Control remoto

Por: Fernando Mayorga

Estos días de protesta y movilización cobista en torno a la Ley de Pensiones salieron a relucir varios rasgos del estilo de gobierno del MAS que, en los últimos años, se caracteriza por la coexistencia de un poder político concentrado en el oficialismo y la proliferación de conflictos sociales ante la aplicación de decisiones gubernamentales. Esta combinación provoca dificultades para lograr un equilibrio entre eficacia y legitimidad en el proceso decisional. El MAS es un partido hegemónico, pero el Gobierno tiene dificultades para hacer prevalecer sus disposiciones en la aplicación de políticas públicas.

Se pueden plantear diversas interpretaciones sobre este hecho, como aquellas que apuntan a denunciar la incapacidad de los miembros del Órgano Ejecutivo para prevenir y resolver conflictos. En la vereda de enfrente, otras versiones consideran que el Gobierno despliega su astucia maquiavélica promoviendo situaciones de polarización que, supuestamente, favorecen la estrategia del MAS. Hilando más fino, se señala que el intento de motín policial denotó las limitaciones gubernamentales para prevenirlo, habida cuenta de lo acontecido apenas 12 meses atrás en un contexto similar de conflicto social.

Por ende, su solución no fue un éxito sino un hecho fortuito. Más fina, e igualmente indemostrable, es la hipótesis que insiste en que las protestas cobistas fueron atizadas por el Gobierno para provocar una humareda capaz de ocultar el verdadero interés gubernamental de esos días, la aprobación de la ley que allana el camino de la postulación de Evo Morales a las elecciones presidenciales de 2014.

En estas líneas intento mirar las cosas considerando otros elementos, no solamente la “voluntad política” o la (in)capacidad de los actores políticos y sociales. Me interesa indagar acerca de los factores de regulación, control y restricción que impiden que un gobierno tenga un manejo discrecional de su mayoría política.

Existen mecanismos convencionales en la democracia representativa que se conocen como frenos y contrapesos, son dispositivos de la arena política institucional que se definen como mecanismos de control: control multipartidario, que se refiere a las relaciones entre poderes ejecutivo y legislativo y depende de la composición del sistema de partidos y la formación de mayorías parlamentarias, y control contra-mayoritario, que se refiere al accionar de las autoridades estatales encargadas de velar por la aplicación de la ley y el respeto a la norma constitucional sin someterse a los dictámenes del partido de gobierno. Es decir, es la política en su dimensión institucional, y en la democracia boliviana, las limitaciones para el ejercicio de estos tipos de control institucionales son evidentes. Primero, porque prevalece un sistema de partido hegemónico con el MAS como protagonista, una oposición parlamentaria prácticamente irrelevante y la mayoría de los gobiernos subnacionales de color oficialista. Segundo, porque el Órgano Judicial, en particular la instancia de control e interpretación constitucional, está sometido a las presiones del poder ejecutivo y de la opinión pública, y soporta cuestionamientos a su legitimidad de origen y a su desempeño.

No obstante, existe otra forma de control que caracterizamos como “restricción episódica” al decisionismo mayoritario. Desde el “gasolinazo” de diciembre de 2010, varias medidas gubernamentales fueron canceladas, congeladas, revertidas o modificadas por efecto de acciones de protesta colectiva, que discurrieron por canales extra-institucionales, cuestionaron la capacidad persuasiva del Presidente del Estado y pusieron en evidencia las limitaciones fácticas de la concentración de los recursos de poder institucional en manos del partido de gobierno. Tan evidente que, estos días, el MAS organizó masivas movilizaciones populares en apoyo al “proceso de cambio” en un gesto de disputa por el control de la calle, ante lo cual la COB optó por la vigilia como repliegue. La “política en las calles” (dixit Calderón) para luchar contra el gobierno y para apoyar al gobierno. Democracia a la boliviana, también.

Esta “restricción episódica” es un control informal y conflictivo por medio de la acción directa y la protesta ejercida por grupos organizados en torno a intereses sectoriales, una suerte de veto a las decisiones gubernamentales que impiden o modifica la aplicación de determinadas políticas. Este tipo de restricciones episódicas o regulaciones contingentes adquiere cada vez mayor importancia y tiende a convertirse en el rasgo principal de la gestión gubernamental del MAS.

Después del “gasolinazo” aconteció el conflicto en torno al TIPNIS con análogos resultados respecto a la modificación de la inicial voluntad presidencial y su canalización hacia mecanismos institucionales de la democracia participativa (consulta previa). Luego vino el conflicto en torno al decreto gubernamental que establecía ocho horas de jornada laboral para los médicos y que provocó movilizaciones gremiales y universitarias. La resolución del conflicto se tradujo en otro freno a una decisión gubernamental con la postergación de su ejecución mediante el traslado de su tratamiento a una “cumbre” sectorial, un espacio extra institucional cuyas resoluciones deberán seguir un cauce formal para traducirse en decretos y leyes. Y estos días, la Ley de Pensiones, que derivó en una negociación pautada donde el Gobierno y la COB dejaron de lado sus posturas iniciales, pese a la retórica y a la inflación discursiva.

Lo que interesa resaltar es la levedad coyuntural de la concentración de recursos de poder institucionales en manos del MAS, puesto que las restricciones al decisionismo presidencial provienen de acciones colectivas que expresan autonomía de acción y ponen en entredicho la capacidad del Gobierno para tomar medidas con eficacia y legitimidad. Es decir, los costos negativos de las decisiones gubernamentales (lo demuestran las encuestas de opinión después de cada conflicto) ponen en evidencia que sus determinaciones no responden a un cálculo convencional basado en una racionalidad instrumental o en un mero pragmatismo dirigido a reproducir o acrecentar la popularidad de la figura presidencial. En ese sentido, resulta paradójico llegar a la conclusión de que al estilo de gobierno de Evo Morales le hace falta una mayor dosis de populismo y que subordine sus decisiones a las demandas corporativas y los intereses grupales si quiere fortalecer su legitimidad y viabilizar su reelección. Ni más, ni menos.