Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Silvina
M. Romano
El
problema de América Latina es la corrupción, pero no la corrupción “a secas”,
sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o
posneoliberales [1]. Lo aseveran los
think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y
voces expertas sobre lo que “sucede” en la región [2]. Lo advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los
EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump [3].
Aseguran que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para
enriquecer a un puñado de funcionarios de gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo repolitizaron,
intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el único objetivo
de “saquearlo” luego. Privilegiaron la
utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y
recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, los funcionarios y
políticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero,
son por definición corruptos y además ineficientes. Son incapaces de manejar al Estado como a una
empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y (supuestamente)
del Estado en su totalidad[4]. Esta
serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido común reproducido
por las derechas y la prensa hegemónica desde hace varios años y que ha
contribuido al menos a dos fenómenos: el primero y de corto-mediano plazo, es
el de la “judicialización de la política” desde arriba; el segundo es el de la
despolitización de la política, el desprecio por “lo público” y el prejuicio
respecto de lo estatal como ineficiente.
El
hecho de que este relato haya devenido en “sentido común”, de que haya calado
profundo en la opinión pública, no es fruto de una campaña mediática
particular, o el resultado “inminente” del retorno de gobiernos de
derecha. Tampoco obedece únicamente a
factores coyunturales. Por el contrario,
forma parte de un proceso histórico que encuentra parte de sus raíces en el
ajuste estructural implementado en América Latina a partir de la década de los
’80 y que tuvo como actores principales a las IFI y a las agencias bilaterales
del gobierno estadounidense. La
“modernización” del Estado, que tenía por objetivo una mayor eficacia y
eficiencia para acabar con la corrupción y el favoritismo, fue argumento clave
para el adelgazamiento/desaparición y desprestigio de lo público en virtud de
lo privado. El Consenso de Washington
puede ser un ejemplo de sistematización de tales premisas como lineamientos
para la acción de gobiernos dedicados a procurar que el Estado se subsumiera a
las necesidades del sector privado. La
empresarialización del Estado [5].
Las
reformas judiciales
Uno
de los sectores en los que se intervino tempranamente para la “modernización
del Estado” fue el judicial. Tuvieron
especial protagonismo los organismos de “asistencia para el desarrollo”
bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID. [6] Este asesoramiento en
la transformación de los aparatos judiciales constituye un eslabón más en una
cadena de relaciones dependientes y asimétricas establecidas por la dinámica y
normativas inscritas en la asistencia para el desarrollo (al menos desde la
Guerra Fría hasta la actualidad) [7]. El
objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio de una reorganización del
Estado, ajustando las leyes e instituciones a las normativas internacionales
que permitieran el flujo de inversión extranjera directa y el acceso a mercados
“sanos”. Debía garantizarse un “buen
funcionamiento” de las instituciones para garantizar el desarrollo [8].
Guatemala
fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras
la firma de los Acuerdos de Paz.
Fluyeron asesores, recursos para infraestructura e informática y el
“know how” de la experiencia en países centrales, particularmente en EEUU [9]. El resultado fue una reforma superficial, en
el plano de lo técnico, con una fuerte dependencia de la asesoría y fondos
provenientes del extranjero. Los avances
a partir de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (desde el juicio al dictador Ríos Montt hasta el Caso la Línea) [10]
se ven limitados por estar enmarcados en un Estado que en términos generales
representa los intereses de una minoría privilegiada (tanto la vieja oligarquía
como los nuevos empresarios) asociada directa o indirectamente a un Estado
contrainsurgente y genocida. Un Estado ausente
en materia de bienestar socio-económico para las mayorías, que nunca fue
refundado [11]. Un Estado que, desde
1954 hasta la actualidad, sigue dependiendo de los lineamientos,
recomendaciones y financiamiento del sector público-privado estadounidense y
las agencias de asistencia para el desarrollo de otros países centrales. Guatemala es un país condenado por la opinión
pública internacional debido a la corrupción y la violencia, pero de ningún
modo se lo coloca como el peor caso. Por
el contrario, la corrupción es particularmente “grave” en aquellos Estados
donde hubo o están vigentes procesos de cambio de la mano de gobiernos
posneoliberales, notándose una mayor presión local e internacional para una
judicialización de la política desde arriba.
Un
caso clave es el de Bolivia, país que recibió un importante flujo de asistencia
de la USAID en los ’80 y ’90, entre otros rubros, para la reforma
judicial. Estos fondos tendieron a
beneficiar a gobiernos y sectores altamente corruptos y que trabajaron sistemáticamente
en desmedro del bienestar de las mayorías [12].
Con la llegada del MAS y la refundación del Estado, se llevaron a cabo
reformas estructurales, incluida la democratización del aparato judicial: es el
único país de América Latina donde los representantes judiciales son elegidos
en las urnas. Sin embargo, sigue
fluyendo asistencia, en particular proveniente de la National Endowment for
Democracy (NED) en el rubro de “reforma jurídica” a través de fundaciones [13].
Una
de las últimas campañas desatadas contra el MAS, previa al referéndum de
febrero de 2015, se centró en la difamación y desmoralización del gobierno de
turno por “corrupción y tráfico de influencias”, sin pruebas fehacientes. Sin proceso legal adecuado, se manufacturó el
“caso Zapata”. La red de intereses
tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks y voces expertas
hicieron campaña destacando la corrupción como principal atributo del gobierno
de MAS. Luego del debido proceso
judicial, se mostró que las acusaciones al presidente y ministros de gobierno eran
falsas, pero el Caso Zapata influyó para que buena parte de la ciudadanía se
inclinara por el NO al momento del referéndum [14]. Se desvió la batalla política al campo
judicial.
