Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Ariana Campero Nava
Parte 1
Las personas con discapacidad en Bolivia han sido un sector excluido en tiempos neoliberales, pero con el proceso de cambio, la Constitución Política del Estado (CPE) y todas las leyes que se han promulgado en su favor, se ha dado un viraje a su realidad.
Primeros pasos inclusivos
A partir de la Constitución Política del Estado y varias leyes promulgadas –como la Ley 223, específica para las personas con discapacidad–, se establece una nueva visión a la política dirigida para las personas con discapacidad, frente a la mirada victimizante, asistencial que se daba durante épocas de gobiernos de derecha, en tiempos de cambio se dio un viraje a la concepción de lo que es la discapacidad y lo que es padecerla, a partir de una re-significación del propio concepto, cuestión importante a destacar.
En estos encuentros de diálogo la propia terminología utilizada por nosotras y nosotros (las autoridades) para nombrarlos como sector, fue en algunos momentos errónea; sin intención de ofenderlas(os) hemos aprendido a llamarlos como realmente se debe: “personas con discapacidad”. Son personas, antes que “discapacitados”, son personas antes que “diferentes”.
Hasta hace pocos años en las ciudades –y no sólo en zonas rurales– se consideraba una maldición tener un hijo o hija con discapacidad, era causa de vergüenza tener un familiar con discapacidad. Sin embargo, en la última década se ha ido cambiando esta falsa idea y ahora las personas con discapacidad salen a la luz, se empoderan de sus derechos, deberes y potencialidades.
Con la Ley 223 se visualizó y cubrió, por vez primera, de manera exclusiva y en marco normativo la salud, educación, la justicia, el trabajo digno, vivienda –entre otros– y se establece claramente deberes sociales, personales, individuales. Transforma la visión de asistencial a una visión que protege el acceso a la producción, a la educación integral y alternativa, etcétera.
Igualmente, con la Ley 475, aprobada en la gestión 2013-2014, el Estado asume la atención gratuita en salud a través de un manual de prestaciones, que se implementa en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, en aplicación, además de la Ley Marco de Autonomías.
Beneficios en salud, vivienda y educación
En materia de salud, el tema de la Ley Marco de Autonomías, mediante la Ley 031 y la Ley 475, indica que los medicamentos e insumos se dotarán gratuitamente en base a reglamentaciones de estas leyes. Por esta razón, aclaro, no hemos aceptado el tema de salud como justificación para la renta de 500 bs. mensuales, ya que en realidad la ley confiere este derecho y lo que hemos constatado es su incumplimiento por parte de algunos municipios y gobernaciones.
Desde la gestión 2012 se implementa la calificación para personas con discapacidad, a fin de identificar no sólo el tipo de discapacidad sino también el grado de complejidad y gravedad de la discapacidad, considerando no sólo aspectos vinculados al componente biológico de la discapacidad, sino además considerando componentes sociales, económicos y psicológicos de la persona. Cabe destacar, para ser autocríticos, que hemos tenido quejas en cuanto al equipo de calificación con el grado de discapacidad, cuestión importante porque se debe ser más eficaz en cuanto a los listados y prioridades por atender.
En el caso de vivienda se han construido 1.108 unidades para personas con discapacidad, beneficiando a este sector con una inversión millonaria. En educación se han hecho Centros de Educación Alternativa, construyéndose más de 30 centros. Construimos con Evo Cumple centros multisectoriales –caso Cobija– que cuentan con áreas de educación alternativa, estimulación temprana, fisioterapia, entre otras. Situación que confirma la visión integral que tiene el Gobierno, implementado estrategias que permitan a personas con discapacidad rehabilitarse; incorporándose así a la sociedad, ya que la discapacidad no es permanente en el tiempo, porque las personas con discapacidad tienen potencialidades que desarrollar.
Acceso al trabajo
En materia laboral la norma establece que todas las instituciones públicas deben incorporar el equivalente al 4% de su personal a personas con discapacidad, incluye también el derecho de inamovilidad laboral –que no es sinónimo de inmunidad–. Esta ley no solamente es de tuición del gobierno nacional y sus ministerios, ya que tenemos 339 municipios y 9 Gobernaciones que pueden y deben incorporar a personas con discapacidad a trabajar. Establece además que las instituciones privadas deben incorporar a personas con discapacidad.
Como Gobierno hemos dado gran importancia a los proyectos productivos, reconocemos que el mayor reto es garantizar rentabilidad y mercado a estos. Valga solicitar a la población que con hechos reconozca estas habilidades productivas. Temática vinculada estrechamente al Ministerio de Desarrollo Productivo y el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FENSE), que han destinado recursos a proyectos productivos en rubros de panadería, textiles, costura, juguetería en madera, etc.
* Ministra de Salud. Conferencia dictada en la Escuela Nacional de Formación Política de La Paz.
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La inclusión de personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad es esencial para construir un mundo diverso y equitativo. La diversidad enriquece nuestras experiencias y fortalece la humanidad.
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