Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Sergio Martín-Carrillo y Edmundo
Juan Nogales Arancibia
Como cada 1 de mayo desde que
Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, el Día del Trabajador se celebra
con importantes avances a favor del trabajo. Este año, desde la Presidencia se
anunciaron nuevamente incrementos salariales, tanto en el salario básico (5,5
%) como en el salario mínimo nacional (3%). Además, se restableció el doble
aguinaldo de los trabajadores y trabajadoras al recuperarse el nivel de
crecimiento económico de los años previos (que estará por encima del 4,5 % en
2018). En este sentido, la mayor novedad el Día del Trabajador fue la
promulgación de la Ley de Empresas Sociales, una reivindicación del
sindicalismo boliviano en los últimos años.
Sin embargo, en las dos
semanas que siguieron a la promulgación de la citada ley, el conflicto con el
sector empresarial se recrudeció. Su oposición deja de manifiesto la relación
antagónica entre los intereses de los capitalistas y de los trabajadores;
antagonismo que ellos mismos niegan, pero que dejan de manifiesto al oponerse
con esta fuerza a una ley que busca el control social de las empresas que ya no
pueden ejercer la actividad privada debido a su mala gestión.
Se trata, por tanto, de una
medida de carácter estructural que permite la creación de empresas sociales,
impulsadas y protegidas por los obreros sindicalizados. No se trata de una ley
confiscatoria ya que las fábricas susceptibles de recuperación por parte de los
trabajadores son aquellas que han sido abandonadas por los empresarios por
propia voluntad o por la mala gestión privada de las mismas. Al fin y al cabo,
la oposición de los sectores empresariales a la aprobación de esta ley no es
porque se les puedan confiscar las empresas -cuestión que no es cierta-; su
oposición radica en querer seguir cerrando las puertas a otras formas de
organización del trabajo. En definitiva, a lo que se oponen es a la entrada de
los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Antecedentes
El pedido de creación de una
ley que regule la entrada a la propiedad de los medios de producción por parte
de los trabajadores tiene su principal antecedente en los debates de la
Asamblea Constituyente, donde se aprobó el artículo 54 de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), que en su parágrafo tercero
determina: “Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de
trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley,
reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación,
cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas
comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las
trabajadoras y los trabajadores”.
En base a ese artículo de la
CPE, en 2013 el gobierno del Presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo
1754, que buscó facilitar la constitución de empresas sociales. Sin embargo, la
aplicación de ese decreto en casos de fábricas abandonadas -como el de la
fábrica de frazadas Polar, Cerámicas Victoria y Punto Blanco (de textiles) que
en este momento funcionan a manos de los trabajadores a puerta cerrada por no
tener un marco jurídico que legalice su situación- no pudo ser aplicado por
distintos marcos regulatorios, como el Código de Comercio.
Tras la promulgación de aquel
decreto y frente a la imposibilidad de poder aplicarlo, la Confederación
General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTTFB) presentó un proyecto de
ley de Empresas Sociales que permite la constitución de empresas de
trabajadores en los casos previstos en la CPE. Aquel proyecto estuvo cerca de
ser aprobado el año 2017. Sin embargo, la presión de los empresarios en los
medios de comunicación y en la Asamblea Legislativa Plurinacional paralizó el
proyecto.
El relato manejado por los
que se oponían al proyecto consiguió instalar en la población la idea de que
cualquier negocio (farmacia, restaurante, tienda., etc.) era susceptible de ser
afectado por la Ley, lo cual era falso. Sin embargo, este relato consiguió extenderse
entre la población, que comenzó a temer un gran golpe a la propiedad privada y
que el Estado ejercería un rol expropiador indiscriminado. Esto llevó a que, en
aquel momento, el proyecto de ley finalmente no fuera aprobado.
La Ley de Empresas Sociales
La Ley de Empresas Sociales,
finalmente promulgada el 1 de mayo, es resultado de diferentes reuniones y
mesas de trabajo que se han ido dando durante los últimos meses. Desde la
asunción de la nueva dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) en enero
de este año, el consensuar una Ley de Empresas Sociales con el Gobierno fue uno
de los objetivos principales.
La Ley establece el marco
jurídico para la constitución de empresas sociales de acuerdo con el mandato
establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). Las empresas sociales
serán aquellas que estarán constituidas por los trabajadores y trabajadoras
activos de una empresa privada que se encuentre en quiebra o liquidación,
cerrada o abandonada de forma injustificada y cuya finalidad será la de
reactivar y reorganizar la empresa en defensa de las fuentes de trabajo, así
como el resguardo del interés social.
De esta forma, en ningún
momento supone incrementar la capacidad o voluntad confiscatoria del Estado,
sino que permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo, así como la
supervivencia de una empresa que estaba en proceso de disolución o quiebra. De
esta forma, además de otorgar la posibilidad de establecer nuevas formas en las
relaciones del trabajo -abriendo la posibilidad de la propiedad por parte de
los trabajadores de los medios de producción- consigue fortalecer los
emprendimientos fabriles que se encuentren amenazados.
La Ley, en su artículo 4
establece las siguientes causas para la creación de empresas sociales:
Cuando existan empresas en
procesos de concurso preventivo, quiebra o liquidación, conforme a lo previsto
en el Código de Comercio.
Cuando exista cierre o
abandono injustificado de una empresa privada.
Por tanto, se trata de una
legislación que no cuestiona la propiedad privada, más bien abre la posibilidad
a la supervivencia de empresas, el mantenimiento de puestos de trabajo y el
fortalecimiento de la industrialización mediante otras formas de organización
del trabajo. Y, sobre todo, amplía la posibilidad de que los trabajadores
puedan ser propietarios de los medios de producción.
La reacción del sector
empresarial
A pesar de que la Ley no
cuestiona la propiedad privada, la apertura a estas nuevas formas de relación
entre el trabajo y los medios de producción ha hecho saltar las alarmas en el
gran empresariado. Nuevamente, la alianza entre el gran capital y los medios
privados (en realidad al hablar de gran capital debemos incluir a los medios
privados) se ha puesto a andar para intentar echar abajo la Ley de Empresas
Sociales. Empresarios políticos, como Doria Medina, la Asociación Nacional de
la Prensa Boliviana (ANPB), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB) son sólo algunos de los sectores que se están oponiendo. A éstos se han
unido, en los últimos días, las organizaciones de transporte pesado de Bolivia,
que amenazan con el establecimiento de acciones contra dicha ley.
A modo de cierre
El reconocimiento y apoyo a
esta forma de organización del trabajo a través de la nueva Ley de Empresas Sociales,
supone un avance en la lucha de los trabajadores en la construcción de una
sociedad más equitativa. Formas de legislación en materia laboral similares
existen en un gran número de países, y ahora Bolivia zanja este déficit. El
nuevo marco regulatorio permitirá que los trabajadores, como sujetos libres e
independientes, puedan asociarse entre sí para organizar los medios de
producción y ser dueños del fruto de su trabajo aportando con parte del
excedente a la comunidad y al Estado. Además, permitirá el fortalecimiento del
tejido fabril boliviano al generar nuevas opciones para el desarrollo de la
actividad económica.
@Sergio_MartinC
@edmundojuan7
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