Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Entrevista
a José Luis Quiroga
El
Gobierno decretó el miércoles el indulto de 2.735 internos con detención
preventiva y sentencia ejecutoriada, hasta ahora el beneficio de mayor alcance
para los internos en cárceles del país. El hacinamiento, la convivencia
desigual de los reos y las fallas en el control —que ocasionaron los disturbios
en Palmasola a mediados de marzo— son algunos de los temas abordados en esta
conversación con el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
—
¿Cuáles han sido las causas por las que se perdió el control en la cárcel de
Palmasola?
—
Se debe a dos factores, el primero es la falta de infraestructura carcelaria,
como Estado no se ha invertido en ese tema y solo se han destinado recursos en
los penales de máxima seguridad construidos en los 80 (...). A partir de 2005
se han empezado a hacer inversiones para aumentar el número de policías para la
seguridad penitenciaria, así como en la refacción de algunos recintos, por
ejemplo en Tarija (...) y otras regiones. El segundo factor es el hacinamiento
en los penales. Ambas causas han ocasionado que los pabellones se conviertan en
ciudadelas, las cuales eran controladas por los internos (...). También incidió
el no tener una supervisión efectiva de la seguridad penitenciaria.
—
¿Cómo la Policía ha permitido el ingreso de objetos suntuosos para los
internos?
—Esto
se debe a un control permisivo e inadecuado. El ingreso de objetos suntuosos en
los penales es una distorsión completa (...). Los privados de libertad se han
dado modos y la norma tiene algunas deficiencias. Asimismo, algunos presos
cuando ya están por cumplir su pena, y más aún cuando están en un régimen
abierto, hacen ciertas solicitudes al juez para tener una televisión u otros
equipos y éste aprueba esas peticiones.
Otro
factor que ha posibilitado esto es a través de los delegados de los presos, que
son elegidos en el marco del proceso de resocialización, (...) pero normalmente
ellos no son los más representativos, sino que son los más peligrosos y son
escogidos en función a la violencia y el dinero. Y eso es lo que ha generado
que existan estos grupos de poder (...). También ellos tienen otros beneficios
como participar en la cocina, tener el control de los talleres, elegir qué
personas van a salir como procuradores y otros (...) pero todo eso se
tergiversó.
—
¿Cuáles eran las acciones irregulares de Víctor Hugo Escóbar, regente en
Palmasola?
—
Escóbar, alias Oti, es una persona muy peligrosa, tiene una sentencia de 30
años, sin derecho a indulto, por el asesinato de dos policías en 2009 en la
comisaría del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Formaba parte de una estructura
mayor (...), de un grupo de poder que vivía en las mejores condiciones y con un
grupo de seguridad permanente, estaba rodeado de extranjeros peligrosos, y
sobre su vivienda había una torreta centinela. (...) Los beneficios que tenía
Oti y su entorno eran utilizados para generar violencia interna, extorsiones,
microtráfico de droga e incluso hasta para planificar muchos robos y atracos
desde la cárcel de Palmasola. Él se sentía protegido y con mucho poder. Con los
alquileres de las celdas tenía muchos ingresos económicos. Y eso es lo que
originaba las pugnas de poder al interior y exterior del penal. Para nosotros
como Gobierno es fuerte que los delitos se planifiquen desde el interior de la
cárcel, eso es algo que se debería cortar para no tener una situación de
peligrosidad como en Brasil, donde el Primer Comando de la Capital (PCC), la
banda criminal más grande de Brasil, urde los robos desde dentro del penal. Y
esta situación es la que ha incidido para la intervención a Palmasola el 14 de
marzo, así como el traslado de reos a otros recintos.
—
¿Qué otros penales también tienen problemas internos?
