fue concluido
por el Conaltid en 2012, que estableció un consumo de 14.700 hectáreas. A
partir de eso, dijimos 5.000 hectáreas más porque habrá un crecimiento de la
producción. De allí vienen las 20.000 hectáreas.
¿Por
qué los productores yungueños piden ampliar sus cocales?
Las
condiciones de cómo está la agricultura en los Yungas hace que la gente
necesite ampliar cultivos porque el cocal de hace 10 años tenía mejor
producción que el actual, pues las condiciones de terreno eran más propicias y
no afectaba el calentamiento global. Las familias ya no pueden sobrevivir con
esa misma extensión y necesitan ampliarla a fin de mantener sus ingresos. Y esa
ampliación no significa incremento en la producción, sino que implica
reemplazar la baja productividad de los cocales sembrados antiguamente.
Pero en
Yungas se desconoce la coca del Chapare...
Es una
paradoja entre los mismos compañeros porque no solamente se oponen a la
producción en Chapare, sino también a la de los campesinos agricultores de las
provincias Inquisivi, Larecaja (en el departamento de La Paz), quienes están
marchando para ser incluidos en la nueva ley. Para ampliar las áreas de
producción, primero tenemos que preocuparnos de buscar más mercados. No hemos
podido legalizar el mercado de exportación a Argentina, ahí sigue yendo de
contrabando. A ello se suma que no pudimos impulsar el programa de
industrialización de la coca para que otros sectores que no consumen de manera
tradicional puedan comprar con valor agregado, no se ha logrado eso. Tampoco
hemos logrado preservar el mercado de consumidores tradicionales en el país
porque la coca es costosa. La gente que antes acullicaba hoja de coca ahora se
queja porque cuesta mucho más en relación con otros productos de primera
necesidad y por eso prefieren comprarse otras cosas. Entonces, no podemos
plantearnos la extensión de más áreas de producción si no tenemos otros
mercados dentro y fuera del país. No hemos sido capaces de poner en el mundo la
discusión de los valores medicinales de la hoja de coca para que ganemos más mercados.
Si ganaríamos ese espacio podríamos tener 30, 40, 50 e incluso 60.000 hectáreas
sembradas. Tenemos que ganar mercados afuera para que la coca no siga encerrada
y pueda salir de nuestras fronteras.
¿Cómo
se podría comercializar si Naciones Unidas la penalizó?
Eso
mismo pensábamos antes de 2012, pero hemos encontrado en las mismas
convenciones internacionales que puede ser legal el consumo tradicional de la
coca o sus derivados en aquellos lugares donde hay, por ejemplo, evidencia
histórica, como Argentina. Desde antes que existiera la frontera
Bolivia-Argentina, las civilizaciones andinas consumían hoja de coca. Se puede
apelar a esa parte de la Convención, siempre que haya voluntad política de
ambos estados. En Ecuador igual hay evidencia histórica porque fue productor y
consumidor y por eso hay la voluntad en el Gobierno ecuatoriano para recuperar
eso y que la coca llegue con valor agregado. Pero también se podrían agarrar
las autoridades bolivianas de la misma declaración de Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, que reconocen las tradiciones culturales.
Eso también se podría argumentar para los más de 1 millón de bolivianos que
están en Argentina, quienes tienen derecho, al igual que los bolivianos que
habitamos este territorio, a tener acceso a la coca. Eso mismo se intentó en
Europa, donde se conformó una asociación denominada Amigos de la Hoja de Coca,
conformada por más de 90 miembros de varios países. Se envió unas tres partidas
de 250 a 300 gramos cada sobre a Alemania, pero el principal impulsor falleció
y también tuvimos problemas con la línea aérea Lufthansa. El mercado europeo es
potencial. Sabemos que en el mercado negro de Barcelona o Madrid, en España, 20
o 50 gramos de coca llega a costar entre 50 a 70 euros. Estamos pidiendo más
expansión, más hectáreas, reconocimiento, pero nos estamos descuidando en
conquistar nuevos mercados, como hacen los cultivadores de marihuana y
cannabis, que son un movimiento mundial. Eso nos hace falta.
¿Qué
mercados se identificó?
El
norte argentino es uno por la cantidad de coca que se demanda. Ellos dicen que
de exportarse legalmente llegaría coca de calidad y a buen precio. Luego se
abrió esto de Europa con los Amigos de la Hoja de Coca y también está Ecuador.
