Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Pedro Santander y Taroa Zúñiga
Durante
la última semana de Michelle Bachelet como presidenta de Chile se instaló en la
agenda de los medios una discusión en torno a cuál sería “el legado de
Bachelet”. Fue un intento deliberado y coordinado por diversos políticos,
columnistas y plumas afines al saliente Gobierno de cerrar estos cuatro años
dando la sensación de que efectivamente se trató de un Gobierno de
centro-izquierda que habría logrado avances progresistas para beneficio del país.
“Se corrió el cerco” fue el slogan elegido por esas plumas para argumentar que
el país es hoy mejor que hace cuatro años, que hoy el cerco ideológico de la
derecha es menos estrecho que cuando Bachelet asumió.
Se
trata de un intento poco creíble y tardío de torcer la realidad mediante
estrategias mediático-comunicacionales. Poco creíble porque la porfiada
realidad muestra una cara muy distinta. Partamos resaltando uno de los datos
más duros: por segunda vez Michelle Bachelet deberá entregar la banda presidencial
a Sebastián Piñera, multimillonario hombre de negocios que esta vez optó sin
complejos por mostrar al país un gabinete de extrema derecha, con varios
reconocidos pinochetistas entre sus ministros. Entonces, mientras en los medios
y las redes se intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet hacia un país más progresista, en la realidad
ocurre que su legado incluye darle (por segunda vez) la banda presidencial a
uno de los hombres más ricos del país, con cuentas en paraísos fiscales y que
se rodea de pinochetismo. Sí, se corrió el cerco…hacia la derecha.
Eso
no es todo. La ex presidenta no avanzó en un asunto esencial para efectivamente
democratizar la sociedad chilena: la cuestión constitucional. Debe recordarse
que Chile es el único país sudamericano de todos los que vivieron dictaduras
militares que mantiene la constitución del dictador: rige aún la constitución
de Pinochet. Y fiel a su errático estilo, cinco días antes de terminar su
mandato la presidenta apareció sorpresivamente en cadena televisiva anunciando
que enviaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso, “para honrar mi
compromiso asumido con Chile”. Se trataba del mismo Congreso que termina su
mandato también el domingo 11 de marzo para ser renovado por otro muy distinto.
Este hecho provocó burlas e indignación, incluso entre sus propios partidarios.
Diputados democratacristianos calificaron este envío de última hora como “un
circo, una falta de respeto”. Incluso el electo senador socialista y
expresidente de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que “no ha habido en el
Palacio de La Moneda, como lo hubo en los primeros tres Gobiernos de la
Concertación y parcialmente en el primer Gobierno de Bachelet, una dirección
política que ordenara la conducción del Estado y de la coalición, y por lo
tanto, ordenara al país”.
Es,
además, un misterio saber quiénes redactaron el proyecto de nueva Constitución
que ya ingresó al Congreso. El propio Sebastián Piñara, en entrevista al diario
El País lo destaca, “esta Constitución que se presentó hace algunos días atrás,
no la conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría
de centroizquierda. Esa no es la forma, creo yo”. También es un misterio por
qué se decidió incluir ciertas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 24 fue
uno de los que llamó más la atención. El texto aumenta el mínimo de edad para
poder postular al cargo de Presidente de la República de 35 a 40 años. Esto
inmediatamente fue visto como una señal dirigida al naciente Frente Amplio
(FA), que obtuvo, para sorpresa de todos, 20 diputados y un senador, y cuyos
principales líderes, los diputados Giorgio Jackson (31) y Gabriel Boric (32), o
el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (33), están hoy con la edad mínima para
postularse a dicho cargo en 2022. “Ley anti millenials” ha sido bautizada esa
iniciativa bacheletista.
No
olvidemos que el Frente Amplio fue una de las principales sorpresas en las
elecciones pasadas: logró el 20 % en la carrera presidencial con Beatriz
Sánchez, el 16 % de la votación popular en las parlamentarias, contando así con
una bancada que será clave en la próxima Legislatura, considerando que Piñera
no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados.
