Análisis del Proceso Boliviano

Entrevisa a Boaventura De Sousa Santos:

Sábado 19 de octubre. Cae la noche y el hotel de La Paz no tiene sala disponible para la cita. La situación contrasta con la predisposición de Boaventura de Sousa Santos, que, a pesar de su estrés que casi frustra la charla, regala su tiempo más de lo previsto. El proceso político que vive Bolivia, el nuevo activismo social y tantos temas en el cuestionario, esta entrevista se desnaturaliza y se convierte en una clase magistral exclusiva.

Ambiente hogareño en el piso 6, acaban de adecuarlo entre tres asistentes para la hora de flashes y apuntes. Cada respuesta del sociólogo portugués es casi una tesis. ¿Por dónde empezar? Por donde creemos conveniente para esta lectura dominical.

Entre agosto de 2006 y octubre de 2008, Bolivia experimentó un proceso constituyente inédito que siguió (o terminó) con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Finalmente concertada en el Congreso Nacional de entonces y convalidada luego por un referéndum nacional, la carta fundamental rige desde el 7 de febrero de 2009, cuando la promulgó el presidente Evo Morales.

Materia vital. Nacido en São Pedro de Alva, Portugal, el 15 de noviembre de 1940, De Sousa dispara su primera crítica, a la que, por su afinidad con el proceso político en el país, suele llamarla “crítica solidaria”: es “una Constitución que acabó siendo negociada en un contexto no constituyente ni constitucional, el Congreso, en el que se hicieron cambios significativos”.

Si bien admite que esa negociación política “garantizó gobernabilidad”, cuestiona que ese cabildeo, ejercido entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la agrupación Poder Democrático y Social (Podemos), las principales fuerzas de entonces, otorgó “concesiones exageradas para un proceso constituyente que venía fundado por un pacto de unidad”.

Mal que bien, cree que el texto constitucional tiene aportes importantes, como el reconocimiento de las democracias participativa y comunitaria, además de la tradicional representativa. También, la economía plural o los valores del suma qamaña (vivir bien). “Si hay (estos elementos) en otros países, es sólo papel, no vale nada”, cuestiona el también profesor de Sociología de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra, en Portugal.

Sin embargo, en su criterio, la CPE es vulnerable a la “desconstitucionalización” a través de leyes ordinarias que violan el mandato de la Carta Magna. “El ejemplo más claro es la Ley de Deslinde Jurisdiccional (del 29 de diciembre de 2010), que ha restringido de una manera brutal la vigencia de la justicia comunitaria”.

A finales de 2012 similar observación que expone el sociólogo puso en evidencia una crisis en el Movimiento Al Socialismo (MAS). La entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, cuestionó la legalidad del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes, en alusión directa al trabajo en borrador de parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Al final, a través de la Declaración Constitucional 02/2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la inclusión del delito de contrabando en el proyecto y, al contrario, estableció la constitucionalidad el alcance del borrador para casos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

Es otro ejemplo que omite De Sousa Santos, sin el ánimo de inculparlo. “Constitucionalmente, Bolivia está más avanzada; en la práctica está retrasada”, remata.

Incluso, con riesgos de injerencia internacional o interna. “Cualquier gobierno de derecha, aquí o en Ecuador, lo primero que haría es eliminar la Constitución, estoy seguro. Puede no hacerlo directamente, pero la va a destruir de una u otra manera”.

De todas maneras, la nueva Constitución ha marcado un antes y un después del país, un punto de inflexión histórico que De Sousa Santos denomina como un periodo revolucionario rico, “un proceso político de alta calidad y de gran influencia”.

Bolivia es ahora Estado Plurinacional. ¿Cómo caracteriza el proceso político boliviano? Sin ambages, considera que éste es un proceso contradictorio muy complejo, debido a que “hay fuerzas a las que les gustaría llevarlo en la dirección dominante del mundo, que es un desarrollismo neoliberal”.

Así, considera que es “muy claramente posneoliberal y que puede no ser poscapitalista”. Plantea dos razones: otorga “una centralidad al Estado, del Gobierno en el control de los recursos naturales, que va en contra de los principios neoliberales. Por otro lado, porque el neoliberalismo no tolera las diferencias culturales e interculturales que pueden plasmarse en autonomías y que pueden constituirse en obstáculos al desarrollo, que consiste básicamente en la ampliación  sin límites de la frontera agrícola, la agroindustria y la exploración de recursos naturales como nunca”.

También cree que el proceso político es “posteurocéntrico”, que “está fundado en la CPE, en la propia forma del Estado”; en las reformas del Estado distintas a las heredadas por el imperio romano o la Revolución Francesa. Se sustenta en “los principios fundamentales del suma qamaña, la idea de las autonomías territoriales, de la justicia indígena y del respeto y promoción de la diversidad cultural, en términos políticos”. Además, “las economías ancestrales y campesinas tienen una validez constitucional, por eso la economía plural”.

Es más, un dato no menos importante que destaca son las palabras que tiene la Constitución. “Nunca una Constitución en el mundo tuvo tantas palabras en lenguas no coloniales, que también son algo simbólico”.

