Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Rudy López González
A
las dificultades económicas que sufre Brasil, se suma una aguda crisis política
de igual o mayor envergadura. Es así como hemos visto en los últimos días al
gigante latinoamericano golpeado duramente por un proceso de proporciones
inciertas. El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo
Cunha, aprobó con 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2
ausencias, dar inicio al proceso de impeachment.
¿Qué es el impeachment?
La
causa señalada como impeachment,
forma parte del derecho anglosajón y persigue
el juicio y posterior destitución de una alta autoridad. Es conocido como Juicio Político en Latinoamérica o
Acusación Constitucional en Chile, y viene a ser herramienta común en varios
países. A través de dicha formalidad el parlamento puede procesar un alto cargo
público hasta ser destituido permanentemente. Brasil no es el único caso que ha
llevado a cabo juicios políticos a presidentes, otros países de la región ya
han practicado estos sumarios, algunos de forma legal y otros de manera muy
cuestionable.
En
el artículo 85 de la Constitución brasileña queda especificado:
“Constituyen
delitos de responsabilidad los actos del Presidente de la República que atenten
contra la Constitución Federal y especialmente contra: I) la existencia de la
Unión; II) el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del
Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la
Federación; III) el ejercicio de los derechos políticos, individuales y
sociales; IV) la seguridad interna del país; V) la probidad en la administración;
VI) la ley presupuestaria; VII) el cumplimiento de las leyes y de las
decisiones judiciales.”
Y
el artículo siguiente dice:
“Admitida
la acusación contra el Presidente de la República por dos tercios de la Cámara
de Diputados, será sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal en las
infracciones penales comunes, o ante el Senado Federal en los casos de
responsabilidad. 1.° El Presidente quedará suspendido en sus funciones: I) en
las infracciones penales comunes, una vez recibida la denuncia o la querella
por el Supremo Tribunal Federal; II) en los delitos de responsabilidad después
del procesamiento por el Senado Federal. 2.° Si, transcurrido el plazo de
ciento ochenta días no estuviese concluido el juicio, cesará la suspensión del
Presidente, sin perjuicio del regular proseguimiento del proceso. 3.° Entre
tanto no se dicte sentencia condenatoria en las infracciones comunes, el
Presidente de la República no estará sujeto a prisión. 4.° El Presidente de la
República, durante la vigencia de su mandato, no podrá ser responsabilizado por
actos extraños al ejercicio de sus funciones.”
Acusación contra Dilma Rousseff
Cómo
se ha visto, es necesario que exista una acusación, un motivo que gatille el
juicio político. Pero, ¿cuál fue la razón para pedirlo en contra de la
presidente Rousseff? Hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde
recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, etc. Sin
embargo, el verdadero motivo del juicio en el vecino país es por “maquillar el
déficit presupuestario”, acción utilizada por los distintos gobiernos
brasileños y que se conoce como “maquillaje fiscal”. Lo que el gobierno
en realidad hizo fue utilizar los fondos de los bancos públicos para cubrir los
programas sociales del gobierno, evitando así que estos se vieran afectados por
la crisis económica.
De
ser aprobado en el senado el juicio contra Dilma la presidenta sería destituida
asumiendo la primera magistratura el actual vicepresidente, Michel Temer,
miembro del mayoritario partido PMDB, que ha formado parte de todas las
coaliciones de gobierno desde la vuelta a la democracia, resultando
electo en la fórmula Rousseff-Temer en octubre de 2010. Con todo, Temer,
carente de legitimidad, enfrenta su propia moción interpelatoria con
intenciones de lograr su destitución, pues dicha moción ya inició trámite en el
Congreso al ser
entregada por el ex gobernador de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático
Laborista (PDT) al presidente de la Cámara de
Diputados, Eduardo Cunha.
De
producirse su juicio y posterior destitución, Temer deberá llamar a elecciones,
y al ser removido de su cargo la presidencia la asumiría temporalmente el
actual presidente de la Cámara
de Diputados Eduardo Cunha, que a la sazón es quien autoriza iniciar el impeachment contra Dilma. Igualmente, Cunha no es
trigo limpio tampoco, en el Parlamentario está procesado por cohecho y su
situación empeora cuando se le acusa de haber recibido recursos por facilitar
contratos.
