Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Verónica Rocha Fuentes
Aunque
son residuales las posturas que señalan que la reciente modificación de tres
normativas electorales rumbo a las elecciones judiciales del 22 de octubre
“prevé mayor control de los medios” (así titularon un par de medios de Santa
Cruz, haciendo eco de alguna voz de oposición), antes de generar más
desinformación, resulta importante dejar en claro la finalidad de estas
reformas sobre el trabajo de los medios de comunicación durante este proceso
electoral.
Al
respecto, urge recordar que en mayo de 2011, producto de un intenso debate en
torno a las libertades de expresión y los derechos a la comunicación e
información, la Ley del Régimen Electoral (LRE) sufrió unas primeras
modificaciones en el artículo 82 (que determina las prohibiciones), minimizando
en gran manera todos los riesgos que se advertían sobre determinadas
libertades, tanto de candidatos como de medios y periodistas. La mencionada
alteración se aplicó en las elecciones judiciales de 2011.
Con ese
antecedente, es necesario entender que las reformas realizadas la semana pasada
a la Ley del Régimen Electoral, que afectan en particular al periodo de
difusión, contemplan aspectos referidos al ámbito informativo y comunicacional.
Eso sí, una gran diferencia entre ambas modificaciones es que la realizada
recientemente no se remite solo a excluir un artículo que pudiera resultar
atentatorio contra diversas libertades, sino que específicamente permite
replantear lo que será el proceso de difusión de méritos como un proceso
comunicacional que apunte a privilegiar, en lo posible, el derecho a la
información de la ciudadanía.
En ese
sentido, y nuevamente en lugar de prever un mayor “control” de los medios, lo
que hace esta modificación a la LRE es, en concreto, estructurar de mejor
manera, en cuatro artículos, el proceso/periodo de difusión de méritos al que
estaremos expuestos durante el proceso electoral en ciernes.
Puntualmente
las modificaciones permiten: a) organizar la difusión de méritos de
candidatos/as dentro de una estrategia de comunicación a cargo del Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde-OEP); b) ampliar
manifiestamente el universo de medios involucrados en este proceso y estrategia
(el nomen juris de difusión en medios estatales transitó a difusión en medios,
además se establece el procedimiento para que los medios privados puedan ser
contratados por el ente electoral); c) evitar, en concordancia con la anterior
modificación, que las prohibiciones afecten derechos y libertades; y d) graduar
el régimen de sanción a los medios en caso de incumplimiento a las
prohibiciones.
Es
necesario también establecer una diferencia sustantiva: la normativa modificada
establecía restricciones, límites y requisitos para el trabajo de los medios.
En cambio, la actual habilita sin restricciones a los medios para que difundan
información, generen opinión y alienten el debate sobre el proceso y los
postulantes; con un solo principio que cuidar: igualdad en el acceso a los
medios y, por supuesto, no hacer campaña o propaganda que favorezca o
perjudique a ningún candidato.
Así
queda demostrado que el supuesto “mayor control de los medios” es una falsedad
o, en el mejor de los casos, una mala comprensión de la norma recientemente
aprobada. Lo que toca más bien es alentar a los medios y a los periodistas para
que ejerzan un rol activo en las próximas elecciones judiciales, a fin de
contribuir en la construcción de un voto informado de la ciudadanía.
Comunicadora.
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