Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Elisa Medrano Cruz
Este
martes 21, con la entrega de la réplica boliviana en el juicio que el país le
sigue a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Bolivia
concluye la fase de los alegatos escritos que le toca; hasta el 21 de
septiembre, el Gobierno chileno tendrá para presentar su dúplica, la respuesta
escrita al texto que la diplomacia boliviana hizo llegar a las oficinas de la
CIJ.
Llegados
a este punto, y tras la derrota que significó para Chile que la CIJ rechace su
objeción de competencia de esta máxima Corte para conocer la demanda boliviana,
se puede ver en el discurso chileno un afán por distintas vías de quitar la
base, jerarquía y valor a los compromisos que hizo su Estado en sentido de
abrirse a una negociación que posibilite un acceso soberano al mar Pacífico por
parte de Bolivia; y lo hace con el dogma de la imposibilidad de ceder
territorio o soberanía.
“Bolivia
no tiene derechos a salida soberana al mar y, por lo tanto, una demanda como la
que se ha planteado en La Haya es absolutamente inconducente”, afirmó el 25 de
abril de 2013 el canciller chileno Heraldo Muñoz, un día después de que las
autoridades bolivianas empezaran con el juicio. Añadió que la posibilidad de
que su país entregue una salida soberana al mar estaba “cerrada para siempre”.
Ya
desde entonces, las autoridades del país vecino afirmaron que el verdadero
objeto de la demanda boliviana era “modificar los límites pactados en el
Tratado de 1904”. “Bolivia pretende que Chile le transfiera territorio
soberano”, aseguró Muñoz.
Una vez
que el tribunal internacional falló a favor de continuar con el proceso, el 24
de septiembre de 2015, la presidenta chilena Michelle Bachelet fue la primera
en tratar de desvirtuar el alcance de la sentencia: “Este pronunciamiento no
afecta en nada nuestra integridad territorial, en este sentido Bolivia no ha
ganado nada (...) debe destacarse que la Corte ha declarado que ella no podría
predeterminar el resultado de una eventual negociación”.
En
respuesta, el vocero de la demanda, el expresidente Carlos Mesa, afirmó que el
fallo de la CIJ “no limita ni reduce” el elemento central de la demanda, que es
negociar un acceso soberano al mar. “No existe ninguna partición ni reducción
del alcance de la demanda boliviana, que es definir si Chile tiene la
obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar”; a ello
se añade la opinión de Remiro Brotons, uno de los abogados de Bolivia ante La Haya:
“La sentencia no limita ni un ápice el petitorio de Bolivia y, por tanto, éste
se mantiene íntegro e incólume de cara al debate del tema de fondo, no advierto
ningún tipo de dudas sobre ese particular”, afirmó.
Aquí,
si bien Chile consideró que no estaba en riesgo su integridad territorial,
reforzó su estrategia comunicacional con “ideas fuerza”, como que un cambio en
las fronteras generaría un riesgo mundial y daría lugar a la revisión de otros
tratados. Muñoz añadió: “Si hablamos de soberanía, evidentemente lo que vamos a
hacer es tener un diálogo de sordos y no vamos a poder enfrentar juntos los
desafíos que tenemos por delante”.
Hasta
aquí, se evidencia una lectura chilena de la demanda boliviana: el empeño por
no hablar de los actos unilaterales que generan compromisos, como fueron los
reiterados ofrecimientos chilenos de un acceso soberano al mar por parte de
Bolivia. Una prueba de ello es que ya en 2016 Muñoz expone cierto giro,
consistente en aceptar la posibilidad de que la CIJ efectivamente obligue a la
negociación, pero, otra vez, la soberanía deberá estar fuera de toda
expectativa.
Ello en
medio de manifestaciones de que su país “siempre estuvo dispuesto a dialogar
sobre todos los temas de la agenda bilateral”, como integración económica, cultural,
turística, de cooperación en narcotráfico, entre otros. “Hay muchas cosas
pendientes y eso debiéramos hacerlo a partir de una mirada del siglo XXI porque
cada vez que conversamos con Bolivia nos hablan del pasado”.
Esa
misma postura la ratificó el 24 de mayo de 2016, pero esta vez como un elemento
de su contramemoria, pero esta vez quitando jerarquía a sus actos de
diplomacia. “Lo que Chile va a decir en esta contramemoria es que tal
obligación no existe porque las conversaciones que han habido con Bolivia en el
pasado no generan derecho porque han sido diplomáticas, ni menos cuando éstas
se han cerrado”.