En fin, y como ha señalado
Dilma, la dupla Temer-Cunha es la punta de lanza de una conspiración para
acabar con el gobierno de izquierda del PT.
La traición de Temer y su
partido a la alianza con el PT se concreta un mes antes del inicio del impeachment y de manera acomodaticia el actual
Vicepresidente opta por esperar ser presidente a través de una acción
cuestionable desde todo punto de vista. Un golpe parlamentario contra un
gobierno elegido con la mayoría de los votos del pueblo brasileño y que ha
debido enfrentar la crisis económica, política y social más fuerte de la última
década.
Últimos pasos del golpismo
brasileño
En la sesión del pasado domingo 17 quedó en evidencia una
colusión sospechosa entre medios de comunicación que responden a un poder
económico y financiero común, la derecha unida a partidos que forman parte del establishment y unos jueces cuyo manejo de la
situación deja mucho que desear.
El próximo martes el Senado tomará la decisión de continuar
o no con el juicio a la presidenta Dilma Rousseff.
En redes sociales y en el ámbito de las
manifestaciones populares la presidenta Dilma ha recibido un gran apoyo popular
partiendo del insigne ex presidente y actual Ministro Luiz Inacio Lula Da Silva,
quien confía plenamente que el Senado no apruebe dicho juicio político que
agravaría la crisis en Brasil. Señala Lula que este es un ataque a la
democracia, añadiendo: "Quien
traiciona un compromiso sellado en las urnas no va a sustentar acuerdos hechos
en las sombras”.
Organismos multilaterales como La Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) han
manifestado su rechazo al impeachment;
también presidentes como Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro han
reiterado que no permitirán un golpe contra la mandataria brasileña. Se habla
de un juicio sexista y misógino, basado en principios ultra conservadores y no
en verdaderas razones legales, los diputados en su desfile ante un micrófono
instalado en el Parlamento –cual show para la televisión– apelaron
recurrentemente, a la tradición a la familia, la propiedad, por último, a la
Biblia pero no a la Constitución.
Los jóvenes vemos con preocupación cómo se
configura un golpe blando a vista y paciencia de pueblos y gobernantes que han
comprometido, a través de distintos mecanismos de integración regional como
Unasur y Celac, su apoyo y defensa de los gobiernos democráticos en la región.
Se pretende que este movimiento de las piezas del ajedrez brasileño arme una
jugada peligrosa puesto que se coloca en el poder una dupla golpista,
desprestigiada políticamente, con juicios iniciados por diferentes delitos que
pretenden erigirse como opción de defensa y reconstrucción del país. Una
apuesta antipopular que echa por tierra la decisión soberana de un pueblo que
no está dispuesto a abandonar los beneficios económicos y sociales obtenidos en
los últimos diez años y a los que esta fórmula golpista de gobierno ha ofrecido
demoler por considerar exagerado el gasto social en el país.
Las organizaciones sociales populares de Brasil se han
movilizado en distintas ocasiones con la intención de detener lo que parece indetenible:
el golpe contra la primera mujer presidenta del coloso de América del Sur, una
de las economías más grandes del mundo, que además forma parte de los BRICS y
ha sido fundamental en el proceso de unidad latinoamericana de la ultima
década. Ese pueblo brasileño reconoce las dificultades en el actual gobierno
pero no está dispuesto a perder las conquistas obtenidas y se traslada a la
calle en defensa de la democracia y de su presidenta.
En paralelo, al inicio de la sesión del pasado domingo,
en los estados de San Pablo, Bahía, Pernambuco y Rio Grande do Sul las
movilizaciones fueron contundentes y multitudinarias, y con acciones como
bloqueos y barricadas demostraron que sólo una opinión pública poderosa podría
hacer reflexionar a quienes ya tienen decidido ejecutar el golpe a la
Presidenta.
Es de esperar que un milagro o la movilización popular
detengan eso que pareciera poner fin a una década de protagonismo de izquierda
en Brasil.
Cientista político.
Publicado en La Época
y Twitter: @escuelanfp
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