Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Carla Esposito Guevara
La nueva ley de la Coca sustituirá 38 artículos de
la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde
1988. Lo nuevo de esta ley es que establece 22 mil hectáreas de coca legal para
consumo tradicional, a diferencia de la 1008 que permitía únicamente 12.000.
Obviamente el tope de hectáreas permitidas establecido por la ley 1008 para la
coca tradicional es obsoleto, por eso el “Estudio Integral de la Demanda de la
Hoja de Coca en Bolivia”, financiado por la Unión Europea, calculó que Bolivia
necesita 14 mil hectáreas para el cultivo tradicional. Por tanto, habría una
brecha teórica de 8 mil las hectáreas respecto al estudio.
Por otro lado, a diferencia la ley 1008, establece
además zonas autorizadas y no autorizadas para el cultivo de la hoja de coca,
ya que aquella no diferenciaba entre
coca y sustancias controladas, ambas estaban mezcladas como si fueran lo mismo,
en cambio ahora tendremos una ley para cada tema. Las zonas autorizadas son
solo dos: La Paz, donde se permite una extensión máxima de 14.300 hectáreas
cultivadas y el departamento de Cochabamba, donde se permite una extensión
máxima de 7.700 hectáreas; “en el resto del territorio boliviano se establece
coca cero”.
Pese a que la nueva ley fue resultado de un
conflicto alentado y provocado por el sector de productores de coca de los
Yungas, que con apoyo de la oposición, pedía el reconocimiento de 24 mil
hectáreas, generó el rechazo de ambos con el argumento de que estaría poniendo
a disposición del narcotráfico más de once mil toneladas métricas anuales de
hoja de coca lo que nos convertiría en un “narco estado” desacreditado ante la
comunidad internacional, aunque lo que en efecto aprueba la ley son muchas
menos hectáreas de las solicitadas.
Revisemos algunos datos para ver si la oposición
tiene o no razón. El primer dato interesante, es que, según la UNDOC, Bolivia
es el menor productor de coca en la región y en el mundo, produce solo el 15%
de la coca mundial. En la región, Colombia produce 128 mil hectáreas, Perú 46 mil
y Bolivia solo 22 mil, es decir,
Colombia produce poco más que 5 veces más que Bolivia, Perú el doble y ambos
son felicitados por sus logos en la lucha contra las drogas por los organismos
internacionales, mientras que Bolivia resulta ser un “narco estado”.
Si se trata de desvió de la coca para el
narcotráfico Bolivia es el país que menos la desvía de los tres países y las
proporciones son considerables en relación a sus dos vecinos. Perú es el primer
productor de cocaína en la región, Colombia el segundo y recién viene Bolivia
en el tercer lugar. La oposición sostiene que el 93% de la coca del Chapare es
desviada para el narcotráfico, pero este es un dato manipulado y erróneo, ya
que el 93% del total de hoja de coca comercializada en los mercados autorizados
del país se realiza en el mercado de Villa Fátima en el Departamento de La Paz
y solo el restante 7% se comercializa en el mercado de Sacaba en el
Departamento de Cochabamba, por tanto, como máximo, el desvío de la coca del
Chapare al narcotráfico seria el 93% de ese 7% que pasa por el mercado de
Sacaba, que ya es otra cifra muy distinta.
Si bien es cierto que la Ley de la Coca establece
8 mil hectáreas más para el consumo tradicional que las establecidas en el
informe de la Unión Europea, el aumento se justifica por el rendimiento de la
tierra. No se puede comparar el rendimiento de hoy con el del año en que se
promulgó la 1008, obviamente actualmente es menor y se producen menos toneladas
por hectárea que entonces. En términos comparativos, la tierra en Bolivia tiene
un rendimiento promedio de 1,4 toneladas por hectárea, en Perú de 2,4 y n
Colombia de 4,8.
Finalmente, me pregunto con qué moral la oposición
critica los resultados de la lucha antidroga en Bolivia. Los propios datos de
la UNDOC muestran que el gobierno de Morales logro los niveles más bajos de
producción de coca en relación a los gobiernos que le precedieron. Para dar
algunos datos, durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada la producción de
coca en Bolivia alcanzó el tope de 48.100 hectáreas en 1996, en 1998, durante
el gobierno de Banzer, Bolivia producía 38 mil hectáreas de coca año y Tuto las
redujo a punta de bala en la guerra contra la coca hasta 21 hectáreas el 2001,
pero con un costo de 60 muertos y 600 heridos. Durante el segundo gobierno de
Sánchez de Lozada se produjo en promedio 24 mil hectáreas año. El 2006 cuando
Morales asume el gobierno, Bolivia producía 27 mil hectáreas año y el Gobierno
las redujo hasta 20, sin violencia y sin muertos logró el nivel más bajo desde la
guerra contra la coca. Si comparamos operativos antidroga el resultado es aún
más flagrante, durante los gobiernos neoliberales se realizaron 45 operativos,
en cambio en el gobierno de Morales se hicieron 121. Entonces ¿Dónde está el
narco estado?
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