Condiciones de posibilidad para el proceso de cambio y transformación

Por: Arturo D. Villanueva Imaña

Las condiciones de posibilidad para que el proceso de cambio y transformación pueda transitar desde el modelo neoliberal protocapitalista de mercado y el Estado republicano monocultural y excluyente, hacia la construcción del socialismo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza y el nuevo Estado plurinacional; fueron abiertas por las luchas populares y las revueltas nacionales que se dieron con las denominadas guerras por el gas y el agua a inicios del nuevo siglo. Tal fue la envergadura y potencia social de dichos acontecimientos de rebelión e insurgencia que sentaron los cimientos y abrieron las compuertas para que dicho proyecto nacional fermentado en el seno de las masas populares; que éste se tradujo primero en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y, luego, en la aprobación y refrendación por medio del referéndum nacional ratificatorio de la nueva Constitución Política del Estado, en la que (a pesar de las modificaciones efectuadas en un Parlamento que todavía cobijaba los resabios conservadores y reaccionarios que se encontraban en retirada y derrotados), se perfilan las líneas maestras que deben orientar aquella condición de posibilidad abierta por el pueblo. 

Habida cuenta de las medidas y decisiones gubernamentales que se vienen ejercitando (algunas de las cuáles analizaremos para indagar su trascendencia e implicaciones), el presente trabajo buscará explorar si aquellas condiciones de posibilidad que habían sido abiertas y sembradas por las luchas del pueblo, lograrán alcanzar buen puerto y cumplir el ideario y los objetivos planteados por mandato popular y la Constitución Política del Estado; dando por entendido que aquella creación de condiciones favorables para realizar efectivamente el proceso de cambio transformación democrático cultural, puede ser insuficiente si no es seguida de las medidas y el cumplimiento de las tareas nacionales compatibles y acordes a dicho proyecto nacional pergeñado en la Constitución.

En síntesis, de lo que se trata es de indagar si existe un patrón de continuidad y secuencia entre las medidas y decisiones gubernamentales que se van adoptando en los últimos años, con aquellas condiciones de posibilidad abiertas por las luchas populares, que permitan cristalizar aquel proyecto nacional emprendido por el proceso de cambio y transformación.   

A confesion de parte, relevo de pruebas

Dícese en el ámbito de las prácticas jurídico legales, que frente al reconocimiento y confesión de las personas respecto de un hecho sucedido o de la imputación realizada, ya es irrelevante y deja de constituir un requisito indispensable la presentación de pruebas, en vista de haberse efectuado o anticipado dicha declaración de culpabilidad.

Al respecto y aunque no tuvo la misma repercusión causada cuando el Presidente Evo Morales confesó haber sido el “culpable” (sic) para que se eligiera al actual Defensor del Pueblo en el Congreso Plurinacional (con lo cual no solo reconoce injerencia en el Poder Legislativo que debería actuar con plena libertad e independencia, sino también el sometimiento del mismo a las “sugerencias” del Poder Ejecutivo), también es oportuno recordar aquellas otras declaraciones efectuadas en el marco de los festejos departamentales de Santa Cruz, cuando afirmó que “reconocía sinceramente” el  gran interés gubernamental para ganar las elecciones en dicho departamento y realizar todos los esfuerzos necesarios para que ello suceda, habida cuenta que electoralmente llevará al Congreso Nacional a una mayor cantidad de parlamentarios respecto de todos los demás departamentos de Bolivia. Debe recordarse que dichas declaraciones fueron realizadas teniendo como telón de fondo varios días de estadía del Presidente en la región cruceña, donde se efectuaron y concretaron una serie de acuerdos, ofrecimientos y entrega de obras conjuntamente los sectores empresariales tan atacados y echados a menos, que resultaba sumamente sorprendente que en muy poco tiempo se haya producido un acercamiento y preferencia tan destacables que llamaron la atención pública nacional.