Las
autoridades chilenas presentaron, el 13 de julio de 2016, su contramemoria, la
cual, en lo fundamental, aseguran, consiste en restituir la “verdad histórica”
que luego conduciría a afirmar que no existe la obligación de negociar con
Bolivia. “Creemos que tenemos una contramemoria contundente. En ella
establecemos la verdad histórica incluso con fuentes bolivianas y de otros
países, y demostramos que no hay obligación de negociar nada con Bolivia”,
manifestó el canciller Muñoz.
En
septiembre de 2016 y ya casi a un año de que la CIJ fallara a favor de
continuar con este litigio, esa autoridad declaró, el 18 de septiembre, que su
país enfrentaba un escenario “más positivo” porque, nuevamente, un fallo de la
CIJ no obligará a su país a ceder territorio y que su sentencia definitiva
tendrá que ver solo con “una eventual existencia de una obligación jurídica de
negociar”.
Sin
embargo, tras dichas aseveraciones de optimismo, el 15 de noviembre, la agente
de Chile por el Silala, Ximena Fuentes, advirtió que su país debe estar
preparado para un fallo “insólito”. “Creo que siempre que uno va a un tribunal
tiene que saber que en ocasiones los resultados son insólitos. No son un grupo
de personas infalibles. (…) Ahora, si como Estado no estamos dispuestos a vivir
con ese tipo de incertidumbres, quiere decir que no estamos preparados para
enfrentar juicios internacionales. Tenemos que estar preparados, no todo es
blanco o negro, y en cuanto a la defensa jurídica, puedo afirmar que hemos
hecho la mejor”.
Es
Fuentes la que, con todo, se refiere directamente al argumento boliviano,
restando, una vez más, valor a los actos unilaterales del Estado chileno: “Creo
que el que ha hecho difícil esa senda de entendimiento es Bolivia. (…) Es
difícil cuando hemos negociado de buena fe y jamás con la idea de estar bajo
una obligación jurídica. Bolivia judicializó este tema y ha seguido una vía
bastante contradictoria, en el sentido de que, si a ellos les interesa sentar a
Chile en una mesa, el acoso en el que nos tienen presos no es precisamente una
buena manera de generar las condiciones”.
Otro
elemento del discurso chileno, precisamente, es que explota la idea de una
contradicción entre la voluntad de negociar por parte de Bolivia y la
‘beligerancia’ del gobierno del presidente Morales. Ya en 2017, el canciller
Muñoz, a través de la red social Twitter, afirmó: “E.Morales insulta a Chile, reiteradamente...y
quiere negociar! Tendremos presente sus dichos en la CIJ. Chile no cederá
soberanía” (sic). Ese escrito fue una respuesta a lo dicho por el Mandatario
boliviano, quien el 13 de febrero aseguró, a través de la misma red social, que
en “el Estado Plurinacional resolvemos las controversias a través del diálogo,
la negociación, la justicia y el derecho”, mientras que “los Estados coloniales
resuelven las controversias a través de las armas y de la invasión”.
Frente
a todas esas declaraciones, la postura del Gobierno boliviano fue convocar a
Chile al diálogo, aunque no se le dejó de interpelar por arrebatar al país
territorio en una guerra injusta.
El 26
de septiembre de 2015, dos días después de que la CIJ emitiera la sentencia
sobre su competencia, Morales instó a Chile a construir un acuerdo para que “no
haya perdedores ni ganadores”, pues “somos países hermanos y veamos cómo ganar
juntos”. Esa postura la ratificó el 28 de septiembre ante la Asamblea de la
Organización de Naciones Unidas.
Incluso
el excanciller David Choquehuanca afirmó, el 6 de enero de 2016, que el
Gobierno boliviano estaba dispuesto a establecer las relaciones diplomáticas
con esa vecina nación, siempre y cuando ello condujera a resolver “varias
injusticias”.
Respecto
a la negativa de Chile de negociar una salida soberana al Pacífico, el
Ejecutivo boliviano recordó a sus autoridades que el territorio que dice suyo
le fue arrebatado a Bolivia. Asimismo señaló los múltiples incumplimientos a lo
largo de la historia para compensar la pérdida del Litoral, a través del
Tratado de 1904.