No se le ha dado impulso, es una tarea iniciada, pero no concluida. Se
identificó también en el norte chileno, donde se hicieron actividades de
difusión y de consumo, hay receptividad. Se tiene que hacer una campaña
internacional de productores, comercializadores y consumidores para ganar más
mercados legales.
¿No fue
un error de los cocaleros de los Yungas querer desconocer la coca del Chapare?
El
reconocimiento a la coca del Chapare no es de ahora. En 2004, antes de que el
proceso de cambio se instale en el Gobierno ya se había reconocido el cato en
el Chapare, a través de un convenio suscrito en el gobierno de (Carlos) Mesa.
Entonces, si era de oponerse deberían haberlo hecho en ese momento. Ahora hay
una zona de producción de coca en esa región, hay en los Yungas y en otras
zonas.
¿Los
productores yungueños observan el destino de la coca del Chapare, pues del 100%
que se vendió en 2015 en el mercado legal, solo 7% fue de esa zona y el
restante 93% de Yungas?
Efectivamente,
los organismos internaciones e incluso los propios dirigentes del trópico
cochabambino reconocen que una gran cantidad de producción de coca no pasa por
los controles estatales. Entonces se supone que eso alimenta al mercado
ilícito. Al respecto, la propuesta para que esa coca llegue al mercado de Sacaba
(Cochabamba) era que sea administrado por los agricultores, como es en Villa
Fátima (La Paz), ello a fin de que desde los sindicatos, a través del control
comunitario, la coca que sale de la zona productora llegue a ese mercado y de
ahí se distribuya. No obstante, en el caso de Yungas no toda la coca, ese 97%
que pasa por los controles estatales, va al consumo tradicional. Basta revisar
los datos que tiene la FELCN [Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico].
De los operativos que hacen en territorio boliviano se ha encontrado sacos con
logotipos provenientes de los Yungas. Por eso, no podemos afirmar que todo ese
97% de la coca que viene de los Yungas vaya al mercado legal de consumo. Si
bien falta que en el Chapare se implemente el mismo modelo de producción y
comercialización que en Yungas, los yungueños también deben entender, leer, que
no toda nuestra producción va al consumo legal, que también hay un porcentaje
de esa coca que todavía se desvía y son datos de la FELCN.
¿Cómo
se tendría que mejorar ese control, si usted mismo reconoce que hay desvío?
Se
tendría que reforzar el mecanismo de control comunitario. En los Yungas, el
productor está obligado a que su cosecha vaya al centro de acopio ubicado en
Villa Fátima. Alguien sospechoso que no está trayendo a ese lugar de abasto es
sujeto a que la comunidad le ponga atención y a la persona que ha sido
encontrada en actividades ilícitas se la destierra, se la expulsa. Ese mismo
mecanismo de control social que hay en la parte de la producción se debería
aplicar en la parte de la comercialización. Por ejemplo, si estamos llevando
coca a la mina Amayapampa (norte de Potosí) hay que verificar cuántos
acullicadores hay en esa región y establecer cuántos comercializadores irán a
vender a ese lugar. Se puede ejercer control respecto de la coca que sale de
Yungas o Chapare a esa zona, pero esa fiscalización no solo debe hacerse desde
el Estado, sino de los propios productores y comercializadores de la hoja. Así
podríamos disminuir el desvío de esa coca, no será en un 100%, no nos
engañemos, porque mientras haya una demanda ilegal, un mercado ilícito como es
el del narcotráfico, la gente se dará modos para desviar. Incluso los
municipios podrían involucrarse para que en las áreas donde hay consumidores se
haga un control social.
Y
respecto a la producción, ¿cómo se controlará en las zonas legalmente
reconocidas?
En los
últimos tres o cuatro informes de Naciones Unidas, en la zona tradición de los
Yungas no hubo incremento, siempre se ha mantenido por las 13.000 a 14.000
hectáreas. Eso nos está demostrando que no hay una expansión violenta. En el
caso del Chapare está el cato, pero la gente también tiene la posibilidad de
cambiar su cultivo de coca por otro producto. Esos son límites naturales en
cuanto a la producción. Por eso la consigna en los Yungas debe ser coca de por
vida y no “ilimitada”.
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