Más allá de la controversia acerca de quién (empresarios o gobierno) había terminado seduciendo, doblegando y sometiendo a su interlocutor, el hecho es que paralelamente a estas declaraciones, la estadía del Presidente en la capital del departamento de Santa Cruz en su mes aniversario, terminó cerrando un largo periplo de viajes, negociaciones, encuentros y acuerdos  realizados a puerta cerrada (y sin necesidad de guardar siquiera  las formas de un requerimiento de los interesados para una audiencia que debía realizarse en la sede de gobierno, porque fue el Vicepresidente Alvaro García Linera que tomó la feliz iniciativa de trasladarse y acudir ante los empresarios), en los que se consolida y amplía las enormes concesiones y perdonazos que ya se habían perfilado al aprobar la ley 337 (mal llamada de apoyo a la producción y restitución de bosques), sino que se ofrece la realización de enormes inversiones que beneficien las iniciativas empresariales en dicho departamento, y que culminaron con la explícita complacencia del empresariado, en vista de que inclusive llegaron a inmiscuirse en la definición de los términos y las fechas de realización del censo nacional agropecuario (hecho que, ni siquiera por un elemental sentido de equilibrio, fue tratado o consultado con las organizaciones y sectores campesinos e indígenas del país).

La declaración, antecedida por ese enorme despliegue efectuado y descrito muy escuetamente más arriba y que puede ser más ampliamente precisado en sus alcances con una revisión correlativa de la prensa; tiene adicionalmente una trascendencia no abordada por las noticias que dieron cuenta del inédito e inusual desprendimiento y atención que el gobierno brindó para favorecer los intereses empresariales (nacionales y transnacionales), entre los que no se puede dejar de mencionar las negociaciones con los sectores financieros y bancarios para aprobar la nueva ley financial, o la otorgación (por iniciativa propia y sin requerimiento), de incentivos, facilidades y nuevas concesiones (como el ofrecimiento de la apertura de las áreas protegidas a la exploración y explotación hidrocarburífera, el reajuste e incremento de precios pagados por Bolivia a las transnacionales para incentivar la explotación de petróleo, e inclusive el ofrecimiento de mora y retraso en el pago del IDH a los municipios, gobernaciones y otras instancias que reciben esta regalía, nada menos que con el argumento de promover la exploración hidrocarburífera que por asuntos de soberanía nacional y creación de capacidad tecnológica nacional debería hacerlo YPFB, pero que bajo las condiciones prevalecientes terminarían sometiendo nuestra capacidad, para beneficiar nuevamente a las mismas empresas y los intereses transnacionales, nada menos que afectando las iniciativas de producción y desarrollo que legítimamente deben emprender los departamentos y municipios con el dinero del IDH). 

Se trata pues inocultablemente de una lógica inmediatista (que no parece estar acorde a las tareas nacionales de transformación y cambio), que tiene una repercusión económica y otra política. En lo económico y con el afán de aprovechar los réditos de la economía y los precios internacionales de materias primas y commodities, junto a la explotación hicrocarburífera y la construcción de grandes obras de infraestructura (que explícitamente buscan flexibilizar normas para no dar cumplimiento al derecho de consulta y participación de los pueblos indígena originarios), se ha decidido también desarrollar y emprender iniciativas de inversión, ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo transgénico, extensivo y agroindustrial que relega la diversificación agrícola y la producción campesina y ecológica, sin reparar que ese intento de establecer un nuevo ciclo acumulación de riqueza nacional, se produce sin cambiar las relaciones de producción imperantes. Es decir, reproduciendo las relaciones capitalistas de explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza, con lo cual no solo se provoca la reproducción y fortalecimiento del sistema capitalista y extractivo que tenía la obligación de transformar, sino que se conforma con la sustitución de las antiguas elites dominantes, ante la emergencia de una nueva burguesía que antes se encontraba sometida o segregada por razones étnicas o culturales. Sin embargo, no hay que olvidar que esta nueva élite, acompañada de una floreciente nueva clase media, tiene los mismos intereses económicos y eventualmente políticos, que la antigua casta señorial (que ahora vuelve a tomar protagonismo por acción que los redime de oficio por la iniciativa del  gobierno que ha decidido emprender las acciones anteriormente descritas en el departamento de Santa Cruz); lo que lamentablemente se traduce en la percepción ciudadana como una situación de bonanza y progreso económico, cuando en realidad no es sino la postergación (sino abandono) de las tareas de transformación económica. La ilusión de bienestar y progreso, encubre y oculta la ausencia del cambio y la transformación económica y productiva que permitiría garantizar la soberanía nacional y la descolonización.

Por otra parte, el ofrecimiento de grandes inversiones y la construcción de megaobras de impacto regional y departamental como mecanismo de seducción y convencimiento electoral, responde a una lógica desarrollista y un modelo que exacerba las prácticas consumistas de mercado, además de transferir recursos económicos nacionales a las grandes empresas transnacionales que serán contratadas para realizar dichas obras, cuyos emprendimientos se encuentran inocultablemente en la acera opuesta del proceso de cambio y transformación que constituía el horizonte de realización nacional.

