Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Susana Ríos Laguna
Para
entender el desempeño del sistema financiero, desde el punto de vista
tributario, es preciso recapitular algunos antecedentes del comportamiento
económico de ese sector.
A mediados de la década del 90, este sector reportaba
indicadores financieros deteriorados, que reflejaban una situación negativa con
altos índices de morosidad e incobrabilidad de la cartera, resultado de las
deficiencias organizacionales, capitalizaciones ficticias, concentración de
propiedad, cartera vinculada a los accionistas y administradores, escaso nivel
de previsiones, gran parte de la población marginada de los servicios
financieros básicos, ineficaces e ineficientes sistemas de control interno y
baja calidad de sus activos; los cuales ocasionaron la quiebra de algunas
entidades bancarias y en otras, la generación de pérdidas.
Las
pérdidas producidas en esos años se beneficiaron de forma irrestricta a través
de la compensación directa en contra de las utilidades generadas durante la
segunda mitad de la década de 2000, situación que se reflejó en pagos mínimos
por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), mismos que
no concordaban proporcionalmente al crecimiento de las ganancias de las entidades
de intermediación financiera, toda vez que la normativa tributaria de ese
entonces establecía que las pérdidas puedan ser compensadas ilimitadamente con
utilidades futuras y, más aún, permitían su constante actualización, regulación
que en los hechos derivó en una afectación negativa al fisco, ya que debido a
esto, sencillamente la banca no paga el impuesto a las utilidades comparando
las pérdidas pasadas.
En
razón de ello, el Estado mediante la Ley 169 determinó la limitación de la
compensación de pérdidas hasta un máximo de tres (3) años, anulando también la
actualización de las mismas. Asimismo, para corregir el desbalance de las
ganancias significativas sin la correspondiente retribución al Estado por
concepto de IUE, se estableció un mecanismo tributario en función a la
rentabilidad del sector.
De esta
forma, a través de la Ley 211 se aplicó la Alícuota Adicional al IUE de 12,5%
únicamente para entidades financieras que sobrepasen una rentabilidad del 13%.
A su vez, considerando que cerca de la mitad de las altas utilidades de las
entidades financieras provenían de una simple actividad de compra-venta de
moneda extranjera, ajena a su naturaleza de intermediación financiera, se
estableció el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IVME), mediante la Ley
291, mismo que permitió al Estado generar una recaudación anual promedio de Bs
300 millones.
Posteriormente,
en la gestión 2015, se dejó sin efecto el IVME, mediante un proyecto de norma
que determinaba una AA–IUE de 25%, conforme lo propuesto por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas; no obstante, esta medida fue modificada por
negociaciones del sector, aprobándose en la Asamblea Legislativa Plurinacional
una alícuota de 22% plasmada en la Ley 771, misma que fue planteada estimando
un comportamiento a la baja de las utilidades de este sector. No obstante, y
pese a las previsiones negativas del sector, en estos últimos años se observa
que sus ganancias continúan creciendo, lo cual se explica por las políticas
económicas implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a una mayor y
mejor redistribución del ingreso, que incrementó la capacidad de ahorro de la
población.
La
nueva política financiera, establecida mediante la Ley de Servicios
Financieros, permitió la democratización de los servicios financieros,
facilitando el acceso al crédito, regulando las tasas de interés para el sector
productivo y de vivienda social, rubros que reportan los niveles más bajos de
mora. Asimismo la obligación de capitalizar utilidades permitió incrementar su
patrimonio, aspecto que repercute en la estabilidad y solvencia crediticia de
las entidades de intermediación financiera, lo cual no hubiera sido posible por
iniciativa propia de la banca privada, tal como sucedió en décadas pasadas.
Los
resultados de estas medidas se traducen en un incremento de las utilidades en
más de ocho (8) veces, alcanzando a un monto máximo histórico de $us 314
millones en la gestión 2016; cifra superior en 14% a la registrada en 2015.
A su
vez, la estabilidad y solvencia de las entidades de intermediación financiera a
lo largo de los últimos años se ve reflejada en un nivel decreciente de mora,
que en la gestión 2016 alcanzó mínimos de 1,6% para la cartera total y 1,32%
para los créditos productivos, considerando que desde la promulgación de la Ley
de Servicios Financieros la cartera se ha duplicado y además los depósitos y el
patrimonio crecieron a un ritmo interanual de 16% en promedio.
Todos
estos referentes muestran que las proyecciones negativas señaladas por los
representantes del sector financiero son totalmente diferentes a la realidad
económica del sector, la cual ha sido registrada tanto en medios de
comunicación como en sus propios Estados Financieros, demostrándose que a
medida que se profundiza y democratiza los servicios financieros, también se
producen mayores beneficios para el sector financiero y la población.
Este
panorama ampliamente favorable para el sector financiero ha motivado la
reposición de la AA-IUE Financiero, al nivel de 25%, propuesto en la versión
inicial de la Ley 771 de 2015; es decir que el adicional de 3% no afectará a la
solvencia, ni a la capacidad de préstamo del sector, el cual continuará gozando
de buena salud financiera, puesto que, además, esta Alícuota Adicional
únicamente será aplicable a las entidades que superen una rentabilidad del
6% con respecto a su patrimonio.
El
incremento propuesto por el Órgano Ejecutivo representaría un monto aproximado
de Bs 70 millones de recaudación, equivalentes al 0,1% de la recaudación total;
recursos que permitirán al Estado profundizar la política de redistribución del
ingreso mediante la aplicación de programas y proyectos sociales y de inversión
pública en beneficio de la población, con lo cual se coadyuvará al crecimiento
de la economía y, por ende, el desarrollo de nuestra sociedad en términos de
igualdad.
Por lo
tanto, el Gobierno Nacional, siendo consecuente con las políticas fiscales
implementadas en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo,
sostiene que el incremento del 3% de la AA-IUE para el sector financiero
coadyuva a profundizar la redistribución del ingreso sin afectar a las
entidades financieras.
La autora es viceministra de Política
Tributaria
Síguenos en Facebook: Escuela Nacional de Formacion Politica A mediados de la década del 90, este sector reportaba indicadores financieros deteriorados, que reflejaban una situación negativa con altos índices de morosidad e incobrabilidad de la cartera, resultado de las deficiencias organizacionales, capitalizaciones ficticias, concentración de propiedad, cartera vinculada a los accionistas y administradores, escaso nivel de previsiones, gran parte de la población marginada de los servicios financieros básicos, ineficaces e ineficientes sistemas de control interno y baja calidad de sus activos; los cuales ocasionaron la quiebra de algunas entidades bancarias y en otras, la generación de pérdidas.
Las pérdidas producidas en esos años se beneficiaron de forma irrestricta a través de la compensación directa en contra de las utilidades generadas durante la segunda mitad de la década de 2000, situación que se reflejó en pagos mínimos por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), mismos que no concordaban proporcionalmente al crecimiento de las ganancias de las entidades de intermediación financiera, toda vez que la normativa tributaria de ese entonces establecía que las pérdidas puedan ser compensadas ilimitadamente con utilidades futuras y, más aún, permitían su constante actualización, regulación que en los hechos derivó en una afectación negativa al fisco, ya que debido a esto, sencillamente la banca no paga el impuesto a las utilidades comparando las pérdidas pasadas.
y Twitter: @escuelanfp
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