Brasil
es sin dudas el paradigma de la judicialización de la política desde arriba,
como parte de una campaña mediática, política y empresarial orientada
(aparentemente) a combatir la corrupción, pero que tiene por objetivo destruir
la imagen del Partido de los Trabajadores y “expulsar de la política” a sus
principales líderes. El impeachment a
Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un aparato judicial intervenido
desde fuera. El Juez Moro, líder del
Lava Jato, fue uno de los “mejores alumnos” de los cursos de capacitación
realizados por el Departamento de Justicia estadounidense para funcionarios
judiciales latinoamericanos en el 2009, en el marco del “programa
Puentes”[15]. Técnicas de recolección de
información como la “delación premiada”, así como el espionaje (intervención de
líneas telefónicas, mails, etc.) a funcionarios públicos o burós privados de
abogados, parecen formar parte del know how adoptado. El juicio a Lula da Silva es otra muestra:
considerando el modo en que “apresuraron” su expediente frente a otros casos, la
ausencia de pruebas y la campaña mediática que lo cubrió [16], da cuenta del
modo en que EEUU y las derechas de América Latina están recurriendo a la
“justicia” como arma para una guerra librada contra la política de gobiernos y
procesos progresistas. Es “lawfare”, la
guerra jurídica [17].
“Lucha
contra la corrupción”
Esta
guerra contra la corrupción se equipara a la guerra librada contra las drogas
(íntimamente vinculadas a los intereses del sector público-privado de EEUU):
más allá de los protocolos y discursos políticamente correctos, apuntan a
aniquilar sectores, grupos, líderes y procesos que disputan con mayor o menor
fuerza y/o éxito alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que obstaculizan
el flujo de combustibles y materiales estratégicos, que amenazan el acceso a
mercados y la rentabilidad de las inversiones).
Para ello, se presenta como objetivo de mediano-largo plazo la anulación
de lo político, la despolitización del Estado, evitar ante todo su intervención
en la economía, lograr que devenga en un ente técnico subsumido a las reglas
del mercado. Se promueve que sea
dirigido por tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberanía,
apartarlo de la causa de las mayorías.
Hacerlo más eficiente para el sector privado.
Este
es el objetivo de la “lucha contra la corrupción” librada desde los medios
hegemónicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que exportan
un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la
inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente
postergadas. Es la democracia de una
“clase media” (imposible de ser definida) cuya única causa sería la de
“instituciones transparentes”, “índices de violencia cero” y “cárcel para todos
los corruptos, para todos los políticos”.
La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser gobernada
por empresarios y tecnócratas que no tengan “nada que ver” con la
política. Así, en los discursos contra
la corrupción, la “delincuencia” y “los criminales”, se va reforzando la
urdimbre de la ideología dominante, alimentada por la “frustración” generada
por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus pueblos. Unido a este relato, resurge con fuerza el
neoliberalismo, un camino que ya hemos transitado en América Latina, que
garantiza la salud de los mercados y la profundización de la miseria,
injusticia y violencia ¿y quién se atrevería a afirmar que ese rumbo (¡ya
transitado!) está exento de corrupción?
----Silvina
M. Romano es Dra. en Ciencia Política.
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad
de Buenos Aires.
Artículo
publicado en la Revista de ALAI América Latina en Movimiento 531, marzo 2018 La
corrupción: Más allá de la moralina
[1]
IMF blog: http://bit.ly/2lbvsfe
[2]
The Economist: http://econ.st/2CFixsX
[3]
http://csis.org/multimedia/leading-nexus-development-and-defense
[4]
En informe reciente, asesores del FMI advierten que en los gobiernos donde ha
habido un giro a la derecha, la economía ha retomado el rumbo “correcto”
http://bit.ly/2BD06YV
[5]
Estado & Comunes: http://bit.ly/2EN4HKP
[6]
Global Studies Law: http://bit.ly/2GH44if
[7]
UNAM: http://bit.ly/2oouBud
[8]
http://www.oas.org/JURIDICO/spanish/RepoBM.htm
[9]
Wilson Center: http://bit.ly/2FqbreL
[10]
Ver: FIDH - http://bit.ly/1u1TQiP; CICIG - http://bit.ly/2cbQ6Wd
[11]
Ver por ejemplo el vínculo entre elites y “crimen organizado” – InSight Crime:
http://bit.ly/2F2KX5d
[12]
Tellería, Loreta y González, Reina (2015).
Hegemonía territorial fallida.
Estrategias de control y dominación de Estados Unidos en Bolivia:
1985-2012. La Paz: Centro de
Investigaciones Sociales, Vicepresidencia del
Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
[13]
https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/bolivia-2016/
[14]
https://www.youtube.com/watch?v=GbFvWnGU72U
[15]
https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html
[16]
Sotelo Felipe, M. (2018) “Lawfare, this
crime call justice”.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J. Commentson a notoriousveredict. The Trial of Lula. CLACSO: http://bit.ly/2EOAzPm
[17]
CELAG: http://bit.ly/2onhxVM
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