El conflicto de la COB y algunas preguntas

Por: Rafael Puente

El ya cansador conflicto protagonizado por la COB contra la actual ley de Pensiones tiene por lo menos dos caras. Una de ellas, en la que no vamos a entrar, es su componente violento, contrapuesto a la debilidad del diálogo. La otra cara, que es la que merece análisis, tiene que ver con la ley misma, con la realidad de las jubilaciones actuales y con la demanda de la COB.

Se nos explica que la demanda cobista de una jubilación con el 100% del salario es simplemente inviable (cosa que con las cifras que exhibe el Gobierno parece indiscutible). Sin embargo son precisamente esas cifras las que provocan algunas preguntas que me atrevo a plantearle a nuestro Gobierno:

1. Sabemos que la ley se autodefine como sostenible, universal y solidaria (disminución de la edad de jubilación, oportunidades abiertas a las mujeres y a los trabajadores independientes, creación de un fondo solidario), pero, ¿realmente se puede llamar solidaria una ley que esencialmente se basa en el ahorro personal de cada individuo (y no en el ahorro colectivo para la renta colectiva)? ¿No viene a ser en el fondo una repetición de la ley anterior sólo que con el parche de dicho fondo solidario, que por lo demás se nutre sólo de pequeños aportes de los trabajadores activos, sin ningún aporte del estado)?

2. Cuando ustedes afirman que sería insostenible pagar una jubilación que equivalga al 100% del salario, ¿se atreven a afirmar que sí se podrá pagar el 70% de ese salario? ¿Acaso para llegar a ese 70% no se requiere por lo menos 28 a 30 años de trabajo, una expectativa de vida de máximo 78 años (pobres octogenarios) y una tasa de interés del 9% que ahora nadie paga?

3. ¿Nos pueden explicar cómo se justifica en este nuevo Estado Plurinacional y Equitativo que haya un sector privilegiado —las Fuerzas Armadas— que sí se jubila con el 100% de su salario? Y no nos vuelvan a decir que esa fue una conquista de los militares, ya que sentarían un peligroso antecedente de lo que significa conquista.

4. ¿Conocen ustedes en el mundo alguna ley de pensiones que no prevea ningún aporte del estado? Y si la respuesta es que el estado no tiene plata para eso (como se viene afirmando) ¿no sería coherente con un gobierno como el actual que el estado empezara a cobrar un impuesto especial a los ingresos altos, a la riqueza acumulada y de manera especial a la banca (la principal beneficiaria del actual proceso de cambio, como bien nos explica la ex ministra Graciela Toro), para con esos impuestos mejorar el sistema de pensiones? No olvidemos que las élites apenas pagan impuestos, ya que los que no logran evadir se los transfieren al consumidor.

5. ¿De veras creen ustedes que en la elaboración de la ley 735 se ha cumplido el Artículo 242 de nuestra Constitución que establece la participación ciudadana en las políticas de estado así como el manejo transparente y permanente de la información?

6. ¿Por qué no se nos ha explicado el robo de 500 mil dólares que se produjo —con documentos fraguados— para pagar jubilación a gente que nunca había aportado?

7. ¿Por qué no se nos explica qué pasa con el otro robo de 20 millones de dólares —si es que no eran 200 millones— de la Renta Dignidad?

8. ¿Es coherente que este gobierno de cambio se dedique a prestarse dinero del Fondo de Pensiones —se habla de 4.200 millones de dólares— como ocurría en los gobiernos anteriores?

9. ¿Cuándo se nos va a informar lo que hicieron las AFPs en los largos años de beneficio gratuito que les regaló la anterior ley de Pensiones?

10. Y la última: ¿No se podría pensar en que el Fondo de Pensiones fuera administrado por los propios trabajadores —tanto activos como pasivos— siguiendo esa línea que marcaron tanto la CSUTCB (1984) como la Guerra del Agua (2000) y que podría resumirse en la consigna “Cada vez menos estado y más sociedad”?

Si es mucho preguntar, ustedes me disculpen, pero después no se extrañen de que los conflictos sigan.