Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por:
Ernesto Sheriff
El hecho de otorgar bonos por parte del
Estado es una manifestación del fracaso del mismo en la provisión de educación,
salud, seguridad, defensa o cualquier servicio y, al mismo tiempo, es la manera
más simple de devolver al ciudadano aquello que entregó en calidad de
impuestos.
Los bonos son también una herramienta
redistributiva cuando son dados a segmentos sensibles de la población que
contribuyen al Estado con mucho menos de lo que reciben por concepto de estos
bonos; por tal razón, para maximizar el efecto distributivo, los gobiernos se
esfuerzan en aplicar bonos a grupos muy pequeños de la población. El
otorgamiento masivo de bonos es en sí mismo neutro ya que su efecto redistributivo
es proporcionalmente inverso al tamaño de la población beneficiada,
evidenciando una vez más el fracaso del Estado para atender las necesidades de
segmentos poblacionales más grandes.
En Bolivia, la experiencia con bonos es
amplia. El colapso fiscal de la primera mitad de la década de los 80 se debió
en gran medida a la existencia de una amplia variedad de bonos que el Estado
proporcionaba a un número tan grande de grupos poblacionales que prácticamente
era la población entera. Bonos de incentivos productivos, bonos de asistencia
al trabajo en las empresas públicas, bonos de producción en estas mismas
empresas, subsidios a productos estratégicos, etc. constituían una pesada carga
fiscal que el Estado finalmente no pudo soportar.
Posterior a la debacle macroeconómica de
1985, el bono más conocido fue el llamado Bonosol, establecido en 1996 con
fines electorales y orientado a la población adulta mayor de 65 años en función
de un diagnóstico que establecía que dicho segmento de la población tenía
importantes porcentajes que no irían a ser beneficiados con rentas de
jubilación, debido al colapso del sistema anterior. A pesar de que en Bolivia
la población en ese entonces era mayoritariamente joven, el hecho de otorgar
dicho bono a los adultos mayores implicó, primero, un esfuerzo logístico y,
segundo, un esfuerzo fiscal, ya que a pesar de que los fondos para ese bono
provenían de la utilidad de las empresas públicas recientemente privatizadas
(llámese capitalizadas), para hacer electoralmente atractivo el bono, se lo
estableció en un monto monetario que no podía ser soportado por dichas
utilidades, las cuales, además, fueron mermando en el tiempo.
Los gobiernos posteriores, precisamente
por razones electorales, solo modificaron los montos monetarios, el nombre del
bono y su forma de pago. Se intuye (porque no hay estudios que hayan evaluado
su resultado), que el efecto multiplicador de éste y los otros bonos que le
sucedieron fue altamente positivo, especialmente en el área rural. Tómese en
cuenta que el actual Bono Dignidad equivale al PIB per cápita de todo un año en
las zonas rurales.
En el mismo período, ante la pequeñez del
Estado se creó un bono que iría a ser pagado por el sector privado: el subsidio
a la lactancia, equivalente a un salario mínimo nacional, creando un precedente
de que aquello que no pueda pagar el Estado lo pague el sector privado, siendo
el segundo aguinaldo una especie de bono de esta clase.
La sucesión de nuevos bonos, creados
especialmente después de 2005, tuvo efectos positivos en relación a los grupos
beneficiados, pero al mismo tiempo, representan fuertes cargas para el Estado
que, en las condiciones actuales de crisis internacional, tiene una restricción
presupuestaria más apretada que en años anteriores.
Sea cual fuese el origen de fondos de los
bonos otorgados, para el beneficiario el valor psicológico de un boliviano
recibido es igual simplemente a un boliviano, el efecto multiplicador se
produce después, cuando el beneficiario gasta su bono en la compra de bienes y
servicios nacionales. En cambio, el efecto distributivo es inmediato ya que el
beneficiario por lo general recibe un boliviano proveniente de los demás
contribuyentes. Por ello, existe una resistencia en los gobiernos a otorgar
bonos ya que su efecto multiplicador es menor que el de un gasto público
adicional generalizado y, por tanto, representan un retorno fiscal negativo. En
las condiciones actuales, habiendo pasado hace mucho tiempo el impulso
redistributivo de la gestión económica, es socialmente cada vez menos deseable
la creación de un nuevo bono, puesto que, por un lado, las poblaciones
beneficiarias son menos visibles y, por otro, la carga fiscal está
prácticamente al límite debido a la multiplicidad de bonos y subsidios ya
existentes; agravando el peligro de transferir la creación de nuevos bonos al
financiamiento por parte del sector privado, el que a su vez ha sido
fuertemente golpeado por el aumento del subsidio a la lactancia y por el
segundo aguinaldo, lo que afectó de manera destructiva la rentabilidad de muchos
negocios en el largo plazo.
No existe un protocolo para la creación
de bonos; pero sí hay una pugna por parte de los grupos sensibles de la
población para ser beneficiados por bonos, dada la existencia de lo mismo para
otros segmentos poblacionales. En la medida en que el número de bonos aumente,
se incrementará el número de grupos solicitándolos, provocando inevitablemente
conflictos con los diferentes gobiernos. En última instancia, la creación de un
bono es discrecional, es decir, depende de la voluntad política de hacerlo,
inclusive para el cálculo del monto del bono y para su propia logística de
pago.
Para evitar la creación de bonos, el
gobierno debe hacer uso de su credibilidad y legitimidad para convencer,
primero, a la población de la no conveniencia de crear bonos y, segundo, para
ofrecer al grupo solicitante otras opciones que alivien su necesidad, que no
pase por crear una nueva carga al Estado. En la medida en que la población
tenga confianza en la actual gestión, podrá comprender los argumentos para la
no creación de un determinado bono. En las actuales condiciones del bono para
la población con discapacidad solicitado por sus dirigentes, la coyuntura
actual ha puesto al actual Gobierno en una situación difícil ya que su
credibilidad está en su punto más bajo, así como la confianza de la población
ha mermado en relación a años anteriores; la legitimidad por sí sola en este
caso no servirá para desmantelar el actual conflicto, y el Gobierno por lo
tanto, obligado por la presión, deberá sentarse en posición desventajosa a
negociar otras opciones.
y Twitter: @escuelanfp
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