Pero además, dados los términos de los ofrecimientos realizados y los objetivos electorales declarados, los mismos adquieren una connotación prebendal y clientelar muy alejada de los principios, valores y fines marcados por la Constitución. Así, la electoralización del proceso, se constituye en una apuesta por el corto plazo, que va en consonancia con las antiguas prácticas politiqueras repudiadas, interesadas el reproducir el gobierno, olvidando las tareas y deudas históricas y sociales pendientes. La disputa por ganar las elecciones y conseguir mayores escaños, no muestra sino un afán inmediatista de reproducción del poder y el gobierno, incorporando intereses conservadores y reaccionarios que tradicionalmente estuvieron en contra del proceso, pero que mediáticamente se muestran como indicadores de apertura democrática y tolerancia para garantizar el avance y progreso económico, cuando en realidad constituyen la consolidación de un modelo desarrollista y burgués.

Promover el incremento de la producción, las inversiones y la acumulación de riqueza, sin cambiar las relaciones de producción y construir relaciones comunitarias y sociales, viene a convertirse en una especie de señuelo para convencernos de que primero hay que mejorar la economía y el bienestar, siendo que en realidad lo que se hace es sembrar relaciones de explotación capitalista y el surgimiento de nuevas castas dominantes que buscarán perpetuar aquel modelo económico repudiado.

En lo político y muy a pesar del revés no asimilado en las elecciones departamentales del Beni en las que ya se ejercitó la estrategia de establecer alianzas y acuerdos con sectores conservadores y de grandes ganaderos; sucede que el gobierno opta por intentar ganar un apoyo electoral esquivo y tradicionalmente opositor, con tal de reproducir el gobierno, sabiendo que ello denota un afán inmediatista y de resultados efímeros, que inclusive podrían acabar (antes de la conclusión del periodo gubernamental) con un revocatorio.

Quien antepone y prioriza la campaña electoral para ganar las elecciones y reproducir el gobierno, no solo está reproduciendo prácticas de los partidos políticos tradicionales que no repararon en ningún límite ni argumento para justificar alianzas espúreas y contubernios, sino que lo hace a costa de establecer y efectuar nuevas concesiones y ventajas  a los antiguos sectores dominantes y separatistas, a costa de desvirtuar, relegar o abandonar los objetivos del proceso e inclusive a los sectores populares, con lo cual se termina empeñando y embargando las tareas de transformación y cambio. Bajo esa lógica, es inevitable una reconfiguración en la correlación de fuerzas, porque los nuevos sectores dominantes emergentes y aliados por la conveniencia de ganar las elecciones, a no dudar, pugnarán y contaminarán con nuevos contenidos y los antiguos intereses de clase al proceso. Es el germen y la semilla de coyunturas históricas similares que terminaron traicionando, revirtiendo y hasta restaurando intereses y proyectos antinacionales que cerraron ciclos y condiciones de posibilidad histórica para la transformación y el cambio.

El discurso antiimperialista como señuelo

En un plano paralelo a los hechos, declaraciones y medidas analizadas anteriormente; entre fines del mes de agosto, e inicio del mes de septiembre, se realizó la Cumbre mundial antiimperialista y anticapitalista en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, cuya iniciativa se originó en aquella impensada y colonial decisión de algunos países europeos presionados y obsecuentes lacayos del gobierno de los Estados Unidos, que impidieron el paso del avión y retuvieron ilegalmente al Presidente del Estado plurinacional de Bolivia a inicios del mes de julio, cuando retornaba de Rusia.  

La innegable importancia y trascendencia de dicho evento internacional que convocó innumerables líderes, representantes y dirigentes de movimientos sociales del mundo, no solo estuvo relacionada a la rearticulación de un bloque global de lucha contra el imperialismo, sino con la construcción de un discurso que fuera amplificado y reproducido a nivel mundial, por ese conjunto de movimientos sociales y organizaciones anticapitalistas que tuvieron la ocasión de encontrar un nuevo espacio de expresión y lucha.

La repercusión de este acontecimiento inédito a nivel nacional, tuvo una fuerte resonancia mundial, e inclusive sirvió de base y respaldo a diverso tipo de acciones diplomáticas y políticas que pusieron a la orden del día la agenda internacional de la descolonización y el rechazo generalizado a la intromisión, el abuso y la prepotencia del imperio, que con esta y otras acciones que fueron denunciadas casi simultáneamente (como por ejemplo el control y espionaje de las comunicaciones de sus propios aliados y de todos los países del mundo que Snowden denunció y puso en evidencia, o las declaradas intenciones para invadir Siria como ya lo había hecho antes con otros países); lo que terminó desnudando la inadmisible injerencia  de los Estados Unidos, nada menos que a título de la defensa de la democracia, la libertad y la paz del mundo.