Y
en el terreno de la lucha por los Derechos Humanos tampoco se corrió el cerco,
muy por el contrario, se mantuvieron las mismas camisas de fuerza. Bachelet
prometió en septiembre de 2014 ante el país que pondría fin a la Ley de
Amnistía de 1978 que aún rige en Chile y que beneficia a los genocidas…no lo
hizo. También prometió en 2015 a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente de ser
quemada viva por una patrulla militar en 1986 y símbolo de la lucha
antidictatorial, que cerraría la cárcel especial Punta Peuco, recinto penal con
canchas de tenis donde están recluidos los pocos militares condenados por
violaciones a los DDHH. Hasta el último día y en medio de una inmensa ola de
rumores, Chile esperó que cerrara el penal, de hecho, ella hasta el sábado no
quiso ni confirmarlo ni negarlo, sólo decía que gobernaría “hasta el último
día”. No lo hizo.
Cuando
hace cuatro años asumió la presidencia, Michele Bachellet tenía todas las
posibilidades y condiciones de hacer aquello que hoy nos quieren hacer creer
que hizo: abrir una nueva etapa e intentar cerrar con menos neoliberalismo este
ciclo político nacional, abierto en 1990 con la vuelta a la democracia, y que
está llegando a su fin.
Tenía
el apoyo electoral, simpatía popular, mayoría en ambas cámaras…pudo haber usado
esa energía para sentar las bases de un proceso orientado realmente a cambiar
la Constitución. En 2013 se instaló con fuerza la idea de la Asamblea
Constituyente, la mayoría del país apoyaba esa iniciativa, de acuerdo a todos
los estudios de opinión. Pero optó por hacer y seguir el camino que ya
constituye una marca de época de la socialdemocracia mundial: administrar el
neoliberalismo, dando apariencia de progresismo con gestos comunicacionales y
con ciertos avances en políticas identitarias, especialmente las orientadas a
la igualdad de género. Efectivamente, en ese terreno Bachelet logró sacar
adelante la despenalización del aborto en tres causales, así como la unión
civil entre personas del mismo sexo.
Sin
embargo, no hubo ningún intento de hacer un Gobierno verdaderamente
trasformador, de tocar el capital, de disminuir la desigualdad, o de aumentar
la soberanía del país frente a las trasnacionales. En ese sentido, el primer
Gobierno de Piñera (2010-2014) y este
último de Bachelet se parecen bastante. En ambos períodos Chile figura como el
país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), también en ambos el alineamiento geopolítico ha sido con la Alianza del
Pacífico, con una política exterior muy anti bolivariana. Asimismo, en ambos
Gobiernos estallaron los casos de corrupción más grandes de los últimos 25
años, de hecho, varios ex ministros de Piñera están acusados por la Justicia.
Cabe,
en todo caso, recordar que el potente despertar de los movimientos sociales en
Chile se dio durante la anterior administración de Piñera, especialmente
durante 2011-2012. Fue tal la fuerza de estos movimientos que se instalaron
temas vedados por la elite, como los de reforma laboral, nueva constitución,
fin al lucro en la educación, etc. Temas que Bachelet tomó como banderas de
lucha y con los cuales resultó elegida, descomprimiendo la conflictividad
social, pero en beneficio del capital (otra marca de la socialdemocracia).
¿Cambiará
algo con la llegada de Piñera?
Al
contrario de lo que viene sucediendo en Argentina, Brasil y Ecuador, donde la
llegada de gobiernos de derecha después de años de gobiernos progresistas ha
significado un retroceso en las políticas sociales, tangible en la pérdida de
derechos ya adquiridos (suspensión de beneficios, recortes en gasto social,
indultos a represores etc.) en Chile no se ha avanzado lo suficiente como para
retroceder. Podemos incluso decir que lo que no se hizo durante los gobiernos
de la Concertación, sentó las bases seguras para el avance y profundización del
neoliberalismo en el país sureño.
El
plan de gobierno de Sebastián Piñera[1] inicia con un llamado reverencial a la
meritocracia y el individualismo: “Tengo la convicción de que juntos
construiremos tiempos mejores. Lograrlo depende de nosotros (…) de soñar con
una patria (…) donde todos tengan las oportunidades para poder volar tan alto y
llegar tan lejos como su propio mérito y esfuerzo lo permitan”. En una frontal
ruptura con los llamados a conquistar la segunda y definitiva
independencia que realizaron en bloque
los países latinoamericanos durante la década ganada, el próximo gobierno de derecha
asocia como línea de continuidad histórica el “progreso”: “Hace doscientos años
conquistamos nuestra independencia; hoy es hora de conquistar definitivamente
nuestro desarrollo”.
