Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Freddy Morales
De tanto en tanto se repite la escena como calcada: conflicto con algunos periodistas y desde los centros de poder se promueve la modificación de la Ley de Imprenta. Los argumentos también se repiten: la ley es anticuada (data de 1925), es tan vieja que ni menciona a la radio ni a la televisión, está desfasada en todo sentido, las sanciones pecuniarias que impone son ridículas, el Pacto de San José rechaza la vigencia de tribunales especiales, y que por qué los periodistas tienen un fuero especial como son los tribunales de imprenta si todo el mundo va a la justicia ordinaria...
Muchos de esos argumentos son válidos si se saca de contexto el valor de la Ley de Imprenta, vigente desde hace casi un siglo, y que es defendida por la gran mayoría de periodistas. En mis tiempos de dirigencia sindical del gremio (no tan lejanos), al asumir el cargo también se juraba “defender la Ley de Imprenta”.
Una característica de los últimos impulsos por modificar esta norma, declarada patrimonio de la sociedad, es que se produce en un mal momento entre el poder y los trabajadores de la prensa, periodistas y medios de comunicación en general. Es decir que el tema surge en medio de la tormenta, con la explícita decisión de “sentar la mano” a alguien.
En la década de los 80, apenas recuperada la democracia, se produjeron intentos similares como el del senador Mario Rolón Anaya, quien propuso una ley de no más de tres líneas para que los supuestos delitos de imprenta sean juzgados en la justicia ordinaria. Y de allí para acá no han sido pocas las iniciativas para recortar el área de acción de la prensa, con el aval de periodistas y sus gremios, a fin de que el poder de la comunicación masiva también tenga límites. Ahí están leyes como el Código del Niño, Niña y Adolescente, la de protección a la Mujer, el Código Penal, así como todo lo que tiene que ver con la imagen, honra, dignidad y privacidad de las personas en la propia Ley de Imprenta y en la Constitución Política del Estado. De modo que no se puede argumentar falta de legislación para este sector.
Lo que se defiende de la Ley de Imprenta son por lo menos dos de sus principios: 1) Considera tan fundamental la libertad de expresión e información para la sociedad que las protege de fiscales y jueces de la justicia ordinaria, siempre susceptibles de ser manipulados por quienes ejercen el poder. Y entrega esa responsabilidad a la propia comunidad. Por ello, establece que el municipio convoque a los ciudadanos más notables para que conformen el Tribunal de Imprenta, y sean esos ciudadanos notables los que decidan sobre los supuestos delitos “de imprenta”.
Por otro lado, 2) protege a las fuentes de información, al extremo de que declara como delincuente a quien revele su fuente informativa. Este principio busca garantizar que una persona que desee denunciar a un poderoso pueda acudir a un medio de comunicación o a un periodista sin quedar expuesto a la furia del denunciado. Es deber del periodista verificar la denuncia antes de publicarla. Resulta sencillo imaginar el deterioro de la libertad de expresión y el derecho a la información, que no son privilegio del periodista sino del ciudadano y la sociedad en general, si se vulneraran estos principios.
y Twitter: @escuelanfp
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