Las casetas del populoso mercado Mutualista en Santa Cruz comenzaron a quemarse la noche de ayer domingo, justamente al día siguiente de que los gremialistas anunciaron que no acatarán el anunciado paro de 48 horas decidido por la Gobernación y el Comité Cívico cruceños, a la cabeza de otras instituciones totalmente controladas por la derecha, como la Universidad Gabriel René Moreno. Aunque se desconocen las causas que originaron este desastre, llamó enormemente la atención que los pocos hidrantes de la zona no tenían agua, por lo que el fuego que inició en algunos puestos pudo extenderse rápidamente. Vanos fueron los esfuerzos de los comerciantes, que trataron de recuperar la mercadería que tenían en sus kioscos, arriesgando sus vidas. Con la llegada de los bomberos y colaboración de los mismos comerciantes se combatió el siniestro; luego, cuando arribó al lugar Luis Fernando Camacho, fue recibido con mucha hostilidad porque varios comerciantes abiertamente lo acusaron de estar detrás...
Por: Claudia Peña Claros*
El domingo 20 de septiembre la población fue consultada
respecto de cinco propuestas de estatutos departamentales, tres cartas
orgánicas municipales y dos estatutos indígena originario campesinos. Todas las
propuestas departamentales perdieron. El rechazo más contundente se registró en
Oruro, donde más del 74% de los electores le dijo No al texto trabajado, como
en todos los otros casos, por la respectiva Asamblea Legislativa Departamental.
De las tres cartas orgánicas municipales puestas en consulta, solo las de
Cocapata y Tacopaya (en Cochabamba) fueron aprobadas. Huanuni (Oruro) votó
mayoritariamente por el No.
Luego, lejos de nuestra mirada y de la cobertura mediática,
dos autonomías indígena originario campesinas confrontaron las propuestas,
fruto de un largo proceso participativo, al voto de las ciudadanas y
ciudadanos. En Totora Marka (Oruro), poco más del 70% rechazó el Estatuto
indígena; mientras que en Charagua, la provincia más grande de Bolivia, más del
53% de los y las votantes abrazaron el Estatuto para conformar de una vez
la primera autonomía indígena originario campesina de este nuestro Estado
Plurinacional.
¿Cuáles son las consecuencias para aquellos gobiernos
departamentales donde los estatutos no fueron aceptados por la población?
Básicamente, ninguna. La gestión departamental, el ejercicio de sus
competencias, el acceso a los recursos, el desempeño de sus autoridades, no
depende de la existencia de un Estatuto vigente.
Recordemos por ejemplo que cada Estatuto departamental debía
definir la composición de las asambleas departamentales. Pero ya acudimos a
elegir asambleístas departamentales en marzo de este año, sin estatutos
vigentes, y simplemente se repitió la composición definida para las anteriores
elecciones subnacionales.
Cada una de las asambleas departamentales deberá decidir el
inicio de un nuevo proceso estatuyente, o la complementación (corrección,
reescritura, revisión) del texto rechazado recientemente. Cada asamblea deberá
definir una metodología de trabajo (plazos, etapas, comisiones de trabajo,
momentos de participación y consulta a los sectores, vinculatoriedad o no de
esos espacios, mayor o menor apertura de todo el proceso).
Y también, por supuesto, el dinero. Cuánto presupuesto será
necesario destinar para este nuevo (más bien: renovado) proceso estatuyente.
Ese presupuesto deberá ser coordinado con el ejecutivo departamental. Y éste es
precisamente uno de los desafíos de nuestro proceso autonómico, entre muchos
otros: lograr una cultura política de coordinación y deliberación fructífera
entre los legisladores departamentales y los gobernadores.
Hasta hoy, se puede decir que en casi todos los casos la
coordinación entre Legislativo y Ejecutivo ha sido casi nula en lo que respecta
a la redacción de los estatutos departamentales. Difícil tarea de los
legisladores que, sin apoyo ni interés del Ejecutivo, son llamados a redactar
la principal norma de una autonomía de por sí compleja, aunque prometedora y
llena de potencialidades.
