Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Oscar Silva
La elección de autoridades del órgano judicial boliviano, nos vuelve a plantear las mismas interrogantes de siempre, acerca de algunos conceptos utilizados como argumentos para descalificar este proceso por quienes se consideran, de inicio, desplazados en sus pretensiones de acceder a estos espacios de poder.
Es que inicial y finalmente de lo que se trata es de espacios de poder y cómo acceder a ellos y para qué acceder a ellos. La vieja cantaleta de la independencia del poder judicial es solo eso una cantaleta que pretende deslegitimar cualquier proceso que no contemple las pretensiones de estos sectores políticamente desplazados por la decisión soberana del pueblo expresada en el voto.
La administración del sistema judicial es un componente más de la administración del Estado al igual que las otras que se encuentran en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y que conforman la estructura administrativa que es la que está a cargo de su funcionamiento. Al igual que los otros órganos, el judicial, tiene funciones específicas, pero que nacen de un mandato político del soberano. Debemos quitarnos de la cabeza aquella idea de que quienes administran el sistema judicial son casi ángeles caídos del cielo o seres de otros planetas, sino que se tratan de ciudadanos bolivianos que deben reunir ciertos requisitos y que tienen la responsabilidad de responder por sus actos.
Algo de historia y de histeria
Empecemos por la histeria que muestran ciertos opositores al esgrimir una serie de supuestos argumentos para descalificar en absoluto toda acción encaminada a la elección. Pero es lógica su desesperación hace más de diez años que están desplazados de aquel poder que bajo la lógica del pasanaku (politológicamente denominado alternancia) y del cuoteo a título de gobernabilidad, lo habían administrado a su gusto y antojo, acumulando fortunas mal habidas en la mayor parte de los casos que hasta ahora les permite dedicarse a la política sin tener que trabajar. Sin duda que la histeria está justificada y por eso pretenden que nos olvidemos de la historia.
En democracia o en dictadura, en toda la era republicana, la administración del sistema judicial siempre fue una extensión, una extremidad, del cuerpo político del poder, sin interesar las formas de designación de estos operadores. No solo era un botín que debían repartirse los gobernantes de turno, sino que fundamentalmente eran espacios que debían responder a los verdaderos factores de poder, a los dueños de ese poder. Una de las formas que la democracia pactada encontró para cubrir esos espacios fue la de la elección en la asamblea legislativa, bajo el riguroso concepto de coparticipación entre las representaciones mayoritarias. Es decir, el poder político expresado en el legislativo tenía en sus manos la delicada tarea de designar a las autoridades del poder judicial, bajo criterios nunca transparentados.
Basta con revisar las nóminas de autoridades de la Corte Suprema hasta 1997 y en delante de los tribunales constitucional y agrario, o del consejo de la judicatura hoy llamado de la magistratura, para tener un panorama real de lo que sucedía. Y eso lo saben muy bien los abogados, muchos de los cuales hoy quieren santificar aquellos periodos de “independencia judicial” y los más que prefieren callar. La administración del sistema judicial siempre ha estado en manos de quienes recibían el favor político, sin importar capacidad, idoneidad, probidad, ni ninguna otra exigencia que pudiera estar en los papeles. Que hubieron excepciones las hubieron y ellas mismas confirman la regla, pero por el mismo hecho de ser excepciones fueron escazas y es fácil retenerlas también en la memoria.
Evidentemente las elecciones de 2011, si buen fueron un avance en cuanto a una verdadera democratización de la conformación del órgano judicial, mostraron una serie de deficiencias que las mencionamos en más de una oportunidad y que sirvieron para descalificar exageradamente un procedimiento que considero es el más idóneo para dotarnos de autoridades que representen no a grupos de intereses económicos o políticos, sino a sectores más amplios de la ciudadanía boliviana. Que hay que seguir afinando el procedimiento es totalmente evidente.
Pero no es el tema de hoy recordar algo que en el ámbito político y mucho más en el judicial es algo totalmente conocido.
¿Para qué quiere la oposición tener presencia en la administración de justicia?
Habíamos señalado que la oposición parte de la premisa de que la única forma de acceder de alguna forma a los espacios de administración del sistema judicial, es a través de la descalificación de éste y cualquier otro proceso de elección de magistrados.
Preguntémonos entonces cuál la importancia política de tener presencia en la administración de justicia.
El sistema judicial, así como los medios de comunicación o las asambleas legislativas según sea el caso, está considerado como un arma fundamental en la desestabilización y en su caso el derrocamiento de los regímenes progresistas o antisistémicos para darles una denominación genérica. Los ejemplos están a la vista. Por tanto es de importancia estratégica sino su control cuando menos tener una presencia mínima a su interior, para empezar desestabilizando el propio órgano judicial. Y no es que hayan dejado de tener en Bolivia presencia al interior de la administración del sistema judicial, pues si bien se han renovado los más altos cargos, los mandos intermedios y la toda la parte operativa se ha mantenido casi intacta y viene de hace mucho atrás del inicio del gobierno de Evo Morales. Ahí se pueden explicar muchos de los problemas operativos de la administración de justicia vinculados con corrupción, consorcios, retardación y otros.
Sin embargo, no es solo eso, en la hipótesis planteada por la oposición de que pudieran, unidos, en segunda vuelta o de cualquier forma, lograr que Evo Morales no gane las elecciones de 2019, van a requerir un aparato judicial con la finalidad de destruir judicialmente a Evo Morales, sus colaboradores y todo atisbo de progresismo en el país. Sin ir al extremo, ante la posibilidad de que Evo Morales gane las elecciones pero sin mayoría parlamentaria, nuevamente el escenario judicial se torna importante para el logro de sus objetivos políticos.
Esta es la verdadera razón por la que se empeñan en descalificar primero cualquier proceso de elección de autoridades judiciales sabiendo que quedan fuera, pretendiendo que en un arranque de ingenuidad el gobierno como sucedió en la negociación del texto final constitucional, pudiera abrir un resquicio por el cual pudieran filtrarse los representantes de la derecha en la administración judicial. Lo demás, meritocracia, independencia y demás cosas, no sirven nada más que para encubrir sus intenciones verdaderas.
Comentarios
Publicar un comentario
Escriba sus comentarios