“Yo le pregunto (al canciller de Chile):
¿Quién le obligó (a Chile) a quitarnos, o robarnos el mar?”, respondió Morales,
el 8 de enero de 2016, a una declaración de Muñoz, que había aseverado que la
CIJ “no podrá obligar” a su país a ceder territorio. Además, el Mandatario
boliviano afirmó que con el juicio Bolivia no busca que Chile le regale
territorio, sino que se haga justicia por el delito de “lesa humanidad” que se
cometió con la invasión del 14 de febrero de 1879 al antiguo puerto boliviano
de Antofagasta.
“Nos han ofrecido salida al mar con soberanía,
un corredor; no estamos pidiendo a La Haya que nos regale, sino que Chile
cumpla con sus compromisos, con sus ofrecimientos, eso es lo que estamos
pidiendo. No estamos pidiendo (...) lo que nos robaron”, remarcó
Morales.Posteriormente, el 27 de marzo del pasado año, el Mandatario afirmó que
“no se defiende la soberanía por algo que es robado, invadido, asaltado o
saqueado; eso quiero que sepa el Canciller de Chile”.
Historiadores
e intelectuales en Chile concuerdan en que su país le arrebató territorio a
Bolivia y que por ello tiene una deuda, según una publicación de la Agencia
Latinoamericana de Información (ALAI).
Por
ejemplo, Pedro Godor, publicó un trabajo en el Centro de Estudios Chilenos, en
el que criticó los “arcaicos estereotipos” que despojados de objetividad e
impregnados de “altanería racista”, llegan a afirmar que Bolivia “jamás tuvo
mar”. Este experto analizó, en 2014, que el Tratado de 1904 establece que
Bolivia “cede a perpetuidad el territorio de Antofagasta” y al respecto se
cuestionó: “¿Se puede ceder algo ajeno y obtener de yapa compensaciones?”.
El
escritor chileno José Miguel Vicuña en su trabajo titulado “Antecedentes del
movimiento intelectual de la Guerra del Pacífico hasta 1920” publicado en la
revista bimestral de Ciencias, Letras y Artes de la Universidad de Concepción
de Chile calificó como una actitud inmoral “la conquista a mano armada de las
tierras salitrosas de Bolivia y de Perú, para proteger los intereses de los
industriales y mineros chilenos”.
El
representante del Centro Cultural y Político Casa Bolívar de Chile, Roberto
Muñoz, coincidió en que fueron los “grandes oligarcas” de su país quienes
gestaron la Guerra del Pacífico, por lo que se siente propietarios de ese
terreno y no negociarán una salida soberana, a menos que haya algo que sí se
puedan tranzar.
Otro de
los historiadores críticos con su gobierno es Cástulo Martínez, quien consideró
que sus autoridades deberían acceder a estudiar “conjuntamente con Bolivia, la
fórmula que permita a esta nación contar, una vez más, con un puerto propio en
la extensa costa chilena”.
El
incumplimiento al Tratado de 1904 es otro de los temas que las autoridades
bolivianas cuestionan. El 4 de junio de 2016, mediante su cuenta Twitter,
Morales denunció vulneraciones al cumplimiento de ese acuerdo porque el
administrador portuario subió unilateralmente las tarifas de exportación.
“Decisión injusta y discriminatoria”, escribió el Mandatario, quien recordó que
ese acuerdo, firmado tras la Guerra del Pacífico, obliga a Chile a otorgar a
favor de Bolivia y “a perpetuidad (…) el más amplio derecho de tránsito
comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. Por ello, Bolivia denunció
a Chile ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
El 16
de junio, el Gobierno exigió al vecino país cumplir ese convenio y denunció 12
“atropellos” al comercio exterior en el puerto de Antofagasta. El 22 de junio,
Bolivia emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades chilenas cumplir
con las obligaciones de libre tránsito emergentes de “las pobres compensaciones
ante el cercenamiento brutal de territorio”.
Ese es
el escenario en el que se mueve el litigio marítimo, un proceso en el que,
mientras el equipo de Bolivia se mantuvo sólido hasta la fecha, el de Chile
sufrió por lo menos tres bajas importantes: las dimisiones de sus agentes
Felipe Bulnes y José Miguel Insulza, y del periodista Ascanio Cavallo, quien
era responsable de conducir la estrategia comunicacional chilena en este caso.
y Twitter: @escuelanfp
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