En lo que atañe a Bolivia, dicha cumbre mundial sirvió para actualizar la agenda y el discurso del antiimperialismo y la descolonización, que siguiendo el libreto de la denuncia y la interpelación, volvió a reproducir encendidos y agresivos argumentos orientados a desenmascarar y desnudar el rostro y las facetas más perversas del dominio imperialista, logrando ciertamente incomodar y poner en tensión las relaciones internacionales y al propio gobierno de los Estados Unidos. En lo interno, logró despertar nuevamente los impulsos antiimperialistas y el sentimiento de dignidad y soberanía que los bolivianos llevamos dentro, al mismo tiempo de promover la movilización y pronunciamiento de las organizaciones sociales y los sectores populares, en una especie de efecto catártico. Es decir, se logró agendar y sacudir una de las aspiraciones intrínsecas más importantes del pueblo, con lo cual se lograba remozar las tareas pendientes del proceso de cambio y transformación. Sin embargo, al haberse limitado a la formulación de denuncias, declaraciones y pronunciamientos (por más estridentes y agresivos que fueran), sin que se acompañen con acciones concretas que cambien y transformen las relaciones de producción y trabajo imperantes (que son indispensables para liberarse de la explotación, el dominio y el sometimiento que imponen las relaciones capitalistas y financieras imperantes), solo se  limitaron a incomodar y provocar una molestia pasajera, sin haber afectado en lo más mínimo las relaciones de poder que imponen los intereses transnacionales y el imperialismo. Es decir, dejando pendientes las tareas de liberación nacional y descolonización, que tienen que ver más con el establecimiento y construcción de relaciones comunitarias y sociales en los diversos sectores de la producción y la economía nacional, antes que con la emisión de discursos y denuncias, por más urticantes que fueran.

No hay otra forma para liberarse del imperialismo y el sometimiento neocolonial, que cambiar las relaciones de producción capitalistas imperantes y echar a andar las tareas de liberación nacional y la descolonización externa. Toda otra iniciativa que no contemple estas acciones, solo servirá para perpetuar el sistema imperialista y estancar o retroceder, paralelamente, el proceso de cambio y transformación.

Una consideración final

En varias coyunturas de la historia nacional reciente, los bolivianos hemos empeñado nuestra lucha y esperanzas, unas veces para conquistar la democracia, la liberación nacional o por los procesos revolucionarios que performaban cambios y transformación, pero que fueron traicionados y/o revertidos, restaurando los intereses y el dominio capitalista y transnacional de siempre…

Ahora, parecería que nuevamente nos vemos ante ese mismo espejo regresivo, alimentado por las acciones gubernamentales que en un principio fueron percibidas como aisladas e inconexas, pero que cada vez más aparecen como sistemáticas y continuas; lo cual podría reproducir aquellos procesos truncos o traicionados como el del 52 y el de los años 80 con la Asamblea Popular.

De continuar esta lógica, se corre el riesgo de sepultar el proceso por otras nuevas décadas de acumulación social, hasta que se presente una nueva coyuntura de rebelión e insurgencia, mientras el mundo avanza y nos vuelve a dejar en aquellas puertas de la prehistoria de la que no podemos salir, no para desarrollar y progresar al estilo, las formas y los intereses capitalistas predominantes, sino para marcar y construir aquella nueva ruta del Vivir Bien y el socialismo comunitario, que siendo nuestro destino manifiesto y paradigma alternativo al sistema capitalista decadente, puede convertirse solo en un proyecto nacional inconcluso, o peor, traicionado y abandonado, por la conveniencia de atender y priorizar tareas y objetivos inmediatos y coyunturales, antes que emprender las tareas nacionales perfiladas en la Constitución.

Como al inicio, cuando se abrieron las condiciones de posibilidad, todavía estamos a tiempo; pero cuanto más tiempo pase y cuanto más concesiones y acuerdos se hagan con sectores tradicional e históricamente conservadores y reaccionarios, más lejos estaremos de cumplir lo que manda la Constitución y menos condiciones favorables existirán para cumplir el mandato popular.

El autor es sociólogo, vive en Cochabamba

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