Esperemos que estas nuevas asambleas coordinen mejor con los
(casi todos) nuevos gobernadores. Entonces, si bien la redacción y puesta
en vigencia es una obligación constitucional para los gobiernos
departamentales, éstos continúan su vida institucional como hasta ahora, aun
careciendo de Estatuto.
Es diferente el caso de los gobiernos municipales: la carta
orgánica no es obligatoria. Así, el gobierno municipal de Huanuni puede decidir
no insistir con esa intención. De lo que no cabe duda es que los resultados van
a dar qué pensar a los más de 150 gobiernos municipales que en este momento
están tramitando la declaratoria de constitucionalidad de sus cartas orgánicas
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
No se trata solamente de dinero para el proceso de
redacción, sino también para el referéndum mismo; y aún más allá, existe un
alto costo político para aquellas autoridades cuya propuesta de carta orgánica
recibe el rechazo de la gente.
Tenemos entonces que, a pesar de los resultados negativos
del 20 de septiembre, los gobiernos municipales y departamentales involucrados
continúan con su vida institucional y persisten en el ejercicio de sus
competencias, como lo han venido haciendo desde que se invistieron las primeras
autoridades autonómicas en Bolivia, a mediados de 2010.
Otra es la historia de los gobiernos indígena originario
campesinos, donde no existe gobierno indígena mientras el Estatuto no esté
aprobado. La apertura estructural plasmada en la nueva Constitución, que
permite el autogobierno de las naciones indígenas, hasta ahora no había podido
materializarse, aunque en ello resida la esencia misma de la plurinacionalidad
del Estado boliviano.
Fíjese usted que hay 11 municipios donde las autoridades
originarias y las comunidades vienen trabajando desde 2009 para hacer realidad
esa posibilidad histórica de que las naciones indígenas puedan ejercer sus
formas propias de gobierno.
Ya son entonces casi seis años de trabajo. Y es un esfuerzo
diferente al realizado por asambleístas y concejales. Los asambleístas
indígenas cargan una enorme responsabilidad frente a sus comunidades, donde el
control social es real y constante, además de que no reciben ninguna
remuneración por su trabajo deliberativo.
En el caso de Totora Marka, la propuesta de Estatuto estuvo
pendiente de consideración en el Tribunal Constitucional durante casi dos años
(desde agosto de 2012 hasta febrero de 2014). Es más, después de esa larga
espera hubo otra: ya en marzo del año pasado (hace un año y medio), Totora
Marka había solicitado la realización del referéndum para poner en consulta su
Estatuto.
Así, no es extraño el cansancio de las comunidades respecto
al tema de la autonomía indígena. Peor aún si desde el mismo gobierno
municipal, los propios hermanos en función de gobierno desatan una campaña en
contra del Estatuto indígena, obedeciendo a un interés cortoplacista que niega
una reivindicación histórica y orgánica.
Dificultades parecidas sortearon las comunidades guaraní de
Charagua, a las que les llevó alrededor de 20 meses conseguir la declaratoria
de constitucionalidad a su Estatuto. Sin embargo, en el caso de Charagua fue
clave la elección de autoridades municipales en marzo. Fue necesario un arduo
trabajo de articulación política para lograr la elección de un gobierno
municipal favorable a la intención de autonomía indígena originario campesina,
que no pusiera zancadillas ni presupuestarias, ni políticas, ni mentirosas, a
la consulta democrática del pasado 20.
Gracias a ese esfuerzo del pueblo guaraní, en los meses que
siguen tendremos otro orgullo para compartir con el mundo: el primer gobierno
indígena que, siendo parte del Estado boliviano, no precisa máscaras ajenas
para ejercer el poder político. Y ojalá que la energía constituyente, así
renovada, nos ilumine a todos y todas en este camino para volver a ser nosotros
mismos.
*La autora fue Ministra de
Autonomías
y Twitter: @escuelanfp
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