Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Edmundo Juan Nogales
Arancibia
Mientras se desarrollan las precumbres de
justicia en cada departamento, realizadas hasta ahora en Chuquisaca, Potosí,
Cochabamba y hoy en Pando, urge el debate sobre las causas estructurales de la
injusticia en el país.
Sin embargo, la presencia de abogados ya
sea como jueces, fiscales o en su calidad de profesionales, no está permitiendo
que se discutan aquellas causas. No se están tocando temas como la desigualdad
social, que pone en desigualdad de condiciones a los sujetos frente a un
sistema de administración de “justicia” que favorece al que tiene más dinero, propiciando
la corrupción, la mentira y falta de moral de quienes por un determinado precio
son capaces de defender al peor de los criminales.
Discutir los principios y lógicas del
sistema de administración de justicia, dejando de lado los principios
individualistas y egoístas de la revolución francesa y tomando como base
fundamental los de comunidad y justicia social, son temas que les cuesta
digerir a la mayor parte de abogados.
Muchos jóvenes entran a la carrera de
derecho (tal vez la más copada en el país) con anhelos
honestos, porque en su
vida han visto o han sufrido la injusticia. Pero en su Alma Mater los anhelos
terminarán convirtiéndose en malos hábitos reproducidos por los docentes, bajo
esquemas de enseñanza limitados por una visión estrecha que no cuestiona la
realidad social. Para ellos lo occidental es más avanzado y desarrollado, el
capitalismo es una realidad que no se discute sino que se regula, y la moral es
simplemente subjetividad individual.
Cuando el estudiante comienza a realizar
sus prácticas en los juzgados (lugares donde casi a todo se le pone precio),
aprende como funciona ese sistema, y si quiere hacer prácticas (las cuales se
realizan sin sueldo) para conocer el ejercicio profesional del abogado, se da
cuenta que hay juzgados en los cuales es difícil ingresar porque están
diferenciados según los ingresos que generan, los juzgados civiles son los más “cotizados”,
allí se cobra por cada trámite, mientras los juzgados penales, en especial de
ejecución, en son los lugares menos buscados tanto allí se realiza el
seguimiento al cumplimiento de condena y generalmente la gente con condena es
la que menos recursos tiene (lo que no significa que sean inocentes, sino que quienes
tenían dinero en muchos casos lograron condenas menores o evadieron la
administración de justicia comprando los favores de fiscales y jueces).
Luego de haber sido practicantes muchos
estudiantes esperan las convocatorias para ser oficiales de diligencia, que son
quienes se encargan de realizar las notificaciones de cada acto procesal; en
las convocatorias se mueven influencias para lograr ingresar a juzgados
civiles. ¿Por qué tanta pelea por entrar a esos juzgados? La respuesta es
simple, para lograr una notificación en material civil los oficiales de
diligencia cobran alrededor de 100 bolivianos, y en juzgados lo observan de
manera habitual y con cierta aceptación.
Se necesita un debate sobre las causas
estructurales de la ineficiente administración de justicia, y éste no va a ser
constructivo si se realiza solamente sobre los planteamientos de quienes en su
mayoría son parte del problema, se necesita del debate del pueblo, de conocer
los problemas que cada sector afronta al entrar a un juzgado, de las víctimas,
de los trabajadores, de los sectores populares, quienes son los más golpeados
por un sistema de administración descompuesto.
Abogado
e integrante de la Escuela Nacional de Formación Política.
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y Twitter: @escuelanfp
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