—
La situación más crítica la tenía Palmasola. La otra cárcel con mayor
hacinamiento es la de San Pedro, que alberga a 2.500 presos, pero no todos son
tan peligrosos como en Palmasola. Actualmente, hay 18.041 presos, de los cuales
6.000 estaban en Palmasola. (...) Ninguno de los recintos significaba un
peligro como la cárcel de Palmasola, por eso debía desarticularse los grupos de
poder.
—
¿A través de qué mecanismos se prevé resolver los problemas que hay en el
sistema carcelario?
—
En mi criterio, un centro penitenciario es el reflejo de la administración de
justicia en un país. Tener al 70% de presos con detención preventiva sin sentencia
es preocupante y no es un fenómeno aislado de la región porque ocurre lo mismo
en otros lugares (...). Éste es un problema de la administración de la
justicia. Estamos en un momento de crisis (del sistema carcelario) pero en un
punto de inflexión, aunque es bueno resaltar que nos encontramos en plena
reforma penitenciaria que no es de ahora. Para ello, se debe ejecutar una
política (de contención) criminal para que los procedimientos sean más ágiles y
no permitan tanta retardación de justicia y se tenga presos con sentencia.
También se debe aplicar la clasificación de los internos para cumplir la
resocialización de la población carcelaria. Para ello, se prevé construir tres
recintos penitenciarios: en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, cada uno con capacidad
de acoger a 10.000 internos, y que permitirán resolver el hacinamiento. (...)
En el primero, que se edificará este año en Chonchocoro,
los reos deberán cumplir un tercio de
su sentencia en un régimen
cerrado y de máxima seguridad, luego se
los clasificará y pasarán a un sistema de seguridad intermedia. Finalmente, se
evaluará la conducta, la predisposición para trabajar y estudiar de los presos
y si los internos tienen un buen comportamiento pasarán a un espacio de mínima
seguridad, en el que podrán acceder a pabellones de recreación, de estudio y
otros. También habrá espacios para los reos sin sentencia, entre otros (...).
En esta organización, la idea es no mezclar a todos y hacer la clasificación de
acuerdo con el tipo de delito que cometen los presos y la peligrosidad de los
mismos. Para ello, se requieren ambientes para separarlos incluso en los
sectores de máxima seguridad y de seguridad intermedia, los cuales se
construirán en las nuevas cárceles. Con ello, se eliminará el cobro de
alquileres por las celdas.
Se
aplicará control cruzado en las cárceles
El
Gobierno anunció que se efectuará un “control cruzado” en las cárceles para que
las personas civiles, en una primera instancia, hagan los controles con
tecnología y luego la Policía para evitar los hechos de corrupción y acciones
irregulares en los recintos, informó el viceministro de Régimen Interior, José
Luis Quiroga.
—
¿Cómo controlar la corrupción y los hechos irregulares al interior de los
recintos penales?
—
De manera formal no llegan las denuncias sobre estos hechos y eso imposibilita
hacer una investigación. Ante esto, se plantea realizar un control cruzado para
que la primera fase de control la efectúen civiles con tecnología y luego los
policías (...). Se debe utilizar la tecnología como las manillas electrónicas,
que se aplicarán este año, como medida sustitutiva a la detención preventiva,
así como el uso de arcos de control de metales y escáneres. Por ejemplo, el
exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos propuso la salida de los policías de las
cárceles, pero no es algo que se pueda aplicar a la realidad boliviana tomando
en cuenta que los presos son personas peligrosas. Aún no hay las condiciones
para que se hagan cargo civiles, por ello se debe optar por la especialización
de la Policía.
—
¿Considera usted que el ingreso de extranjeros a las cárceles incrementó la
violencia?
—
Hay una coordinación importante con los países vecinos y consiste en que si un
extranjero es sorprendido cometiendo un delito en el país y tiene abierto un
caso, por ejemplo, en Brasil se lo envía allá y eso es un preso menos (...). Lo
que han hecho estas personas dentro de las cárceles es que se repliquen sus
acciones como la planificación de robos y atracos desde los penales.
Entrevista
realizada por Aline Quispe para La Razón
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