En
la comprensión de desarrollo del futuro equipo de gobierno, la ruptura con el
pasado parece ser un paso fundamental. A pesar de que la dictadura pinochetista
no ha sido superada ni en términos de justicia ni en plano legislativo, como
mencionamos anteriormente, la propuesta anunciada en el plan de gobierno llama
a acabar con la “cultura de la retroexcavadora”, metáfora absolutamente
desgraciada si consideramos que aún se desconoce la ubicación de la mayoría de
los detenidos desaparecidos durante la dictadura (de un universo de aproximadamente 1200
detenidos desaparecidos han sido
identificados 164).
En
este plano, se hace sospechoso uno de los puntos en el apartado sobre los
derechos humanos en el mencionado plan: “Por razones humanitarias y de dignidad
permitir que las personas de edad muy avanzada, o con enfermedades terminales
graves, o que les impidan valerse por sí mismas, y que se encuentren cumpliendo
condenas en cárceles, puedan sustituir la pena por arresto total en su propio
domicilio o, según su elección, en un establecimiento adecuado a su situación
de salud o avanzada edad”. Un artículo como este podría avalar acciones como
las emprendidas por el Gobierno de Macri, en Argentina, que ha beneficiado con
prisión domiciliaria a asesinos condenados por perpetrar delitos de lesa
humanidad y genocidio durante la dictadura, acciones que representan un
verdadero retroceso en lo avanzado sobre esta materia durante los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Vale la pena acotar que, como mencionamos
antes, no hay tanto que retroceder en este plano: en Chile se han procesado más
de 600 represores y asesinos, pero solo han sido condenados unos 345 de los
cuales solo cumplen condena efectiva 112. El apartado mencionado podría
utilizarse para suavizar las pocas condenas que se cumplen.
A
nivel discursivo, también destaca en la propuesta de plan de gobierno la
insistencia en acabar con la “indignidad de la pobreza”, sin realizar ninguna
mención a las causas históricas de empobrecimiento, asimilando además la
igualdad social a la capacidad de consumo; el recurrente llamado a sostener la
familia tradicional como base estructural de la sociedad (en un país en el que
el 77 % de los hogares monoparentales son sostenidos por mujeres y en el primer
quintil un 30,2 % de mujeres destinan su tiempo al cuidado y quehaceres del
hogar, frente a un 1 % de hombres[2]); y la tendencia a estructurar políticas
de protección e “impulso” para la clase media y el beneficio de los
“emprendedores e innovadores”.
En
el plano de la educación, que ha sido uno de los campos de batalla más intenso
durante los últimos años, no se contempla –frontalmente- el retroceso en los
pequeños avances en materia de gratuidad pero si se considera el resguardo de
“la libertad de las familias en elegir y participar en la educación de sus
hijos” así como defender el derecho de los padres y apoderadas a “realizar aportes de carácter voluntario, no regulares,
con el objeto de financiar actividades extracurriculares”, políticas que pueden
impulsar – aún más- la diferencias en
términos de acceso y calidad de educación básica según la clase social de los
estudiantes.
También
se apunta reiterativamente a la disminución de la participación del Estado en
el plano de la educación, argumentando –
en una estrategia ya clásica de la derecha – la necesidad de “despolitizarla”,
priorizando la calidad por encima de las ideologías políticas. En los últimos diez años, la participación
política de los estudiantes ha sido el factor de movilización más intenso en
Chile. Justamente las movilizaciones estudiantiles y la politización de la
juventud, fue lo que permitió el nacimiento del Frente Amplio, la única opción
alternativa de izquierda entre los tradicionales partidos políticos, a la que
sin duda el Gobierno de Piñera no dudará en clasificar como parte de “la
minoría ruidosa y radicalizada” que
menciona en su propuesta de gobierno.
Con
un gabinete pinochetista y un plan de gobierno que apunta al progreso y a la
“superación personal”, el nuevo Gobierno de Chile se prepara para continuar la
ruta esbozada durante la dictadura y nunca desdibujada por la concertación. El
neoliberalismo se prepara para avanzar
sin las máscaras de la transición, lo
que también podría impulsar una oposición sin caretas: la opción más viable
para la transformación es que la izquierda se radicalice en el ejercicio opositor.
[1]Disponible en: http://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.pdf
[2]http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/07/encuesta-casen-77-los-hogares-monoparentales-liderados-mujeres/
Publicado en la página web del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG
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