Sin embargo, tiene dudas razonables acerca de la eficiencia de la experiencia boliviana. Hay que hacer “un test para saber si estamos o no en un camino neo o posneoliberal”, dice.

¿Y para que serviría el test? Para “saber si las consultas son hechas de manera previa, libre, informada y de buena fe. Si son, estamos en el camino posneoliberal; si no son, estamos deslizando para una vertiente neoliberal”.

Con el conflicto por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de septiembre y octubre de 2011, surgió en el país el debate acerca de la condición progresista o no del gobierno de Evo Morales. Algunos consideraron que, por su insistencia de construir una carretera por el parque, aquél era desarrollista. “En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone, sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas, la construcción de una carretera en territorio indígena (el TIPNIS) para drenar recursos naturales”, escribió De Sousa en su Octava carta a las izquierdas, publicada en Animal Político de La Razón el 2 de septiembre de 2012.

Es uno de los principales cuestionamientos del profesor, que los expresó incluso en persona al vicepresidente Álvaro García Linera. “No le gustó que yo criticara a este Gobierno por eso”, confiesa ahora.

Sin embargo, asegura que este comportamiento no implica que la administración del MAS sea de derecha ni es la debacle del proceso de cambio que tuvo sus momentos más determinantes entre 2000 y 2009. “No soy de los que piensa que éste es un Gobierno de derecha, pienso que este Gobierno tiene en las manos un proceso constituyente que no está perdido, (sino) que está amenazado”.

“Tengo amigos intelectuales que consideran que ya el proceso se perdió; este Gobierno es derecha. Yo tengo una posición distinta y muy apoyada en los movimientos sociales con los que comparto: no es un proceso perdido, de ninguna manera, pero además no veo un peligro”, insiste.

Si no está perdido, el desafío es de los movimientos sociales, materia de prioridad en la experiencia intelectual y académica de De Sousa Santos, que hasta estas alturas de la conversación no ha bebido ni una gota del agua embotellada que dejó lista al pie del sillón de su pieza en el hotel. “Todo depende de la presión que los movimientos sociales deben hacer para que este proceso constituyente siga adelante. Para eso, tienen que seguir conversando y hay que reconstruir un pacto de unidad”, sugiere el sociólogo.

Gran parte de la CPE aprobada en la Asamblea Constituyente, en Sucre, fue promovida por organizaciones sociales agrupadas en el llamado Pacto de Unidad, conformada entonces por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Campesinas Bartolina Sisa (CSUC-BS), la Confederación de Colonizadores de Bolivia, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq) y la Cidob.

En su visita a La Paz, De Sousa Santos se reunió con dirigentes de algunos movimientos, con quienes abordó la actual situación del país. Al analizar las reflexiones, dice que si bien hay descontento, aún creen en el proyecto político. “Están en contra de algunas políticas, dimensiones o actitudes de este proceso, pero no lo van a rechazar de una manera total”, cuenta.

Conamaq y Cidob, dos de las principales organizaciones del Pacto de Unidad, sufrieron fisuras en sus liderazgos. La segunda, tras el conflicto por el TIPNIS, es presidida por Melva Hurtado, dirigente indígena afín al Gobierno. El profesor reparó esta situación. “He visto muchas organizaciones sociales divididas, deberían abrazarse, mostrar brillantemente y muy francamente sus diferencias, y decir ‘compañeros, este proceso es nuestro, deberíamos impulsarlo y seguirlo juntos’”, reflexiona.

En esto, considera que las mujeres deberían jugar un rol vital. “Curiosamente observo: las mujeres en este país son un factor de unidad que no están reconocidas ni exploradas. (…)”. Cree que su acción se circunscribe en lo que llama “la ética de cuidado”, que permite que no se polarice lo que se puede despolarizar entre movimientos.

Sin embargo, llama la atención sobre la autonomía de la acción de aquéllas y el interés de agentes políticos externos e internos contra el proyecto constituyente. No puede haber una pérdida de autonomía de los movimientos con el miedo de que “si no están con el Gobierno incondicionalmente, están en contra”. “Estarán perdidos, tienen que mantener su autonomía y asumir los costos de esa autonomía, y tienen que saber manifestarse de manera que este proceso no se destruya completamente”.

Así, plantea algo que quizás no entendería el MAS y los sindicatos afines, Morales, García Linera o los mentores de la administración gubernamental.

“Hay que presionar a Evo Morales, porque hay muchas presiones para descaracterizar este proceso, son muy fuertes, vienen de poderes fácticos internacionales y poderes internos, además de las contradicciones propias del Gobierno, que está lejos de ser un gobierno homogéneo”, propone.

“Hay vertientes en el Gobierno más próximas a las lógicas del proceso y otras, más desarrollistas. O sea, los pachamámicos y los extractivistas”.

Esa presión, según caracteriza De Sousa, debería ser natural tras el contrato social que implicó la nueva Constitución. “Éste el primer momento para un nuevo activismo”.  Ya dijo que, en su caso, no devaluaría su voto, por la experiencia de 40 años de dictadura en su país. “Si se pierde (el proceso), pasarán décadas hasta que surja otra oportunidad”, desafía.

Entrevista efectuada por Rubén Atahuichi, periodista de La Razón

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